Denuncian violaciones de derechos humanos por el Plan México en el norte de Sinaloa

Defensores del territorio denunciaron violaciones de derechos humanos en el norte de Sinaloa por megaproyectos del Plan México.

Topolobampo, en Ahome, fue incluido dentro del grupo de 13 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, del Plan México, impulsado por el Gobierno Federal.

Según el Gobierno de Sinaloa, este esquema representa una oportunidad para detonar el desarrollo económico en el norte del estado, pues atraería inversión productiva y generaría empleos.

Sin embargo, el gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, manifestó que al respaldar empresas productoras de amoníaco, metanol y gas en el puerto, están violando el artículo cuarto constitucional, que establece el derecho a la salud y un medio ambiente sano.

Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expuso que las fábricas pondrían en riesgo a poco más de 2 mil 500 personas, tan sólo en la comunidad a la pertenece, por dejar contaminantes químicos en la bahía, deforestación de manglares y pérdida de biodiversidad.

Sin embargo, también están en riesgo los habitantes de Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos.

“Mencionan un desarrollo, un progreso. Aquí no hay desarrollo, si hay desarrollo ¿para quién? Nosotros como pueblos originarios somos dueños de esos territorios, ancestralmente de esos espacios”.

“Esas empresas y hablo de la planta de amoníaco GPO, esa empresa es un golpe existencial para las comunidades y pueblos originarios, es el desplazamiento, es la muerte de una lengua”.

La bahía de Ohuira es un sitio Ramsar, es decir, clasificado por tener humedales representativos de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica.

Desde hace más de una década, familias de pescadores, prestadores de servicios y de los pueblos originarios han emprendido una lucha legal para evitar que la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente entre en funciones.

Han interpuesto amparos; sin embargo, estos han favorecido a la empresa, por lo que la discusión ya se encuentra en las instancias internacionales.

La empresa busca producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoníaco.

En noviembre del 2021 fue anunciada una consulta popular para conocer el sentir de las comunidades Mayo-Yoremes de la zona sobre el proyecto; hoy por hoy, integrantes del Frente Sinaloense, que comprende a diversos colectivos, expusieron que las consultas fueron hechas a destiempo y con la compra de conciencias.

“Se instaló y ya después quiso hacer la consulta, pero ya no concuerda, hubo una violación. Puedo hablar del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo sexto que te habla de que tenemos que ser consultados con previa, libre, bien informada, culturalmente adecuada, no existió nada”.

“Nada de libertad tuvimos porque ya había mucha compra de conciencias, culturalmente adecuada tampoco, porque hubo duplicidad de gobernadores tradicionales, porque hay unos que no concuerdan con los intereses de gobierno y empresas y otros que trabajan para gobierno y empresas”, consideró Montaño Valenzuela.

Además, compartió que él y otros líderes de las comunidades han sido amenazados, lo que lo obligó a solicitar medidas cautelares, por su seguridad.

“No soy nada más yo el amenazado, hay todavía otras tres compañeras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la quinta visitaduría nos implementó mecanismos de seguridad, el botón de pánico y unos chalecos antibalas”.

Un caso similar fue el que denunció América Nayeli Limón Ruiz, del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo de Sinaloa, quien dijo fue amenazada cuando era gobernadora tradicional de Juan José Ríos.

“Nosotros fuimos amenazados porque desistimos, porque no estuvimos de acuerdo que con aquella bajeza hayan comprado a las demás comunidades con una torta”, dijo.

En el encuentro, en Culiacán, Esther Yáñez Cabrera, del movimiento Sinaloa Despierta Aquí No, señaló que la instalación de proyectos como la planta de gas licuado Vista Pacífico, de origen estadounidense; la planta GPO, de capital sueco alemán; la planta de metanol Pacífico Mexinol, estadounidense; el Gasoducto Corredor Norte para transportar gas; y Productos Pesqueros de Topolobampo que es una construcción para almacenar amoniaco anhidro, ponen en riesgo a población, pues en caso de una explosión, habría un efecto dominó que acabaría con la vida de los pobladores y la biodiversidad de especies.

“Denunciamos la violación al derecho al agua y la salud, por el riesgo de contaminación de fuentes de agua potable y alertamos sobre el aumento previsto de enfermedades respiratorias, dérmicas, cáncer por emisiones y residuos peligrosos, malformaciones congénitas, partos prematuros, en consecuencia por contaminación química”, manifestó.

“Las empresas que se van a instalar es GPO que ya tiene casi un 60 por ciento de avance, aquí está Productos Pesqueros de Topolobampo, también quiere poner amoníaco pero no está autorizada todavía, está es una terminal Vista Pacífico de gas natural que va a quedar en la pura entrada de la bahía, acá está Mexinol, aparte va a venir el gasoducto, aparte que no será para producción nacional, si no de exportación”.

“Estas hablando de sustancias tóxicas, todas van a tener emisión, aunque digan que son verdes, aunque digan que van a ser cero emisión, aunque digan que son amigables con el ambiente, es imposible, son empresas petroquímicas”.

Además del riesgo a la salud, los quejosos expusieron que la instalación de estos proyectos acabaría con la actividad pesquera y turística de la región.

Armando Pinzón, quien es pescador y prestador de servicios turísticos en Topolobampo, consideró que el discurso del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya o de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son imprecisos, pues al menos la planta de amoníaco GPO fue presentada como una planta de fertilizantes.

“El día que se contamine, ¿Quién va a ir a comprar un camarón de Topolobampo, un pescado de Topolobampo? Los restauranteros van a tener problemas, toda la gente que vivimos de la pesca y el turismo”.

Los denunciantes entregaron un escrito con una serie de solicitudes al titular de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien les pidió que continúen la lucha por su territorio.

En el encuentro también participaron activistas ambientales de Culiacán y Mazatlán.