En México, la crisis de desapariciones se ha convertido en una herida abierta que atraviesa al país entero. Aunque existen plataformas oficiales como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las cifras sobre violencia y desapariciones suelen variar drásticamente según la fuente.
Los casos no denunciados y las deficiencias en los sistemas de captura de información agravan aún más el panorama, evidenciando las limitaciones institucionales para enfrentar un problema que crece día con día.
Aunque existen registros oficiales —como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas—, las cifras sobre violencia y desapariciones varían según la fuente consultada. La falta de denuncias formales.
El problema de transparencia en nuestro país se ha profundizado a partir de la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Las solicitudes a la plataforma de transparencia tardan meses en ser atendidas y la mayoría son respondidas con cartas que justifican pobremente la incapacidad de proporcionar documentos y datos; argumentan que no son la institución pertinente, o que no existen datos al respecto.
Sinaloa, uno de los estados más afectados por la violencia vinculada al crimen organizado, presenta una situación particularmente grave.
La entidad concentra un alto número de desapariciones, muchas de ellas asociadas a reclutamiento forzado, disputas territoriales y desplazamiento interno.
Los colectivos de búsqueda han tenido un papel central en documentar casos y localizar fosas clandestinas, ante la inacción o negligencia de las autoridades.
La situación nacional encuentra en Sinaloa un reflejo extremo: un territorio donde las cifras oficiales y los hallazgos ciudadanos no siempre coinciden, y donde la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una labor cotidiana, impulsada por la urgencia de verdad y justicia.
Ante las limitaciones e inconsistencias de los registros oficiales, el análisis hemerográfico se ha convertido en una herramienta clave para documentar y comprender el fenómeno de las desapariciones. Diversos grupos, colectivos y medios de comunicación han centrado sus esfuerzos en la recopilación sistemática de notas periodísticas que reportan casos de desaparición, permitiendo construir bases de datos alternas que complementan, reemplazan o retan la información gubernamental.
Este tipo de análisis no solo amplía el universo de casos registrados, sino que también ofrece contexto sobre posibles causas, patrones territoriales y respuestas institucionales, contribuyendo así a una comprensión más completa del problema.
El diario Noroeste, uno de los medios centrales en Sinaloa, ha registrado las desapariciones y privaciones de libertad en el estado a lo largo de un año, desde julio de 2024 a julio de 2025.
Este registro muestra un total de 1801 casos, quitando datos duplicados y tratando inconsistencias en la captura. Gracias a estos datos sabemos que la mayoría de las desapariciones en Sinaloa golpean a los jóvenes.
La edad más frecuente entre las víctimas ronda los 25 años y, en tres de cada cuatro casos, no superan los 40.
Con el paso de los años, los registros caen, mientras los más jóvenes aparecen de manera constante en las estadísticas, los adultos mayores cada vez menos.
La violencia se concentra en los hombres, podemos observar que representan el 86 por ciento de los casos.
Para ellos, la desaparición suele estar ligada a enfrentamientos armados, mientras que las mujeres, aunque en menor proporción, enfrentan riesgos vinculados a trata y explotación sexual.
Los datos también revelan que casi siete de cada diez personas siguen sin ser encontradas.
Entre quienes sí fueron localizadas, la mayoría apareció sin vida, lo que muestra la dureza del panorama: ser hallado con vida es menos probable que lo contrario.
El tiempo transcurrido entre desaparición y localización muestra una mediana de cuatro días en ambos grupos; sin embargo, las personas localizadas con vida presentan mayor variabilidad, con algunos casos resueltos tras periodos prolongados.
A nivel territorial, existen diferencias significativas entre municipios, probablemente relacionadas con la concentración de violencia en ciertas zonas y con la cobertura mediática desigual.
Culiacán y Mazatlán concentran la mayor parte de los reportes. No es casualidad: su peso económico y criminal los coloca en el centro de la disputa, pero también cuentan con más ojos que miran y documentan.
En contraste, otros municipios quedan relegados, invisibilizados por la falta de cobertura.
Un análisis estadístico sugiere que el sexo marca una diferencia decisiva: los hombres tienen menos posibilidades que las mujeres de ser localizados con vida.
La edad, en cambio, no ofrece conclusiones firmes.
A un año del inicio del registro hemerográfico de Noroeste, los datos trazan un retrato crudo: la violencia en Sinaloa tiene un rostro joven y, en su mayoría, masculino.
Cada nombre en estas tablas es una ausencia que pesa. Contarlas, registrarlas y visualizarlas es una forma de resistir al olvido.
Ahora bien, como se explica en la sección anterior, hay 1,801 casos de personas que desaparecieron con base en el reporte de Noroeste, sin embargo, según la base de datos de consulta del Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), fueron 1,713 las personas reportadas como desaparecidas en el mismo periodo, como se muestra en la Figura 1.
Por otro lado, a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tiene una base de datos pública, la consulta es un proceso torpe, puesto que no hay filtros temporales.
Este es un claro ejemplo, del problema de transparencia que enfrentamos y de cómo los intereses, la incapacidad técnica y la negligencia de las autoridades; y la falta de infraestructura y de rigor técnico de los medios, aunque pinta un panorama sobre la situación que enfrentamos, obstruye el acceso a la verdad y por lo tanto a la memoria y justicia.
El problema de negligencia, inconsistencia y transparencia de datos no solo es señalado en Sinaloa, en “Desaparecidos: el engaño estadístico de México”, publicado por CONNECTAS, investigadores denuncian la exclusión de casos de desaparición entre 2019 y junio de 2024 en el RNPDNO.
Adicionalmente, evidencían entre agosto de 2023 y junio de 2024 fueron eliminados 162 registros sin explicación, pese a que las personas seguían desaparecidas.
En Jalisco, por cada siete personas registradas oficialmente, una está ausente del sistema.
Afirman que, los seis estados con mayor subregistro acumulan 6,133 casos no registrados. Si esta cifra se considerara como una entidad federativa, estaría dentro de los 10 estados con mayores cifras de desaparición.
Aunque los datos se piensan como absolutos, no hay que perder de vista que son el resultado de decisiones humanas. Su recolección y construcción ocurren bajo condiciones específicas, con metodologías diversas.
Las bases son elaboradas por personas e instituciones con limitaciones técnicas e intereses particulares.
Situándonos en la realidad política del país, la opacidad, incompletitud y sesgo de los datos, son utilizados como una herramienta que obstaculiza el acceso a la verdad, memoria y justicia.
No perder de vista esto, transforma nuestra forma de entender, analizar y sacar conclusiones a partir de ellos.
