Vinculan a proceso a Síndica Procuradora de Ahome por abuso de autoridad
Vincularon a proceso a la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández Flores, por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.
El Juez Carlos Alberto Herrera determinó que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas para suponer que la funcionaria obstaculizó una investigación ministerial, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, en torno a un presunto contrato irregular por arrendamiento de 126 vehículos a 171 millones de pesos con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V.
La acusación contra Hernández Flores giró en torno a que esta no brindó información a la FGE sobre esta contratación, como una copia del contrato, actas del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, actas de entrega-recepción de los vehículos, padrón vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para justificar la renovación de vehículos, así como cuentas bancarias y origen de los recursos para pagar el acuerdo.
Los fiscales señalaron a Cecilia Hernández de no otorgar estos documentos hasta en cuatro ocasiones, a las que respondió que no tenía competencia y que las áreas que tenían esa información no quisieron brindarla.
La defensa de la Síndica Procuradora argumentó que la imputación tenía vicios, como que la FGE indicó que fue un delito instantáneo, cuando mencionaron que hubo más de una solicitud de información.
Además, la defensa acusó que la FGE no demostró una conducta dolosa o maliciosa por parte de la Síndica, al contrario, refirieron que ella advirtió a las áreas del Ayuntamiento que la Fiscalía pedía esos documentos como parte de una carpeta de investigación.
En ese sentido, sostuvieron que ella mostró disposición y voluntad de conseguir la información para colaborar con las autoridades.
Aunado a eso, dijeron, en las solicitudes de información que envió la Fiscalía a la Síndica Procuradora, le ordenaron a ella pedirle la información a las áreas administrativas del Ayuntamiento, no proporcionarla directamente.
Ante esto, la FGE respondió que Hernández Flores, al asumir un cargo como servidora pública, tiene la obligación de conocer sus funciones y facultades, entre las que están consiguir y brindar información.
El Juez consideró que la funcionaria obstaculizó la investigación al negar los documentos solicitados, y al mismo tiempo ordenó a la Fiscalía a investigar a los servidores públicos de las áreas administrativas que no colaboraron con la Síndica Procuradora.
El plazo para la investigación complementaria de la causa 962/2025 fue de tres meses hasta el 25 de septiembre.
Por motivos personales de la funcionaria, la única medida cautelar aplicada es de no salir del País sin autorización judicial.
