La impunidad, un fracaso de los ministerios públicos
Todos los días el País se entera de la cantidad de homicidios, desapariciones y muertos no identificados, amén del cúmulo de delitos que mantienen en vilo a la sociedad, como las extorsiones, las balaceras, los heridos, así como robos, asaltos y otras atrocidades, y se pregunta: ¿cuándo se terminará esto?, o bien, ¿quién podrá controlar esto?, porque evidentemente estas autoridades no han podido con el paquete y la consecuencia es la casi total impunidad en todos estos delitos.
El Gobierno ha fracasado no sólo en la prevención del delito, sino también en la persecución del mismo y con mucha mayor razón en la prosecución del delito y ha quedado muy lejos del juicio y castigo a los delincuentes, pues según la Organización Internacional Human Rights Watch, de las 300 mil investigaciones por homicidio doloso que abrieron las fiscalías estatales de 2010 a 2022, sólo en 51 mil identificaron a alguien sospechoso y de cada 100 investigaciones abiertas de 2016 a 2021, sólo se emitieron siete sentencias condenatorias, según datos de Impunidad Cero.
El problema de la impunidad no está en los tribunales sino en las fiscalías, en los ministerios públicos; según la investigadora Valeria Campuzano, de México Evalúa, “de cada 100 denuncias que se realizan en las fiscalías, se abren 90 carpetas de investigación y de éstas, sólo cuatro se llevan a proceso en tribunales”. A mayor abundamiento, “2024 comenzó con más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes a nivel nacional”, pero en 2023 sólo se tenían 17 mil 795 fiscales o agentes del Ministerio Público, lo que significaría que cada agente debería atender 250 investigaciones, lo que es absolutamente imposible. Si a lo anterior se agrega la falta de conocimiento especializado, la falta de equipamiento y tecnología adecuados, el resultado ha sido, la impunidad; agréguese el problema de la corrupción, la indolencia y una normatividad contradictoria y excesiva, se tiene todo lo necesario para que los casos nunca lleguen a tribunales y los pocos que llegan van mal integrados.
Habría que agregar las desapariciones de personas y los miles de personas heridas, los miles de presos en las prisiones, las extorsiones y secuestros, más los eventos a los que prácticamente ya no hay tiempo ni autoridades suficientes para investigarlos, como robos de vehículos y asaltos.
Por todo lo anterior, la sociedad no confía en las autoridades y habría que agregar la falta de resolución de casos muy sensibles para la sociedad, como son las muertes y desapariciones de mujeres y niños, las muertes y secuestros de periodistas, policías y políticos, cuyos casos han quedado en el limbo, en las carpetas de investigación. Por todo lo anterior, México se ubica entre los 15 países con mayor impunidad y de una lista de 94 países, México ocupa el lugar 80.
Pero todavía hay más, en cuanto a los casos “muy sonados” en los que más bien no se ha querido investigar a fondo por las implicaciones políticas y de gobierno:
1. El del asesinato de lo 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, cuyas “investigaciones han concluido” pero se han tenido que anular y volver a empezar, porque, según los padres de los estudiantes no se ha querido reconocer que los verdaderos culpables son algunos altos mandos del Ejército, no los soldados que sólo cumplen órdenes. Este caso lleva años y no se le ve el final.
2. Otro caso espinoso, al cual ya se le dio carpetazo, es el del General Salvador Cienfuegos, arrestado por lavado de dinero y protección de delincuentes el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, ex Secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, lo que motivó que el Gobierno de México lograra su extradición con la promesa de que sería juzgado en México donde rápidamente fue juzgado y declarado inocente “a pesar de las más de 700 páginas de evidencias”.
3. Otro caso muy publicado es el del “extraño” asesinato de Héctor Melesio Cuén, que está siendo “investigado” por la Fiscalía General de la República; aunque se trata de un personaje de Sinaloa, se dio en el mismo momento del “secuestro” del líder máximo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue traicionado por Joaquín Guzmán López, entregándolo a las autoridades de Estados Unidos. Hasta la fecha se desconoce quién mató a Cuén, por qué fue asesinado y qué relación tenía con los dos delincuentes involucrados.
Esta es la realidad del pobre, casi nulo resultado de los ministerios públicos en México.
