El notario y el consumidor: ¿quién protege al que compra su casa?
Cuando una persona firma un contrato para comprar una casa con crédito hipotecario, normalmente lo hace ante un notario.
En teoría, ese momento brinda certeza legal y transparencia. Pero, en la práctica, muchos consumidores firman documentos sin entender a fondo lo que están aceptando, y lo hacen en condiciones desiguales frente a bancos, inmobiliarias o intermediarios financieros.
¿Debe el notario limitarse a dar fe de lo que ocurre, o tiene también la responsabilidad de proteger al consumidor?
Esta pregunta cobra especial relevancia cuando hablamos de créditos hipotecarios, donde el consumidor asume compromisos financieros a largo plazo, muchas veces con cláusulas complicadas, intereses moratorios, penalizaciones y términos que no siempre se explican con claridad.
En esos casos, el consumidor no está negociando libremente. Está aceptando un contrato de adhesión, redactado por la otra parte, con poco (o nulo) margen de cambio.
La figura del notario ha sido históricamente entendida como neutral: ni parte, ni juez, simplemente fedatario. Sin embargo, esta visión resulta insuficiente en un entorno donde los consumidores están cada vez más expuestos a prácticas contractuales abusivas.
El notario no puede ser ajeno a este contexto. Tiene en sus manos no sólo el sello y la firma, sino también la posibilidad -y diríamos, la obligación ética- de advertir si hay condiciones injustas o desproporcionadas en el contrato que está formalizando.
Además, resulta indispensable recordar que el consumidor tiene derecho a elegir libremente al notario público que dará fe del acto. Este derecho, frecuentemente ignorado o manipulado por los proveedores, constituye una herramienta fundamental de autonomía y defensa. Impedir u obstaculizar esa elección debilita la posición del consumidor y pone en entredicho el equilibrio de la relación contractual.
Aceptar este nuevo enfoque no significa politizar la función notarial ni convertir al notario en juez. Significa reconocer que en actos tan relevantes como la compra de una vivienda, firmar no siempre implica comprender, y formalizar no siempre equivale a proteger.
Hoy más que nunca, necesitamos que los notarios asuman su papel como parte de un sistema de justicia preventiva.
La vivienda es un derecho, no sólo una propiedad, y quien acompaña ese proceso debe estar al servicio de la equidad y la legalidad.
Si queremos construir un país con consumidores informados y contratos más justos, no basta con tener leyes protectoras.
También necesitamos profesionistas del Derecho que actúen con sensibilidad social, sentido constitucional y compromiso con los principios de justicia.
El notariado no puede quedarse al margen de esa transformación.
Ante Notario
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El autor es notario público y analista en temas jurídicos y económicos.
