La semana pasada, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer el informe preliminar que la Misión de Observación Electoral (MOE) rinde respecto de las elecciones judiciales en nuestro País. Las reacciones de la Cancillería y la Presidencia fueron, creo yo, desproporcionadas. Veamos.
La OEA lleva años desplegando misiones cuyo común denominador es la seriedad de sus informes. Para ello integra equipos de especialistas con una gran solvencia técnica y la regla es que no haya nadie del país que se va a observar. Lo que ofrecen es compartir las mejores prácticas internacionales para resolver procesos o problemáticas particulares. Dichos informes han generado mejoras institucionales constantes en los órganos electorales de la región e incluso adecuaciones legislativas.
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral se inscribe en esa tradición de seriedad. Señala que el esquema de elección de jueces se aleja de estándares internacionales; no valora, solo describe. Destaca que la evaluación de aspirantes no contó con criterios estandarizados y no hubo mecanismos para garantizar la idoneidad de los candidatos; de nuevo, solo describe. Hay muchos candidatos triunfadores que se ha identificado que son delincuentes, pederastas, padrotes, narcos, deudores alimenticios y un largo etcétera; ello sólo confirma la ausencia de controles adecuados.
En cada apartado hace recomendaciones concretas para remediar la situación. El informe también alerta sobre la pérdida de independencia del Poder Judicial, que implica que todos los candidatos ganadores a la Suprema Corte de Justicia provengan de propuestas de la misma fuerza política. Describe.
Señala que la difusión y promoción de los llamados acordeones atenta contra el voto informado y puede constituir una práctica de coacción del voto. Se preocupa por la escasa participación de la población y el efecto que esto tenga en la legitimidad del nuevo poder electo.
Nada de lo que contiene el breve informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos es un descubrimiento para quienes le han dado seguimiento a la contienda judicial. Pero en lugar de admitir siquiera la posibilidad de que la reforma fue una mala idea repudiada en los hechos por 9 de cada 10 ciudadanos, el oficialismo se empeña en hacer ver como un éxito la cruzada, acusa a la OEA de extralimitarse y señala a la Oposición como culpable de la ausencia en las urnas. Curiosas cuentas. Si hoy la Oposición explica o representa al 90 por ciento de la población, el Gobierno está en un lío. No es el caso.
Ojalá alguien tuviera la sensatez de reconocer sus errores, de otra suerte el reclamo a la OEA hoy suena más como la incomodidad del 10 por ciento que sí acudió a votar, que como el sentir de un país. México está lejos de ser el país más democrático del mundo. Hubo votación sí, pero votar hace tiempo que no es sinónimo de democracia, si no se observan los preceptos mínimos de la integridad electoral.
Ojalá tomemos las mejores lecciones.