Resarcir el daño por despojo a familia no está sujeto a negociación: abogado por caso arroyo Jabalines

Resarcir el daño por despojo patrimonial a la familia López Somoza no está sujeto a negociación en el proceso que se sigue contra el desvío del arroyo Jabalines, advirtió Guillermo Quintana Pucheta, abogado defensor.

Quintana Pucheta dijo que se interpuso la denuncia por el supuesto desvío del arroyo Jabalines y otros supuestos seis delitos en contra de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la directora de Obras Públicas Cristina Ovalle Acosta, el subdirector de Maquinaria, Julio Díaz Garay, el Jefe de maquinaria Pedro Salazar Ayala, y el subdirector de Obras Públicas Martín Gallardo, por haber participado directa o indirectamente en las obras de reencauzamiento o desazolve.

“El objetivo es resarcimiento patrimonial, que en este proceso se han cometido diversos delitos es otra cosa y eso va ha tener sus consecuencias. Pero eso, no está sujeto a una negociación se cometieron delitos y tendrán que sancionarse de acuerdo a lo que dictamine el Juez. En esto que se ha cometido en este transcurso de este proceso legal, eso ya no es competencia legal, eso ya no es competencia nuestra”, dijo.

En conferencia de prensa, Eduardo Murrieta, apoderado legal de la familia y el abogado Guillermo Quintana, aclararon que luego de enterarse en voz de la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios que la Conagua les requirió resarcir el cauce desviado del arroyo Jabalíes y que además hay una respuesta del municipio, es una muestra de que está aceptando sí se hicieron las obras por lo cual se derivó la demanda civil de parte de la familia López Somoza, a quien le afectaron una parte de su terreno.

“Lo dicho en la sesión de Cabildo ordinaria número 18 ante las manifestaciones que le hizo la regidora Maribel Chollet a la Presidenta Municipal, ella dice que fue una orden del Consejo Municipal de Protección y este es un documento en una versión estenográfica, en un acta que es una prueba plena de que Estrella Palacios mintió en el juicio de amparo y esto está penando entre 3 y 9 años de cárcel y con una inhabilitación de por vida. Por eso Estrella Palacios se ha mantenido en decir que ella no quiere decir una declaración pero esto ya obra en expediente”, expuso el abogado.

“Lo que dijo Estrella Palacio de que ella se va a hacer responsable, está confesando. Va a tener sus implicaciones legales porque forzosamente porque son siete procedimientos simultáneos que instauramos. Uno presentamos un juicio de amparo, una denuncia en la Fiscalía General del Estado por delito de despojo, una tercera ante la Fiscalía General de la República por afectación a vías nacionales, una queja administrativa ante la Comisión Nacional del Agua, otra más por negligencia ante el Instituto Estatal de Protección Civil en contra del titular de Protección Civil porque curiosamente nunca llegó cuando se estaban haciendo los trabajos. Y esta misma denuncia, se hizo ante el Instituto Nacional de Protección Civil”, agregó.

Además, expuso que en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los servidores públicos como no les importa descubrir a otras autoridades han comentado que la Conagua los va a ayudar.

“El director Técnico del Organismo Cuenca Pacífico Norte perteneciente a la Comisión a instancia de una queja que pusimos nosotros de forma directa, dice que le ordenó al municipio reencausamiento, Sí, pero se le pasó un detalle al director, de que solamente puede ordenarlo si hay un riesgo inminente, que todavía no lo hay, y en segundo término es que debe respetar el procedimiento si hay afectación a propiedad privada”.

En cuanto a la respuesta del municipio al requerimiento hecho por la Conagua, Quintana Pucheta, advirtió que va a tener implicaciones contundentes.

“Esto va a tener implicaciones si admite que sí lo desvió ante el juicio de amparo 457/2025, pero también en lo penal por despojo y abuso de la función pública en contra de Estrella Palacios, de la Director de Obras Públicas Cristina Ovalle Acosta y del subdirector de Maquinaria Julio Díaz Garay, del Jefe de maquinaria Pedro Salazar Ayala y del subdirector de obras públicas Martín Gallardo. Si ellos reconocen ante Conagua que hicieron la afectación, se suma un delito más como el del despojo”, destacó.