Alcaldesa de Mazatlán niega que el Ayuntamiento haya ordenado desvío del Arroyo Jabalines
MAZATLÁN._ Tras la denuncia presentada por la familia López Somoza en contra suya y de la directora de Obras Públicas, Cristina Elizabeth Ovalle, por presunto desvío ilegal del Arroyo Jabalines y falsedad de declaraciones, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que el Ayuntamiento no ordenó las acciones reclamadas y que el tema se encuentra bajo investigación judicial.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, los afectados sostienen que funcionarios municipales negaron ante un juez federal la existencia del desvío, pese a que en documentos oficiales reconocieron lo contrario.
Además, afirman que el cauce alterado ha dejado como consecuencia un estanque de agua de más de 100 metros de largo que representa un peligro para los vecinos.
Ante dicha denuncia, Palacios Domínguez señaló que el tema ya se encuentra bajo un proceso judicial en curso, lo que limita la posibilidad de sus declaraciones, aunque rechazó que el Ayuntamiento haya ordenado las acciones reclamadas por la familia.
“En relación con el caso del Arroyo Jabalines, reiteramos que se encuentra en un proceso de investigación judicial, por lo que cualquier comentario podría comprometer dicho procedimiento”, comentó.
La Alcaldesa destacó que durante los distintos procesos legales, varias determinaciones han resultado favorables para el Municipio, lo que, aseguró, evidencia que el Gobierno de Mazatlán ha actuado conforme a la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
“Lo que sí podemos afirmar con claridad es que en ningún momento el Ayuntamiento ordenó las acciones que reclaman los presuntos afectados”, reiteró.
“Cabe destacar que los distintos procesos legales en curso han avanzado y en varias de sus determinaciones los resolutivos han sido favorables para el Municipio. Esa es mi opinión”.
La denuncia de la familia López Somoza incluye copias certificadas de oficios municipales, declaraciones del personal de Obras Públicas y el título de propiedad del predio, con lo que buscan comprobar que se utilizó maquinaria del Ayuntamiento para desviar el cauce de manera irregular.
