Desaira por segunda vez Vargas Landeros audiencia por abuso de autoridad
Gerardo Vargas Landeros volvió a ausentarse a una audiencia inicial por la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, por su presunto daño hacia el servicio público de la Fiscalía General del Estado.
Pese al citatorio para este 28 de mayo a las 11:00 horas, el Alcalde desaforado de Ahome no acudió y en cambio envió un documento para alegar que se encuentra convaleciente por una lesión de la espalda, provocada por una caída que sufrió en el baño de su casa, y de la cual se encuentra en recuperación desde el 4 de mayo pasado.
Aunado a eso, en su escrito Vargas Landeros argumentó que además de esa lesión tiene problemas por un problema intestinal, del cual se operó hace 14 años y fue reintervenido hace cuatro años
A pesar de este comprobante, el Juez Carlos Alberto Herrera advirtió que esto no justifica su inasistencia, ya que la lesión que refiere no impide su capacidad de entender y ser consciente de lo que tratará la audiencia.
El Juez planteó a la Fiscalía de Sinaloa la posibilidad de emitir un citatorio, orden de comparecencia o de aprehensión contra el ex Alcalde por considerar que, lejos de tener problemas de salud, ejerce tácticas para dilatar el proceso penal.
La Fiscalía General del Estado únicamente solicitó una nueva fecha para presentar la acusación contra el ex Alcalde de Ahome.
El nuevo citatorio es para el 12 de junio a las 11:00 horas, bajo el cuadernillo 603/2025, en lo que supondrá el tercer intento de audiencia para formular la imputación contra Gerardo Vargas.
La acusación surge por una denuncia de parte de la FGE contra el ex Presidente Municipal, ya que este se habría negado a proporcionar información a la autoridad ministerial sobre un contrato de arrendamiento de 126 vehículos por 171 millones de pesos, para la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, firmado en diciembre del 2021.
Dicho contrato fue investigado por la Auditoría Superior del Estado, ya que halló que el acuerdo se alcanzó mediante una adjudicación directa, a pesar de que el monto del arrendamiento ameritaba una licitación pública.
Tras esa investigación, la ASE denunció a Vargas Landeros y la Fiscalía pidió su desafuero al Congreso del Estado, mismo que lo separó de su investidura como Alcalde el 2 de mayo del 2025.
