La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una crisis financiera innegable. El Rector ha advertido que, si no se corrige, la institución corre el riesgo de desaparecer.
Asimismo, la situación financiera de la UAS no es un tema exclusivo de la comunidad académica. Es un asunto de interés público que involucra directamente a la sociedad sinaloense.
Con un presupuesto anual cercano a los 9 mil millones de pesos -que pagamos todos con nuestros impuestos, más de 160 mil estudiantes y más de 27 mil trabajadores (78 por ciento activos y 22 por ciento jubilados), la estabilidad de la institución impacta la economía, la política y la vida social del estado.
Cabe señalar que no se trata de un problema reciente ni exclusivo de las jubilaciones, sino de una situación que se ha acumulado durante años. Las administraciones en turno no han logrado resolverla, por el contrario, se ha incrementado, lo que genera escepticismo y cuestionamientos legítimos sobre la propuesta de una reingeniería financiera.
En primer lugar, es urgente reconstruir la credibilidad interna en la administración. Los trabajadores universitarios hemos enfrentado desde hace años retrasos en pagos de aguinaldos y ahora en las primas vacacionales, derechos laborales establecidos en el contrato colectivo de trabajo.
Sin olvidar el rezago en el pago del programa de becas al desempeño académico, un recurso etiquetado por la Secretaría de Educación Pública.
Estos hechos han generado incertidumbre y desgastes acumulativos en los trabajadores de la comunidad Rosalina.
La credibilidad no puede recuperarse con llamados generales a la unidad, sino con la explicación de los incumplimientos, su corrección y la rendición de cuentas de quienes administraron estos recursos.
Segundo, un aspecto que mina la confianza en la administración es el antecedente del fideicomiso creado en 2007, que fue creado precisamente para resolver el tema de la jubilación dinámica en la UAS, que se denominada “dinámica” porque aumenta un 3 por ciento cada año conforme al salario de los trabajadores.
Este fideicomiso fracasó por el incumplimiento de la administración en sus aportaciones, mientras los trabajadores sí cumplieron con las suyas. La pregunta ahora es: ¿qué condiciones aseguran que ahora sí podrá cumplirse una estrategia similar?
Debemos aclarar una confusión que ha permeado en la opinión pública, ningún jubilado universitario recibe doble pensión, si no que obtienen una pensión por el Seguro Social y una jubilación por la Universidad. Más aún, esta jubilación es una conquista laboral que también tienen otras dependencias del estado.
Tercero, antes de pensar en modificar la jubilación dinámica, o los días de aguinaldo, que son derechos laborales respaldados por la Ley Federal del Trabajo, o incluso aumentar colegiaturas a los estudiantes, debemos aprovechar el recurso humano especializado con que cuenta nuestra institución.
Los investigadores tenemos capacidad de generar más recursos para nuestra casa de estudios, como lo demuestran los altos indicadores de calidad que producimos, sostenidos a pesar de las dificultades. Sin embargo, el compromiso debe ser recíproco, mientras los investigadores seguiremos aportando resultados, la administración debe garantizar el pago puntual de becas al desempeño, primas vacacionales y aguinaldos.
Es muy posible que la UAS pueda enfrentar este desafío financiero si establece un marco de transparencia y equidad que permita sumar voluntades. Entre las medidas mínimas necesarias destacan:
1) Integrar un comité con académicos y especialistas independientes a la administración universitaria para investigar el déficit histórico, documentar responsabilidades y proponer mecanismos para evitar que se repitan errores.
2) Fortalecer la vinculación de los investigadores con empresas mediante consultorías, transferencia de tecnología, patentes y generación de recursos propios.
3) Garantizar que las medidas financieras no recaigan en el deterioro de derechos laborales ni en aumentos de colegiaturas, sino en ajustes responsables en la gestión de recursos.
La máxima casa de estudios de Sinaloa enfrenta un desafío financiero que no puede resolverse con estrategias de corto plazo, ni con un borrón y cuenta nueva. La solución requiere reconocer errores, garantizar transparencia y establecer mecanismos de corresponsabilidad.
Superar esta situación exige que la administración universitaria, la comunidad académica y la sociedad participen de manera conjunta. Sólo con transparencia, equidad y responsabilidad compartida podrá la universidad recuperar la confianza y cumplir con su misión como institución pública esencial para el futuro de Sinaloa.