El pasado 1 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó las transformaciones legislativas de los últimos meses: 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas, de profundas y duraderas consecuencias para la justicia, la seguridad y los derechos en México.
En su intervención, la jefa del Ejecutivo federal colocó como ejes de su mensaje tres reformas emblemáticas: los cambios no han sido meramente normativos sino destinados a un profundo cambio de régimen, como lo hemos destacado previamente. En su conjunto, desde una perspectiva de derechos humanos hay que destacar su relevancia en materia de derechos sociales –vivienda, igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas, entre otras–, así como los grandes retrocesos en materia de derechos civiles y políticos.
Respecto de estos retrocesos, destacan las primeras dos reformas identificadas por la presidenta, la Judicial y la de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sobre la Reforma Judicial, hay que decirlo: la nueva era de la judicatura empieza con la independencia puesta en entredicho. La Relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite compartió las preocupaciones que envió al Estado mexicano sobre estándares debilitados, deficiencias en los nombramientos, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidaturas y el crimen organizado. Además de la clara politización.
Ahora, las decisiones que tome la nueva Corte en temas clave de derechos humanos, como los límites a la prisión preventiva oficiosa, mostrarán si tiene autonomía frente al Ejecutivo. Mientras tanto, las fiscalías –verdadera fuente central de impunidad– permanecen intactas.
En cuanto a las reformas aprobadas de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, se confirma la profundización de la militarización de la seguridad pública sin contrapesos civiles. La mención prioritaria de esta reforma en el informe presidencial ratifica que el poder militar marca la agenda pública en materia de seguridad, con graves implicaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, lo más preocupante en el discurso de la presidenta de la república tiene que ver con las grandes ausencias: los grandes agravios a las víctimas en el país, en particular los relacionados con la grave crisis de desapariciones.
Pese a que el informe se presentó dos días después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en su discurso sólo se hizo una mínima referencia a reformas normativas –que no han sido suficientes para abordar la crisis– y no así a la grave crisis de más de 130 mil personas desaparecidas y de los compromisos para revertirla.
Como lo refirieron expertos, la única vez que usó la palabra “desaparecer”, fue para referirse a “Reformas para desaparecer los organismos autónomos”. Por otro lado, no hay ninguna mención de mecanismos de identificación forense, tema que debería ser prioritario ante una crisis de 72 mil cuerpos sin identificar.
Tampoco se hizo ninguna referencia al tema de derechos humanos en general. En suma, como se ha expresado en diversas ocasiones desde la tribuna presidencial: lo que no se nombra, no existe. En este caso, lo que no se nombra no es una prioridad.
Sin duda, hay algunos aspectos de derechos sociales a destacar, principalmente -como lo hemos hecho previamente- la reducción de la pobreza, y las reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial, demandas históricas del movimiento feminista, y los Decretos Presidenciales que restituyen, reconocen y titulan cerca de 10 mil hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional para comunidades rarámuris, odamis y wixárikas, entre otras.
El balance es claro. Para una administración que busca distanciarse de gobiernos neoliberales y que se presenta como promotora de los derechos sociales, la soberanía, la libertad y la democracia, es desconcertante que se haya desdeñado los derechos humanos en su integralidad en este primer gran informe.
Un país que pone al centro a su población más vulnerable no puede ignorar la deuda histórica que se tienen con miles de víctimas, en particular con las personas que no han regresado a casa, con quienes padecen día a día la crisis de violencia en el país, con quienes han sido víctimas de la militarización y de un sistema de justicia desigual e indolente.
Para que haya un real avance hacia una sociedad democrática, los derechos humanos no pueden ser ya más los grandes ausentes.
