Cheque en blanco por la seguridad a cambio de dictaduras: ¿quién sigue?

Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, ha manipulado el sistema político para lograr una reforma que le permite la reelección indefinida. Él se queda, mientras la democracia se va. Una Diputada justificó este desmantelamiento democrático diciendo que se trata de “darle poder total al pueblo salvadoreño”. ¿Alguien imagina algo así en México? Supongo que no. Pero probablemente tampoco lo imaginaban en El Salvador hace no tanto. Me interesa desnudar la trampa detrás de lo ocurrido allá, y su enorme potencial de réplica en América Latina.

¿Quién no quiere que la inseguridad termine ya? Se trata, quizá, de la mayor promesa y del anhelo más profundo de muchas sociedades en esta región: la más violenta del mundo, por mucho. Pero la siguiente pregunta lo complica todo: ¿qué está dispuesta a entregar una sociedad a cambio de seguridad?

Para responder, hay que hablar de la trampa en la que estamos atrapados. La prolongada crisis de seguridad no puede entenderse sin la crónica debilidad institucional y la corrupción sistémica del Estado. La experiencia internacional muestra que hay países con instituciones regularmente profesionales y con capacidad para contener sus propios males, incluida la corrupción. Ahí se construye seguridad en democracia.

En México, como en buena parte de América Latina y el Caribe, ha ocurrido algo difícil de aceptar: hemos perdido -si es que alguna vez la tuvimos- la capacidad de creer en instituciones públicas legítimas y eficaces. Esto ha erosionado las expectativas sociales y, con ellas, la exigencia de rendición de cuentas. El poder político ha aprovechado ese vacío, utilizando las instituciones en beneficio propio y de las élites con las que se alía para acceder a las rentas del poder, ya sean legales, informales o criminales.

Cuando la sociedad deja de exigir rendición de cuentas, comienzan a firmarse cheques en blanco. La crisis de seguridad genera uno enorme: se toleran reformas y políticas que amplían el poder del Estado sin exigir que esos poderes se ejerzan bajo controles reales de legalidad y eficacia. Desde 1996 tenemos en México una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de la que poco o nada se discute en cuanto a resultados. Es solo un ejemplo.

El Estado mexicano ha acumulado poderes sin pausa desde los años 90 para resolver una crisis de seguridad que ahora incluye actividades criminales y violencias no sólo inéditas, sino en proporción creciente fuera de todo registro oficial. De Zedillo a Sheinbaum hay una línea de continuidad: ampliación de facultades sin fortalecimiento de controles. Eso se llama un mega cheque en blanco. Y nadie sabe hasta dónde llegará.

En El Salvador el salto fue cuántico: el Estado se despojó de un momento a otro de sus controles más básicos, como el respeto a la presunción de inocencia, con el respaldo de una amplia mayoría. Ese país ya es el laboratorio del experimento completo. ¿El resultado? Las élites en el poder, montadas sobre el voto y manipulando la Constitución, decidieron, simplemente, quedarse, propinando el golpe mortal a la democracia (por cierto, hablando de muertes, nadie -o casi- habla de la imposibilidad de escrutar allá el registro oficial de los delitos, señaladamente los homicidios, ejemplificándose así con gran potencia la ceguera que acompaña los cheques en blanco).

Ahí está la trampa: la promesa de seguridad en medio de un Estado debilitado y frecuentemente capturado por élites políticas, económicas y criminales (sin duda en muchas partes en México y cada vez más en otros países), provoca que las sociedades, en lugar de exigir límites, cedan más poder.

“Que sea lo que tenga que ser”, dicen cada vez más personas que no se sienten en riesgo de perder libertad alguna. Ese es el código genético de la estafa: más poder para la seguridad, a cualquier costo. El cheque incluye aceptar que no todas las personas estarán a salvo de la violencia, incluyendo la ejercida por el propio Estado. “Si a mí no me va a tocar ser víctima, dónde firmo”.

La trampa es aún más perversa de lo que parece, porque opera mediante la manipulación emocional que logra el populismo punitivo. La tinta con la que se firma el cheque en blanco es el miedo y la desesperanza de la mayoría, convertidas en activos de altísima rentabilidad política.

Visto bien, es la gestión política del miedo lo que mató la democracia en El Salvador.

¿Quién sigue?