Ley de Telecomunicaciones y las deudas del ‘parlamento abierto’
El parlamento abierto es un principio fundamental de las democracias contemporáneas y una de las vías más efectivas que tenemos las personas para incidir en la vida política del país. A través de este principio es posible impedir que quienes detentan el poder tomen decisiones unilaterales que puedan afectar negativamente nuestros contextos y el ejercicio de nuestros derechos, marcando así la diferencia entre una democracia y un régimen autoritario.
Sin embargo, este no se da en un vacío. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que el parlamento abierto se pueda llevar a cabo de manera libre, informada, equitativa y culturalmente apropiada, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos que México ha ratificado.
En México, se ha vuelto cada vez más evidente una práctica profundamente preocupante: la aprobación de leyes regresivas, carentes de diagnóstico y contexto, sin garantizar espacios reales de participación para las comunidades afectadas. Esta situación se agrava en un entorno de debilitamiento institucional y ausencia de contrapesos efectivos. En lugar de fortalecer una democracia sustantiva, el país avanza hacia un modelo político más centralizado y cerrado al escrutinio público.
El ejemplo más reciente es el proceso legislativo detrás de la iniciativa de reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual se presentó al Senado el 23 de abril y fue aprobada en Comisiones en menos de 24 horas, sin procesos abiertos de deliberación y sin incorporar las voces de sectores clave como medios comunitarios, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, academia y personas expertas técnicas; dejando decisiones sumamente complejas y con impactos graves en la población en manos de unos pocos. Esta lógica de secretismo -aunque no nueva- se vuelve especialmente grave cuando afecta derechos humanos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de datos personales y la privacidad, entre otros.
El proceso legislativo ha abierto algunos procesos de diálogo dentro del Congreso como respuesta a la presión de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y academia por llevar a cabo ejercicios de parlamento abierto. Sin embargo, estos conllevan diversas deficiencias, entre las cuales destacan:
- El diálogo se encuentra sumamente cerrado a espacios de élite, privilegiando actores comerciales e internacionales por sobre la participación de medios independientes, indígenas y afromexicanos, situación que ha sido denunciada por organizaciones y medios en diversas partes del país.
- No existe claridad sobre cómo se sistematiza la información recabada en estos espacios de consulta ni de qué manera se incorpora para generar cambios sustantivos en los proyectos de ley. Esto abre la puerta a la especulación y a la percepción de que se trata de ejercicios meramente simulados, diseñados para legitimar borradores previamente definidos, sin modificaciones sustanciales.
Frente a esta percepción de simulación se suman las declaraciones de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, que presentó algunos cambios a la iniciativa antes de que finalicen los espacios de diálogo en el Congreso. Lo cual pone en duda la utilidad y la pertinencia de estos espacios. En otras palabras, no se trata solo de publicar documentos o transmitir sesiones en vivo, sino de construir leyes de forma colaborativa con la sociedad civil, especialistas, comunidades afectadas y sectores interesados.
Además, ésta forma de legislar produce leyes ineficaces, desconectadas de las realidades sociales que pretenden regular. Cuando se excluye a los sujetos directamente involucrados -como medios indígenas, comunidades afromexicanas, defensoras de derechos humanos o expertos en telecomunicaciones- se corre el riesgo de aprobar normas inoperantes, injustas o incluso regresivas. En el caso específico de la Ley de Telecomunicaciones, diversos sectores alertaron sobre disposiciones que podrían criminalizar a medios comunitarios por requisitos técnicos desproporcionados, violar la privacidad de las personas usuarias al ampliar las facultades de vigilancia sin control judicial suficiente, o limitar el pluralismo al establecer controles centralizados sobre contenidos.
A pesar de ser el proceso de esta Ley el ejemplo perfecto de cómo se legisla desde la opacidad, la preocupación no se queda aquí, particularmente en un contexto de fiebre de regulación por parte tanto del Legislativo como del Ejecutivo. La gran oleada de iniciativas presentadas y por presentar con altos impactos a los derechos humanos de diversos sectores de la población, como son la de competencia económica, trámites burocráticos y ciberseguridad, plantea un problema más profundo, particularmente si se sostiene un régimen de legislación cerrado, regresivo y sin perspectiva intercultural y de derechos humanos.
Nuestros derechos son irrenunciables, y es importante que se lo recordemos a las personas en el poder. Mientras no existan mecanismos reales para asegurar la participación plena, informada, equitativa y efectiva, y mientras nuestras voces como sociedad no sean escuchadas y se encuentren reflejadas en la ley, seguiremos incomodando al gobierno las veces que sean necesarias.
La idea de parlamento abierto no es una tendencia de moda o una concesión: es un mandato derivado del derecho a la participación en los asuntos públicos y el derecho a la información, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Esto implica obligaciones para los Estados no solo la publicidad de las decisiones, sino también la participación activa de la sociedad civil en el diseño, discusión y modificación de las leyes. No basta con mecanismos o acciones consultivas, sino mecanismos con incidencia efectiva, donde actores no gubernamentales puedan poner a consideración de las y los legisladores propuestas para mejorar las leyes, tomando en cuenta a las personas afectadas en su aplicación.
Es urgente que el Congreso retome su compromiso con los principios de parlamento abierto, entendiendo que la transparencia no se limita a transmitir sesiones por internet o publicar dictámenes finales. Se requiere garantizar procesos participativos sustantivos que incluyan la publicación anticipada de iniciativas, la realización de consultas previas, libres e informadas con los sectores involucrados, la participación activa de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como espacios de diálogo técnico con personas expertas. Además, debe incorporarse la estimación del impacto de las leyes en los presupuestos públicos y la revisión de su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha sido una alerta temprana de los riesgos de legislar sin parlamento abierto. Si no revertimos esta tendencia, corremos el riesgo de consolidar un modelo político que margina a la ciudadanía, debilita las instituciones y compromete el futuro democrático de México. Es momento de encender las luces del Congreso: lo que se decida en sus pasillos afecta profundamente nuestras libertades, derechos y vidas.
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La autora es María José De Icaza, investigadora del programa de Derechos Digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.
