PRI Sinaloa acusa persecución política contra Alejandro Moreno y cierra filas a su favor
El Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa manifestó su respaldo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de ese partido, por la supuesta persecución política por parte del Gobierno federal desde hace seis años.
Durante una conferencia informativa, el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, denunció que las investigaciones en su contra carecen de sustento legal, ya que la Fiscalía Anticorrupción determinó que no había elementos para proceder penalmente.
“Nuestro presidente ha sido blanco de ataques durante años, la Fiscalía Anticorrupción ya determinó que no hay elementos para proceder penalmente en su contra y aun así se le sigue investigando por los mismos casos, incluso han intentado desaforarlo sin éxito”, afirmó.
Lugo señaló que las acusaciones contra el líder nacional del PRI continúan por razones políticas, y que su postura crítica frente al gobierno federal ha generado presiones desde distintas instituciones.
“Amedrentar a nuestro presidente es amedrentar a millones de priistas, desde Sinaloa le decimos con claridad: no está solo; nos sentimos orgullosos de tener una dirigencia nacional que no se dobla, que da la cara y que defiende al país con firmeza”, añadió.
También indicó que Alejandro Moreno ha llevado su caso a organismos nacionales e internacionales, entre ellos la FGR, el FBI y la DEA, para denunciar la supuesta persecución.
En julio de 2022, la Fiscalía de Campeche abrió una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.
La Gobernadora Layda Sansores difundió una serie de audios atribuidos al dirigente nacional del PRI, en los que presuntamente se escucha a Moreno hablar de pagos en efectivo por obras públicas, uso de medios de comunicación contra opositores y expresiones despectivas hacia periodistas.
En julio de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó una nueva solicitud de desafuero contra Moreno por presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su mandato como gobernador (2015‑2019), sumándose a la primera petición por enriquecimiento ilícito presentada en 2022.
Alejandro Moreno ha negado la autenticidad de los audios y ha sostenido que las investigaciones y filtraciones forman parte de una persecución política encabezada desde el gobierno federal.
