Corte de EU desecha demanda del Gobierno mexicano contra dos armerías estadounidenses

En un fallo unánime, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda que interpuso en agosto de 2021 el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

”México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, indicó el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, seis de ellos conservadores y tres progresistas.

En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.

Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivalía a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas, porque las empresas que las fabricaban y comercializaban supuestamente sabían que algunos de sus productos eran objeto de tráfico ilegal.

“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, agregó.

Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda.

No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.

En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.

El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.

Además, la Corte Suprema subrayó que la estructura comercial del sector pasaba por intermediarios mayoristas, lo que dejaba en precario la acusación de que los fabricantes vendían a algunas tiendas de armas en concreto, mismas que facilitaban el acceso a los cárteles de la droga.