Por un diálogo Sheinbaum-Trump que rompa las barreras no arancelarias

La reciente conversación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó en una prórroga de 90 días antes de aplicar aranceles generales del 30 por ciento a México. Pero más allá de eso, abre una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la relación comercial bilateral.

Tras la llamada, Trump afirmó que México se comprometió a eliminar las denominadas “barreras no arancelarias”. Se trata de medidas regulatorias o administrativas que dificultan el acceso de productos extranjeros e inciden en el intercambio de bienes y servicios. Este compromiso -que sin duda pone una presión adicional a México- podría ser la base para definitivamente modernizar y armonizar regulaciones. Esto fortalecería la integración productiva de América del Norte.

Sólo como contexto, no sobra recordar que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En junio de 2025 se registraron transacciones entre ambos países que equivalen a más del 16 por ciento del comercio total estadounidense.

En marzo de 2025, el Departamento de Comercio de EE.UU. publicó un documento que señala áreas de la economía mexicana donde es posible optimizar el comercio y la inversión bilateral. Todas son barreras no arancelarias que han generado quejas de empresas estadounidenses por considerar que contravienen disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se pueden agrupar en cuatro bloques temáticos:

Medidas vinculadas a aduanas y facilitación del comercio. Washington señala que México aplica cambios regulatorios con poca anticipación y de forma inconsistente en distintas aduanas. Entre otros señalamientos está el haber efectuado acciones tales como aplicar restricciones en los puertos de entrada para importar ciertos bienes, limitar a los agentes aduanales no afiliados a operar en más de cuatro puertos, tardar en implementar el sistema de pagos periódicos para envíos exprés e imponer requisitos fiscales que dificultan el comercio electrónico de bajo valor.

Medidas de regulación sanitaria y agrícola. Estados Unidos denuncia retrasos crónicos en permisos y registros sanitarios otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), incluso para productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). También acusa ausencia de sustento científico o de consulta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el rechazo a las cuotas a la importación de glifosato y pesticidas y en las restricciones o vetos a productos de biotecnología agrícola, como el maíz y el algodón genéticamente modificados.

Observaciones sobre normas técnicas, propiedad intelectual y servicios. Aquí se incluyen reglas complicadas y estándares obsoletos en materia de telecomunicaciones, altos niveles de piratería y falsificación con una aplicación débil de los derechos de propiedad intelectual, además de excesiva burocracia en servicios financieros y de seguros.

Por último, el bloque más sensible: Políticas energéticas y control de recursos estratégicos. El documento señala que México aplica políticas que priorizan en los mercados a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También, que bloquea la inversión privada y el comercio de combustibles y electricidad. Al mismo tiempo, que se mantiene un control estatal absoluto sobre el litio, con la posibilidad de declarar otros minerales como estratégicos. Esto, desde su óptica, contribuye a desincentivar la inversión ya que no garantiza piso parejo para todos los competidores, privados y públicos.

Sobre el aspecto energético, es relevante destacar que el Gobierno federal mexicano anunció esta semana la inclusión de contratos mixtos en el Plan Estratégico 2025‑2030 de Pemex. Esta decisión refleja una señal de apertura, alineada con el contexto actual de la relación con Estados Unidos y las recientes conversaciones con el presidente Trump, orientadas a facilitar la participación privada en proyectos productivos mediante contratos o esquemas mixtos.

Sin embargo, desde la perspectiva estadounidense, las medidas que otorgan prioridad a la CFE y a Pemex sobre empresas privadas complican el ambiente. Desde julio de 2022 ambas paraestatales están exentas -incluso a nivel constitucional- del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica al considerarlas “no monopolios” (artículo 28). Esto ha sido motivo de consultas y preocupación en el marco del T-MEC.

Además, un conjunto de leyes asegura dicha prevalencia de las empresas públicas. La Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Petróleos Mexicanos y los Lineamientos para Contratos Mixtos, todos aprobados este año, otorgan a Pemex prioridad en todos los procesos exploratorios y extractivos. La participación privada sólo es posible mediante contratos mixtos, en los que Pemex debe mantener al menos el 40  por ciento de participación. Pemex no arriesga capital y el socio de Pemex cede a la estatal el derecho a comercializar toda la producción que derive del contrato. Además, al asignar nuevas áreas de exploración y producción, la empresa estatal tiene derecho preferente, pudiendo optar por un desarrollo mixto sin licitación previa.

Este esquema consolida una posición predominante similar a la que la ley del sector eléctrico otorga a la CFE, que está obligada a mantener al menos el 54 por ciento de la generación de electricidad que ingresa a la red nacional. Ambas disposiciones podrían ser objeto de cuestionamientos en el marco de una renegociación del T-MEC, el cual establece igualdad de condiciones para competir y prohíbe subsidios estatales que otorguen ventajas a ciertos participantes sobre otros.

La coyuntura hace relevante encontrar coincidencias y reducir fricciones rumbo a la posible renegociación del T-MEC en 2026. En especial para aprovechar el interés en reubicar cadenas de suministro más cerca de los consumidores norteamericanos.

Es cierto que la eliminación de algunas barreras no arancelarias podría implicar la revisión de políticas en las que México ha buscado preservar su soberanía. Algunas de ellas son incluso recientes reformas constitucionales.

Así, nuestro Gobierno podría verse orillado a reformar de nuevo la Constitución, o al menos adecuar la normatividad para acotar la prevalencia otorgada a Pemex y CFE. Otra opción es que, en el marco de la renegociación, plantee a EE. UU. y Canadá -según el artículo 34.3 (Enmiendas) del T-MEC-, una modificación respecto del sector energético alineada con las reformas recientes. Sin embargo, ello requeriría el acuerdo de las tres partes y un proceso formal bajo el riesgo de activar controversias, posibles sanciones y perder las inversiones extranjeras directas, que tanto necesita el país.

Hay que recordar que si bien el Capítulo 8 del T‑MEC reconoce el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos por parte del Estado mexicano, esto en el amplio marco del Tratado, no autoriza medidas discriminatorias que pongan en desventaja competitiva a las empresas de los socios comerciales. Exceder esas reservas podría considerarse una barrera no arancelaria, precisamente el tipo de medida que Trump condiciona eliminar, so pena de imponer a México aranceles generales, incluso más altos del 30 por ciento, antes del cierre de 2025.

Por otro lado, hay cuestiones de orden administrativo que implicarán poder trabajar en soluciones de beneficio mutuo, como la digitalización de trámites, ventanillas únicas para cumplimiento regulatorio o aduaneros; y esquemas de cooperación en materia de seguridad y migración.

México y Estados Unidos comparten un interés común: que América del Norte siga siendo una región competitiva, segura, atractiva para la inversión y generadora de empleos de calidad. Recordemos que el producto interno bruto (PIB) de Norteamérica abarca casi un tercio de la producción mundial. De aquí que, acordar mejoras en las áreas señaladas y cumplir los compromisos permitiría reconstruir la confianza mutua. El reto, y también la oportunidad, es que este proceso se conduzca desde la colaboración y una visión estratégica de largo plazo.

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La autora es Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno), coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.