Sin derechos reproductivos no hay sistema integral de cuidado: el reto en México ante la penalización del aborto en 10 estados

Los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, como el derecho al aborto o a ejercer una maternidad sin violencias, deben tener un papel central en el desarrollo de sistemas integrales de cuidado en todos los Estados de América, lo que adquiere mayor relevancia en un país como México, donde 10 entidades siguen penalizando oficialmente el aborto, mientras que en las demás persisten dificultades de acceso.

En el contexto mexicano, donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar, la penalización del aborto y falta de acceso a ese servicio esencial de salud impone maternidades forzadas y cargas de cuidado no elegidas, señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En México, la criminalización y obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro siguen siendo una realidad, y las instituciones de salud suelen ser las primeras en criminalizar. La propia Ciudad de México sigue liderando las entidades con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, con mil 337 entre enero de 2012 y diciembre de 2022, pese a haberlo despenalizado para las primeras 12 semanas de embarazo desde 2007.

Esas circunstancias perpetúan las desigualdades de género y limitan la autonomía de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con la organización, que sostiene que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una condición imprescindible para ejercer los cuidados de manera libre, elegida y acompañada.

“Sin este derecho garantizado, las decisiones sobre cuándo y en qué circunstancias asumir una maternidad se ven condicionadas por barreras estructurales, como la falta de un sistema integral de cuidados, redes y políticas efectivas de cuidado”, sostiene la agrupación.

De manera reciente, GIRE destacó que en el encuentro “Tejiendo derechos: aborto y cuidados”, que fue parte de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 2025, más de 80 activistas, colectivas y defensoras de derechos humanos coincidieron en que no es posible construir una sociedad del cuidado sin garantizar el derecho a decidir sobre la reproducción.

La organización Ipas Latinoamérica y El Caribe, y el Centro de Derechos Reproductivos resaltan, de la misma manera, este aspecto, sobre todo a la luz de lo establecido por la reciente opinión consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que eleva la categoría del derecho al cuidado.

Proteger el bienestar de las mujeres que asumen las cargas de cuidado en nuestras sociedades, enfatizan, lleva aparejada la necesidad de garantizarles también el acceso a servicios de salud reproductiva conforme a sus necesidades particulares, tanto de quienes quieren interrumpir un embarazo, como de aquellas que deciden maternar, para que lo hagan de manera libre e informada.

La opinión de la Corte Interamericana abona a la intersección entre derechos reproductivos y cuidados

En entrevista, Marisol Escudero, de la organización Ipas, explica que dentro del alcance de la opinión consultiva 31/2025 de la CorteIDH, donde se reconoce jurídicamente el derecho al cuidado como un derecho autónomo que se deriva de otros, este también implica que los Estados garanticen la salud de quienes cuidan y quienes son cuidados progresivamente a través de otros, lo que incluye el acceso a bienes, servicios e información de salud sexual y reproductiva.

“Eso es importante porque implica que los sistemas integrales de cuidado, primero, deben considerar políticas públicas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, quienes son quienes asumen la mayor carga de cuidados en nuestras sociedades, como una forma de proteger su salud, pero también que el ejercicio del derecho al cuidado implica que las mujeres y personas gestantes que deciden asumir los de sus hijos e hijas tengan una maternidad libre y deseada”, apunta.

Eso significa que deberían contar con los recursos para ejercer su derecho a decidir plenamente su maternidad desde el ejercicio de una autonomía reproductiva, es decir, que puedan decidir cuándo y cuántos hijos o hijas tener, en qué condiciones, y que cuenten con los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de aborto seguro a demanda de ellas.

Aunque en la región han existido avances importantes en esa materia, sobre todo en torno a las leyes que lo penalizan y la garantía de acceso a ese servicio de salud, por otro lado, alerta Ipas, se han experimentado retrocesos democráticos importantes caracterizados por el debilitamiento de las instituciones, la concentración de poder, la criminalización y fiscalización de la sociedad civil y la regresión en materia de derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos.

Ese fenómeno se ha evidenciado particularmente en Centroamérica, donde hay países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, que han dado mayores muestras de autoritarismo, cooptación de los poderes judiciales, represión a la sociedad civil y cierre de espacios democráticos en general, lo que afecta directamente el trabajo de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y derechos reproductivos.

“En este contexto, si bien ha habido avances en materia del derecho al aborto en particular, también hay casos de países de la región donde las leyes de aborto restringen, penalizando de manera absoluta, el acceso a este servicio de salud, y siguen criminalizando el derecho a decidir de quienes interrumpen un embarazo o solicitan servicios de emergencia obstétrica, y también a quienes les asisten, ya sea profesionales de la salud o acompañantes”, añade.

Como ejemplo, recuerda que hace unos días en República Dominicana se aprobó un nuevo Código Penal después de 12 años de discusión, donde se reafirmó la prohibición total del aborto y se redujeron las penas por violencia sexual, además de que se excluyeron protecciones a las personas de poblaciones LGBTI+.

Violencia obstétrica, maternidad y cuidado: un caso emblemático en la región

Eulogia Guzmán, una mujer del pueblo quechua en Perú, había tenido cinco hijos nacidos en casa, cuyos partos se desarrollaron en compañía de su familia, con asistencia de parteras y bajo supervisión médica. En 2003 llegó su sexto embarazo, y fue diagnosticada erróneamente como una paciente de alto riesgo obstétrico en el centro de salud más cercano a su comunidad.

Nunca le explicaron los supuestos factores que ocasionaban el riesgo. Llegado el día de dar a luz, la amenazaron con ponerle una multa si no se trasladaba al centro de salud, por lo que accedió a ir, solo para ser abandonada en el cuarto de partos en cuanto llegó.

La forzaron a parir de forma horizontal, aunque las cinco veces anteriores lo había hecho en cuclillas en posición vertical, hasta que el forcejeo y la violencia hicieron que su hijo Sergio naciera y se golpeara contra el piso.

Sergio fue diagnosticado con encefalopatía hipóxico-isquémica, lo que le ocasionó parálisis cerebral, ceguera, convulsiones, retraso psicomotor y mental, dificultades para respirar y asfixia, que en consecuencia le generaron una discapacidad múltiple. Ella tuvo que ejercer el cuidado de su hijo sola, porque no había ninguna medida estatal o comunitaria para apoyarla, y esa labor le generó cargas desproporcionadas incluso en relación con otras mujeres.

Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, señala que este es un caso emblemático en la región —que se llevó ante la CorteIDH contra el Estado de Perú— que evidencia de manera clara la intersección entre derechos reproductivos y cuidados. Al mismo tiempo, ilustra los grandes desafíos que existen en el entendimiento de todas las dimensiones del cuidado, para responder a estas de la mejor forma posible.

“Para garantizar el derecho al autocuidado, los Estados deben garantizar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva que promuevan el acceso a información precisa y oportuna, así como la obtención del consentimiento previo, libre e informado... El reconocimiento del derecho al cuidado, y su estrecha relación con la salud sexual y reproductiva, representa un paso decisivo hacia la garantía de la autonomía personal, el desarrollo de proyectos de vida y una existencia digna para todas las personas, sin distinción de género, origen o condición social”, sostiene el Centro.