Un fallo que protege la infancia: cuando el Poder Judicial sí cumple

En Sinaloa, niñas y niños de una escuela primaria pública lograron, a través de un juicio de amparo, algo que en México no suele ocurrir con la prontitud y firmeza que la situación exige: que el Estado reaccione. Gracias a la acción legal promovida por la asociación civil Iniciativa Sinaloa, con el acompañamiento de organizaciones especializadas como Perteneces y Toma Tu Remo, una Jueza federal ordenó medidas inmediatas para proteger a las y los estudiantes de la primaria Recursos Hidráulicos, en la colonia El Vallado de Culiacán.

¿La razón? Condiciones indignas e inseguras de infraestructura que vulneran su derecho a aprender.

No se trata de una falla estructural menor. Las bardas están a punto de desplomarse, los techos presentan riesgo de caída, los baños son inadecuados, los lavamanos están en obra negra y el drenaje está colapsado. Es un plantel con casi 90 años de antigüedad, abandonado por las autoridades y sostenido, como tantos otros, por madres y padres de familia.

La Jueza Fernanda Goretti Ávila González concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo, mediante la cual ordenó a las autoridades intervenir de inmediato para garantizar condiciones mínimas de seguridad, salubridad e infraestructura en la escuela. Pero lo más poderoso no fue sólo la orden judicial, sino la forma en que se comunicó: una carta escrita en lenguaje sencillo, dirigida a las niñas y niños, en la que se les explica que tienen derecho a una escuela segura y que su bienestar es prioridad.

A partir de que se otorgó la suspensión provisional, las autoridades iniciaron un proceso de rehabilitación en algunos de los puntos señalados en la demanda, como por ejemplo la barda perimetral, que representaba un riesgo urgente.

Este acto no es sólo simbólico. Es pedagógico y profundamente transformador. Les recuerda que sus derechos existen, que su voz cuenta y que la justicia también puede hablarles directamente. Este caso muestra que el Poder Judicial sí puede actuar como contrapeso cuando lo hace con independencia, empatía y rigor técnico. En un país donde abundan las omisiones del Poder Ejecutivo y la opacidad presupuestal, contar con jueces, magistrados y ministros capaces de sostener el interés superior de la infancia es esencial para una democracia funcional.

La investigación jurídica especializada es una herramienta estratégica para exigir derechos. No basta con denunciar: hay que documentar, analizar y traducir evidencia en argumentos legales. En Mexicanos Primero Sinaloa, hemos visibilizado condiciones que transgreden el derecho a aprender, y creemos que sumar este enfoque fortalece la exigencia ciudadana y abre camino a la transformación educativa y social.

Una pieza clave de este proceso fue la investigación Inversión en infraestructura escolar: La tubería rota de los recursos públicos, elaborada por Iniciativa Sinaloa, con la colaboración de Mexicanos Primero Sinaloa. En ella se documentó que más de la mitad de las escuelas públicas en el estado presentan rezagos graves. Aunque se habían anunciado casi 2 mil millones de pesos para rehabilitación, los resultados no se vieron reflejados en el territorio. La escuela Recursos Hidráulicos fue considerada beneficiaria de Escuelas al CIEN, pero nunca recibió mejoras reales.

Este precedente adquiere aún más relevancia en el contexto de la reciente elección del 1 de junio, cuando en Sinaloa elegimos directamente a 44 personas que ocuparán cargos en el Poder Judicial. Aunque la reforma fue presentada como un avance democrático, ha generado dudas legítimas sobre capacidad de mantener la independencia judicial

En este nuevo escenario, la legitimidad no se definirá sólo por cómo llegaron al cargo, sino por cómo ejercen su función. Muchos ciudadanos confiamos en un Poder Judicial que se guíe por la Constitución, no por intereses políticos y donde la independencia, el humanismo y el rigor técnico serán la verdadera credencial de confianza.

El mensaje que hoy nace desde una pequeña escuela en Culiacán debe extenderse a todo el estado de Sinaloa: sí tienen derecho a aprender, y sí hay quienes lo defienden con la ley en la mano. Toca ahora al renovado Poder Judicial demostrar que esta forma de justicia no es la excepción, sino el nuevo estándar. Porque aprender importa. Y cuando el Estado lo olvida o lo ignora corresponde a la justicia recordarlo.