Las familias buscadoras en México han hecho todo lo que han podido para encontrar a sus seres queridos. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es, sin duda, una de las principales herramientas y uno de los más importantes logros de las familias buscadoras.
Dicha ley recientemente vivió la más importante reforma desde su promulgación en 2017, la cual ha estado marcada por una serie de cuestionamientos. Es importante recordar que la creación de la ley fue resultado del largo camino de organización, colaboración y trabajo que las familias recorrieron hasta lograr incidir legislativamente con el objetivo de buscar. Desde luego, una ley no resuelve el problema de la desaparición; sin embargo, enmarca las condiciones, los instrumentos y las instituciones con las que ellas cuentan. Por esta razón, la reforma a la Ley no es menor, pues muestra los contextos y retos que las familias han enfrentado desde hace varios años.
Durante la formulación de la Ley en 2016, familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para incorporar distintas voces y aprovechar la coyuntura del caso Ayotzinapa para presionar al gobierno y legislar en la materia. Naturalmente, en la Ley no se concretaron todos los intereses de las familias; no obstante, creó un amplio engranaje institucional federal y local orientado a buscar y encontrar a las personas desaparecidas. La implementación de la Ley recayó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien inició con un reconocimiento del problema y un apoyo amplio a la Comisión de Nacional de Búsqueda (CNB); sin embargo, la desaparición no se detuvo y se evidenciaron nuevos retos como la crisis forense que mantiene a más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país. Ante esto, en lugar de tratar de terminar de implementar la Ley, López Obrador decidió cerrarse, descalificar a las familias y dinamitar esfuerzos como el Mecanismos Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana y a la propia la Comisión Nacional de Búsqueda al dejarla en manos de Teresa Reyes Sahagún, una inexperta en la materia.
Claudia Sheinbaum inició su mandato de forma similar: negada a nombrar a las personas desaparecidas. No obstante, la realidad inocultable se mostró tras el hallazgo en marzo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Primero, se negó el testimonio de las familias y se dijo que era una estrategia de ataque a la presidenta; después, se montó un espectáculo en el lugar del hallazgo al permitir el acceso de algunos medios de comunicación y youtubers, quienes replicaron la versión del gobierno: no se trataba de un campo de exterminio; finalmente, se admitió que el rancho fue utilizado “sólo” como un campo de adiestramiento. A inicios de abril, además, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Días antes, el Senado había recibido la propuesta de reformas de Sheinbaum a la Ley General.
Este contexto forzó a apresurar una serie de foros a inicios de abril, donde la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recogería las demandas de las familias. De nuevo, la coyuntura obligó a las autoridades a escuchar y las familias aprovecharon la oportunidad después de que el gobierno de López Obrador cerrara el diálogo. No obstante, para algunas familias el proceso fue apresurado y parecía ser una simulación, ya que la reforma existía desde antes de escucharlas y su demanda de parlamento abierto fue ignorada. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de la Ley General, en esta ocasión, las propuestas se construyeron sin las familias -o, al menos, no con todas- y en los foros la incidencia de familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil se limitó a lo que la titular del Ejecutivo ya había propuesto.
De acuerdo con el dictamen de las Comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, del ejercicio de los foros surgió un documento con 570 propuestas que se tradujeron en 30 reformas, las cuales fueron aprobadas por el Senado el 27 de junio y por la Cámara de Diputados tres días después. Poco cambió respecto a la propuesta inicial de Sheinbaum previa a los foros. La principal estrategia de búsqueda es la Plataforma Única de identidad, es decir, el uso de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos para cruzarla con la información de fiscalías y comisiones de búsquedas a fin de permitir la identificación de personas desaparecidas. La crítica de las familias a esta reforma es puntual: la desaparición no es problema de bases de datos no conectadas y la nueva CURP incrementa los riesgos de un sistema de vigilancia masivo.
Además de la Plataforma Única de Identidad, las reformas a la Ley General también crearon la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Alerta Nacional de Búsqueda y Localización. Igualmente, incorporaron a la “familia social” y el “nombre social” para facilitar la búsqueda de personas de la diversidad sexual y de género, así como personas en situación de calle, y ampliaron los beneficios penales para quienes hayan participado en el delito de desaparición y colaboren en la búsqueda. También las reformas permiten establecer convenios entre las fiscalías y comisiones de búsqueda con particulares que resguarden datos biométricos, así como con el Instituto Nacional Electoral, para consultar y cotejar la información. Finalmente, tratan de fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses y garantizar el resguardo y trato digno de cuerpos y la sistematización de los registros forenses para permitir su interconexión.
Los retos que enfrentan las familias buscadoras actualmente son distintos a los que se enfrentaban en 2016 y 2017, cuando se formuló y aprobó la Ley General. En primer lugar, las desapariciones no han dejado de ocurrir, se han expandido. En segundo, la crisis forense se ha evidenciado e incrementado, así como los retos para la identificación por las condiciones de las inhumaciones y el uso del fuego o el ácido en los cuerpos. En tercer lugar, colectivos y organizaciones han explorado nuevas estrategias como la tramitación de amparos, el emprendimiento de acciones legales en contra de personas servidoras públicas que no cumplen con sus responsabilidades y el acudir a instancias internacionales ante la inacción del Estado mexicano. Finalmente, el desgaste que todos estos años de búsqueda representa para la salud física y emocional de las familias, así como el amedrentamiento criminal y gubernamental que viven en algunas zonas del país.
Las reformas a la Ley General poco hacen ante estos retos de las familias, muchos de ellos resultado de la incapacidad de implementarla. Además, ignoraron demandas como la búsqueda de los casos de larga data, la falta de seguridad de las familias y la inexistencia de investigación del delito de desaparición. Desde luego, se desechó la demanda cuasi unánime de cesar a la comisionada nacional, Reyes Sahagún; no obstante, ésta presentó su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda el 29 de julio. Esta necesaria renuncia abre una oportunidad para las familias, quienes ya se han pronunciado para exigir un proceso transparente de consulta pública a colectivos y personas expertas, a fin de garantizar un nombramiento de la persona titular de la CNB apegado a la Ley General. No obstante -debido al precedente que marca las reformas a la Ley General-, es incierto si el gobierno de Sheinbaum realmente las escuchará.
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El autor es Carlos Buburrón (@CBuburron), politólogo y administrador público e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
Nota: Este texto retoma algunos hallazgos de la tesis titulada Porque les amamos. El movimiento social de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México y sus repertorios de estrategias y tácticas, presentada por el autor y dirigida por María Fernanda Somuano. La tesis se encuentra disponible en el repositorio de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.
