Pide CESP que reos de alta peligrosidad pasen de centros estatales a federales, ante inseguridad penitenciaria
CULIACÁN._ El Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó un exhorto a las autoridades federales para que las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios calificados como reos de alta peligrosidad sean trasladados a centros penitenciarios federales ante la inseguridad en los penales estatales.
“La seguridad penitenciaria es un pilar de la gobernabilidad democrática. El Estado no puede —ni debe— permitir que los penales estatales se sigan utilizando como centros de operación criminal, violencia e impunidad, como los hechos lo han constatado”, puede leerse en el comunicado dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador Rubén Rocha Moya.
El posicionamiento del CESP fue emitido después de un enfrentamiento registrado al interior de la Penitenciaría de Aguaruto, del que la autoridad todavía no ha emitido un informe.
“Lo ocurrido en Aguaruto confirma, una vez más, una crisis estructural que pone en riesgo no solo a los custodios y a los internos, sino también a sus familias y a la sociedad sinaloense en su conjunto”, se menciona en el desplegado.
“El Penal de Aguaruto ha sido escenario de reiteradas crisis de seguridad. Es indispensable actuar con decisión para evitar que situaciones como las del Penal de Topo Chico, en Nuevo León (2016), donde la violencia carcelaria provocó tragedias humanitarias y colapsos institucionales, se repitan en nuestro estado”.
En el comunicado se hace un llamado a la Presidenta, al Gobernador y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch a que inicien a la brevedad un proceso de evaluación y traslado de las personas internas de alta peligrosidad a centros federales que cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, control y supervisión.
“La seguridad pública no puede estar comprometida por la presencia de estructuras delictivas que han logrado penetrar algunos centros penitenciarios. Es momento de cerrar filas y avanzar hacia un sistema de readaptación social verdaderamente funcional, seguro, digno y ajeno a los intereses criminales”, se puntualiza.
