En un abrir y cerrar de ojos, el Senador Adán Augusto López Hernández, como consecuencia de sus omisiones cuando ejerció como Gobernador de Tabasco y posteriormente como Secretario de Gobernación, y no lo dude usted, por disparos del llamado fuego amigo, está envuelto en un amenazante remolino marino que puede tragarse todo su futuro político, a pesar de la asidera que le representa la fuerte relación con el tótem de la 4T.
Por supuesto, públicamente sus compañeros del movimiento “morenista”, incluyendo a la propia Presidenta Claudia Sheinbaum le han externado su apoyo, pero difícilmente convencerán a la sociedad de que, en su calidad de Gobernador, Adán Augusto no sabía de los enredos de su Secretario de Seguridad Pública, incredulidad que crece en virtud de que, ya siendo Secretario de Gobernación, el indiciado Hernán Bermúdez se movía como Juan por su casa en territorio tabasqueño. Digo, tratar de vender el cuento de que un Gobernador o un Secretario de Gobernación no conoce los pasos de sus colaboradores o de gente que se mueve dentro de su círculo personal, les resultará muy difícil tanto a Adán Augusto como a sus correligionarios.
Y si Adán Augusto está metido en tremendo berenjenal, la garantía del derecho constitucional de la libertad de expresión se encamina hacia terrenos fangosos, empujada por morenistas y aliados que han encontrado en los tribunales federales y estatales el apoyo jurídico para acallar a sus críticos haciendo uso de la figura de violencia política en razón de género, a la cual han recurrido tres mujeres que ostentan una representación popular.
La primera de ellas es Layda Sansores, quien logró que los tribunales de su estado castigaran al periodista Jorge Luis González Valdez por criticar la gestión de la controvertida Gobernadora de Campeche. Las medidas cautelares impuestas al periodista rayan en la aberración, al grado de imponerle un censor de su trabajo profesional y hasta de su propia vida personal.
A lo anterior se le suman dos nuevos casos protagonizados por otras dos políticas que también ostentan una representación popular; una como Legisladora local y la otra como Alcaldesa, quienes, argumentando haber sido víctimas de violencia política en razón de género, han logrado que una ciudadana y un periodista hayan sido condenados a ofrecer disculpas públicas a las pseudovíctimas de sus opiniones en medios de comunicación.
El primer caso fue impulsado por la Legisladora local del estado de Sonora, Diana Karina Barreras, quien enarbola la bandera del PT. y la ciudadana Karla María Estrella. Esta última publicó en sus redes sociales que la Legisladora debía su trayectoria política a la influencia de su marido, el Diputado federal de factura morenista, Sergio Gutiérrez Luna, actual Presidente de la Cámara de Diputados, posición desde la cual mueve muchos hilos de poder.
El señalamiento de la ciudadana Karla María Estrella bastó para que la Legisladora Barreras consiguiera que el Tribunal Federal Electoral la considerara víctima de violencia política y condenara a la atrevida ciudadana a pedirle disculpas durante 30 días consecutivos y ser fichada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral.
Otro golpe a la vital garantía de la libertad de expresión fue logrado por la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien logró que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, sancionara al periodista Jesús Gabriel Castañeda bajo el cargo de ejercer violencia política en razón de género en contra de la edil morenista al publicar una presunta malversación de fondos de ésta.
El supuesto de violencia política en razón de género se está convirtiendo en un recurso que seguramente utilizará con mayor frecuencia el sector femenil de la política profesional para procurar acallar a las voces ciudadanas o de medios de comunicación que osen criticarlas por su actuación como servidoras públicas; así están las cosas con el movimiento de la 4T.
¡Buenos días!
