Mexicanos de aquí y de allá: trabajo vital, derechos pendientes
Los migrantes mexicanos han sido -y siguen siendo- una pieza clave en el desarrollo económico de Estados Unidos. Sin embargo, ese aporte invaluable contrasta con la falta de reconocimiento pleno de sus derechos, tanto en el país al que llegan como en el que nacieron.
Recientemente, el Presidente Donald Trump reconoció -a través de su red Truth Social y en declaraciones públicas- que su política de deportaciones masivas ha provocado una creciente escasez de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, la hotelería y el comercio minorista.
Tan sólo en el sector agrícola y ganadero, los trabajadores migrantes representan una fuerza laboral de aproximadamente 1.25 millones de personas. Les siguen la construcción y la minería, con cerca de un millón; la manufactura, con más de 800 mil, y los sectores de restaurantes, hoteles y comercio, con alrededor de medio millón de empleados.
California encabeza la lista de estados con mayor presencia de trabajadores mexicanos, con cerca de 2.35 millones. Le siguen Texas, con aproximadamente 1.5 millones, e Illinois, con unos 370 mil.
La población de origen mexicano en Estados Unidos -incluyendo primera, segunda y tercera generación- se estima en unos 32 millones de personas.
Muchos cuentan con doble nacionalidad; otros aún viven sin documentos. Pero todos, sin excepción, mantienen fuertes lazos con sus comunidades de origen: envían remesas, apoyan festividades locales, y financian obras sociales y comunitarias.
Las nuevas generaciones, nacidas ya en Estados Unidos, se identifican como estadounidenses y mexicanas a la vez.
Aunque reconocen las raíces de sus padres, su identidad se forma en gran medida dentro de la sociedad estadounidense. Esta doble pertenencia -cultural, emocional y política- merece respeto, no sospecha.
Por ello, las políticas de deportación no solo afectan a quienes no tienen papeles: también alcanzan a ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, plenamente integrados, con plenos derechos y un profundo arraigo en ambas naciones.
Mientras tanto, en México el discurso migratorio suele centrarse casi exclusivamente en las remesas. Se valora el aporte económico, pero se ignora con frecuencia la dimensión política y social del migrante.
En muchas comunidades son precisamente ellos quienes sostienen las festividades patronales, impulsan obras públicas e inciden en decisiones políticas.
Y, sin embargo, siguen enfrentando restricciones para ejercer derechos como el voto, tratándolos en los hechos como ciudadanos de segunda clase.
Nos enfrentamos así a una contradicción profunda: en Estados Unidos se reconoce su trabajo, pero se les niegan derechos. En México, se agradecen las remesas, pero no se les incluye plenamente como ciudadanos. Es momento de superar esta visión fragmentada y utilitaria.
Los migrantes no son sólo fuerza laboral ni ingreso económico. Son personas con historia, identidad, derechos y voz. Son, de verdad, ciudadanos de aquí y de allá. Y ya es hora de reconocerlo plenamente.
