Entre el ‘Tío Richi’ y Peña Nieto
Mientras el misógino millonario deudor Ricardo Salinas Pliego, a quien sectores de la ultraderecha mexicana desean verlo como candidato a la Presidencia de la República en 2030, está enfrascado en un ácido pleito legal, mediático y político con la Presidenta Sheimbaum, y al mismo tiempo pelea con tres reconocidas periodistas, dos de ellas identificadas con Morena, Sabina Berman y Vanesa Romero, y Denisse Dresser, la más severa crítica de Morena y a la vez inclaudicable feminista, se especula que, gracias a la información del diario israelita The Marker, el cual revela un supuesto soborno de 25 millones de dólares a cambio de conceder “lucrativos contratos” a los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher entre 2012 y 2018 para comercializar el software espía Pegasus, la Fiscalía General de la República (FGR) le abrió una carpeta de investigación al atlacomulquense Enrique Peña Nieto.
Si continúa la investigación y se encuentran elementos de culpabilidad, Peña Nieto podría ser el primer ex Presidente mexicano en ser juzgado por corrupción. Lo cual sería un hito en la historia mexicana.
La gran mayoría de los mexicanos damos por hecho que ningún Primer Mandatario ha estado exento de ensuciarse las manos con dinero público. Unos lo hicieron menos, otros más, pero el juicio popular ha recargado su dedo flamígero sobre la frente de tres destacados cleptócratas: Miguel Alemán Valdés, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. No obstante, ninguno fue llevado a juicio.
Ello fue así porque los priistas se protegían entre sí, al igual que los panistas, y como lo hizo López Obrador con altos funcionarios de su gobierno y como probablemente lo haga Claudia Sheinbaum con miembros del Gabinete presidencial anterior. Y es que muy rara vez un gobierno, al menos en México, va a enjuiciar a destacados miembros de su propio sello partidario. Si en cualquier lugar del mundo un político o un partido es uno antes de llegar al poder y otro cuando ya es poseedor de él, en México lo es más porque nuestra cultura política es poco autocrítica y muy patrimonialista.
Son abundantes los comentaristas y políticos que han sostenido la tesis de que López Obrador, a pesar de haber basado gran parte de su narrativa de campaña en la crítica a la corrupción del régimen priista y particularmente a la gestión de Peña Nieto, llegó a un acuerdo de que el mexiquense no obstruyera el triunfo electoral obradorista, e incluso, dicen unos, de que lo facilitara, a cambio de que el tabasqueño, una vez en Palacio Nacional, no lo llevara al cadalso.
Y sí, parece que hay mucho de verdad en esa tesis porque Andrés Manuel López Obrador una vez en el poder se olvidó del último heredero del otrora poderoso Grupo Atlacomulco.
No han faltado las interpretaciones periodísticas que sostienen la versión de que el caso Peña Nieto-Pegasus no es más que una cortina de humo fabricada por el gobierno de la doctora Sheinbaum para ocultar las reformas constitucionales, particularmente la que se hicieron al Poder Judicial y a la Ley de Telecomunicaciones, que encaminan a México al autoritarismo.
En una clase política y un gremio periodístico como los que predominan en México, las conjeturas conspirativistas son el pan de cada día y siempre se ve una mano negra detrás de cada hecho político y/o noticioso, lo cierto es que la información de que se ha abierto una carpeta judicial para investigar a un ex Presidente es, en realidad, excepcional.
No obstante, sí es creíble que, a final de cuentas, si Peña Nieto es llevado a juicio, influya la decisión de Claudia Sheinbaum de que tal paso proceda debido a un contexto político sumamente complejo para Palacio Nacional que, incluso, podría hacerse aún más intrincado este mes con las revelaciones que puedan hacer en Estados Unidos Ovidio Guzmán y “El Mayo” Zambada.
Es decir, en efecto, el tema Peña Nieto puede servir como un factor legal y político que fortalezca a la titular del Ejecutivo en una coyuntura sumamente difícil donde las críticas y los problemas de toda índole no cesan, máxime con Donald Trump habitando la Casa Blanca, de donde un día sí y otro también brotan decisiones que afectan a nuestro País, como ya lo ha sido con las barreras a la importación de ganado y como podría ser el arancel del 20.91 por ciento al tomate.
Los casos de Ricardo Salinas Pliego y Enrique Peña Nieto parecen tener los suficientes ingredientes para que los gane el Gobierno mexicano. El magnate regiomontano tiene todas las de perder ante el Poder Judicial, a menos de que en lo que resta de tiempo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que van de salida den un fallo favorable al “Tío Richi”, pero si no, ante los nuevos titulares lo más probable es que le ordene pagar a Hacienda 74 mil millones de pesos. Y, si hay suficientes pruebas y Claudia Sheinbaum tiene una necesidad política de hacerlo, Peña Nieto podría ser el primer ex Presidente mexicano en ser llevado a juicio por corrupción.
