Culiacán habló fuerte y claro. La marcha por la paz no fue una reunión simbólica ni un acto aislado: fue una demostración masiva de hartazgo, de exigencia y de unidad ciudadana. Miles de personas caminaron desde La Lomita hasta la Catedral para recordarle al Gobierno que la violencia ya rebasó todos los límites y que el silencio oficial ya no tiene cabida.
La magnitud y la diversidad de la movilización deja sin margen a las autoridades. Porque aquí no fueron sólo colectivos de búsqueda ni grupos religiosos: marcharon familias completas, jóvenes, trabajadores, deportistas, comerciantes, víctimas directas e indirectas de un sistema incapaz de garantizar lo mínimo, la seguridad. La presencia multitudinaria en las calles puso sobre la mesa una verdad incómoda: el reclamo ciudadano no puede seguir siendo ignorado ni minimizado.
Sabemos que el problema es grande, pero el Gobierno estatal y el federal se han escudado demasiado tiempo en justificaciones. Después de esta marcha ya no hay pretexto válido. La sociedad ya salió a decir lo que la autoridad calla, ya caminó unida para ocupar el espacio público que la violencia y la impunidad le arrebataron. Ahora toca que los gobernantes respondan con hechos, no con discursos, y asuman con sensibilidad y realismo esta crisis.
La ciudadanía cumplió con el primer paso de todo cambio social relevante: salió a la calle, se organizó, se expuso y puso un tema en la mesa: paz.
Ahora corresponde que quienes tienen la responsabilidad de frenar las balas, de acabar con la desaparición de personas y de devolverle la tranquilidad a Sinaloa, hagan lo que les toca.
No negamos que la voluntad federal está ahí, en el operativo militar enorme que vemos a diario en las calles, pero urge que a nivel estatal se articule un proyecto de seguridad y justicia del mismo tamaño que la emergencia que se vive desde hace un año. Hay pasos tímidos: unas centenas de policías y patrullas, pero esperamos ver una voluntad más grande y decidida en el próximo presupuesto.
Lo de ayer no fue un desfile en blanco: fue un grito colectivo que desarma cualquier justificación oficial. Y ese grito, alto y claro, seguirá resonando hasta que la paz deje de ser una exigencia y se convierta, por fin, en realidad.
convive con la zozobra
En la ciudad, estamos en una situación ambivalente. Por un lado, la vida institucional del Ayuntamiento de Culiacán sigue su curso: se organizan festivales como el del tamal en Quilá de este domingo, inauguran calles y anuncian obras públicas.
Estos actos buscan transmitir normalidad y continuar con la vida, sostener la idea de que la ciudad avanza y resiste a pesar de todo. Sin embargo, en un entorno donde la violencia se mantiene presente, esa normalidad parece distante de la realidad que viven muchos ciudadanos en la zona urbana de la capital.
Lo que resulta inquietante no es que se realicen eventos culturales o sociales, que también son necesarios para la vida comunitaria, sino el vacío de un discurso que acompañe a la gente en medio de la crisis.
El Alcalde responde sólo cuando es cuestionado, y sus palabras suelen quedarse en el terreno de lo protocolario, como los pésames tras cada tragedia. Es necesario un mensaje que inspire confianza y que reconozca con empatía lo que significa vivir bajo el peso de la violencia.
Quizá la ciudadanía no espera que se detenga todo lo demás hasta que la violencia cese, porque sería inviable. Lo que sí se espera es un puente entre lo institucional y lo humano, una narrativa que abrace la incertidumbre de los culiacanenses y les diga que no están solos, que hay un rumbo definido.
La ausencia de ese gesto hace que, aunque las obras se inauguren y los festivales se disfruten, se perciba un aire de desconexión con la cotidianidad marcada por el miedo.
En ese contraste radica lo “raro”, porque la fiesta convive con la zozobra, la gestión pública avanza con anuncios y fotos de las acciones y las obras, pero el dolor colectivo no encuentra eco en las palabras de sus autoridades. Y quizá ese silencio, más que la violencia misma, es lo que más cuesta, porque deja la sensación de que la comunidad enfrenta sola la incertidumbre de sus días, a un año de esta guerra.
Podría pensarse que con un contexto de violencia como el de Culiacán, lo que se vive en Mazatlán podría verse como menor, pero basta echar un vistazo a los últimos acontecimientos en el puerto para darse cuenta que no es así.
El sábado por la tarde, un adolescente de 16 años de edad viajaba en un camión urbano con su madre y recibió un balazo que lo mató horas después.
La explicación extraoficial inmediata de las corporaciones es que criminales fueron directo por él y lo bajaron del camión para dispararle. Sin embargo, poco después circularon versiones que indican que el jovencito fue otra víctima inocente más de esta guerra, y que recibió un balazo que dispararon desde afuera hombres armados que atacaron la unidad de transporte, no se sabe si la agresión al autobús fue de manera directa o circunstancial.
Lo que es un hecho es que las balas en Sinaloa siguen presentes por doquier y los ciudadanos que llegan a estar en el momento y el lugar equivocado es cada día más común.
Ojalá las autoridades puedan al menos dar una explicación real de los hechos, y que intentar criminalizar a la víctima no sea la salida de siempre.
