Impunidad geoestratégica, gestionando los límites del desorden
En América Latina, los poderes policiales, penales y militares avanzan hacia el centro de la política pública. El eje simbólico y material de la superioridad estatal se desplaza hacia la persecución civil, penal y militar de la delincuencia, aunque lo hace calibrado según la oportunidad política. No es que policías, sistemas penales y ejércitos -en sentido estricto- construyan seguridad, justicia o paz; más bien, y quizá como nunca antes, se exhiben como instrumentos responsables y reguladores de la gestión del desorden.
El termómetro que confirma este diagnóstico es la impunidad. En México, el escándalo por sus niveles parece haber desaparecido. Más grave aún: ¿dónde están las fuerzas políticas cuya agenda central sea reducirla? No existen. La impunidad no es un efecto colateral, sino la arquitectura de un sistema político, económico y de mercado que utiliza de manera selectiva los poderes policiales, penales y militares para administrar clientelas y fijar los límites tolerables del desorden.
La política de drogas lo ilustra con claridad. Décadas de evidencia confirman que no ha respondido -nunca- a indicadores que demuestren la reducción de mercados ilegales, violencias organizadas o fortunas criminales asociadas a la prohibición. Nada de eso y, paradójicamente, eso no es lo relevante.
La reciente segunda expulsión de líderes de la delincuencia organizada de México a Estados Unidos no tiene que ver con expectativas razonables de reducir la macrocriminalidad -ese espacio donde convergen organizaciones delictivas, sectores empresariales y el propio Estado- ni implica el colapso de la impunidad masiva y sistémica. Su importancia radica en que confirma lo que podría llamarse impunidad geoestratégica: un arreglo político binacional, impuesto por el poder dominante al norte de nuestra frontera, donde la justicia queda subordinada a objetivos de dominación regional, envueltos en el discurso de la seguridad nacional.
En México, los líderes criminales continúan operando incluso desde prisión. En Estados Unidos, sus acusaciones se negocian, dejando para otro momento -o para nunca- el acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Para las víctimas, esta barbarie es indescriptible: centenas de miles padecen primero las atrocidades en el terreno, y luego la impunidad aquí y el perdón allá.
Las operaciones binacionales se presentan como actos de justicia contra personas responsables de delitos. En realidad, detrás hay dos motivaciones del país del norte: garantizar su hegemonía regional e influir en su opinión pública con fines electorales.
Esto no es un hallazgo nuevo: la academia y el análisis crítico llevan décadas documentando la manipulación política del poder punitivo del Estado. Pero la historia actual presenta una factura más alta. Los mercados criminales se sostienen en poderes armados que dominan crecientes territorios y se entrelazan con redes globales de complicidad, incluyendo sectores empresariales, bancarios y financieros. En México, la expansión de estos poderes criminales es inseparable de la contracción progresiva de la capacidad disuasiva del Estado. Ya no es la misma impunidad de antes: ahora es la impunidad de las atrocidades masificadas.
Estamos frente a un nuevo formato de gestión binacional de la impunidad, alineado a intereses geoestratégicos.