Culiacán habló fuerte y claro. La marcha por la paz no fue una reunión simbólica ni un acto aislado: fue una demostración masiva de hartazgo, de exigencia y de unidad ciudadana. Miles de personas caminaron desde La Lomita hasta la Catedral para recordarle al Gobierno que la violencia ya rebasó todos los límites y que el silencio oficial ya no tiene cabida.
La magnitud y la diversidad de la movilización deja sin margen a las autoridades. Porque aquí no fueron sólo colectivos de búsqueda ni grupos religiosos: marcharon familias completas, jóvenes, trabajadores, deportistas, comerciantes, víctimas directas e indirectas de un sistema incapaz de garantizar lo mínimo, la seguridad. La presencia multitudinaria en las calles puso sobre la mesa una verdad incómoda: el reclamo ciudadano no puede seguir siendo ignorado ni minimizado.
Sabemos que el problema es grande, pero el Gobierno estatal y el federal se han escudado demasiado tiempo en justificaciones. Después de esta marcha ya no hay pretexto válido. La sociedad ya salió a decir lo que la autoridad calla, ya caminó unida para ocupar el espacio público que la violencia y la impunidad le arrebataron. Ahora toca que los gobernantes respondan con hechos, no con discursos, y asuman con sensibilidad y realismo esta crisis.
La ciudadanía cumplió con el primer paso de todo cambio social relevante: salió a la calle, se organizó, se expuso y puso un tema en la mesa: paz.
Ahora corresponde que quienes tienen la responsabilidad de frenar las balas, de acabar con la desaparición de personas y de devolverle la tranquilidad a Sinaloa, hagan lo que les toca.
No negamos que la voluntad federal está ahí, en el operativo militar enorme que vemos a diario en las calles, pero urge que a nivel estatal se articule un proyecto de seguridad y justicia del mismo tamaño que la emergencia que se vive desde hace un año. Hay pasos tímidos: unas centenas de policías y patrullas, pero esperamos ver una voluntad más grande y decidida en el próximo presupuesto.
Lo de ayer no fue un desfile en blanco: fue un grito colectivo que desarma cualquier justificación oficial. Y ese grito, alto y claro, seguirá resonando hasta que la paz deje de ser una exigencia y se convierta, por fin, en realidad.
convive con la zozobra
En la ciudad, estamos en una situación ambivalente. Por un lado, la vida institucional del Ayuntamiento de Culiacán sigue su curso: se organizan festivales como el del tamal en Quilá de este domingo, inauguran calles y anuncian obras públicas.
Estos actos buscan transmitir normalidad y continuar con la vida, sostener la idea de que la ciudad avanza y resiste a pesar de todo. Sin embargo, en un entorno donde la violencia se mantiene presente, esa normalidad parece distante de la realidad que viven muchos ciudadanos en la zona urbana de la capital.
Lo que resulta inquietante no es que se realicen eventos culturales o sociales, que también son necesarios para la vida comunitaria, sino el vacío de un discurso que acompañe a la gente en medio de la crisis.
El Alcalde responde sólo cuando es cuestionado, y sus palabras suelen quedarse en el terreno de lo protocolario, como los pésames tras cada tragedia. Es necesario un mensaje que inspire confianza y que reconozca con empatía lo que significa vivir bajo el peso de la violencia.
Quizá la ciudadanía no espera que se detenga todo lo demás hasta que la violencia cese, porque sería inviable. Lo que sí se espera es un puente entre lo institucional y lo humano, una narrativa que abrace la incertidumbre de los culiacanenses y les diga que no están solos, que hay un rumbo definido.
La ausencia de ese gesto hace que, aunque las obras se inauguren y los festivales se disfruten, se perciba un aire de desconexión con la cotidianidad marcada por el miedo.
En ese contraste radica lo “raro”, porque la fiesta convive con la zozobra, la gestión pública avanza con anuncios y fotos de las acciones y las obras, pero el dolor colectivo no encuentra eco en las palabras de sus autoridades. Y quizá ese silencio, más que la violencia misma, es lo que más cuesta, porque deja la sensación de que la comunidad enfrenta sola la incertidumbre de sus días, a un año de esta guerra.
Podría pensarse que con un contexto de violencia como el de Culiacán, lo que se vive en Mazatlán podría verse como menor, pero basta echar un vistazo a los últimos acontecimientos en el puerto para darse cuenta que no es así.
El sábado por la tarde, un adolescente de 16 años de edad viajaba en un camión urbano con su madre y recibió un balazo que lo mató horas después.
La explicación extraoficial inmediata de las corporaciones es que criminales fueron directo por él y lo bajaron del camión para dispararle. Sin embargo, poco después circularon versiones que indican que el jovencito fue otra víctima inocente más de esta guerra, y que recibió un balazo que dispararon desde afuera hombres armados que atacaron la unidad de transporte, no se sabe si la agresión al autobús fue de manera directa o circunstancial.
Lo que es un hecho es que las balas en Sinaloa siguen presentes por doquier y los ciudadanos que llegan a estar en el momento y el lugar equivocado es cada día más común.
Ojalá las autoridades puedan al menos dar una explicación real de los hechos, y que intentar criminalizar a la víctima no sea la salida de siempre.
