El derecho a aprender no se celebra, se garantiza
El 30 de abril y el 23 de mayo -días en que se conmemora a la niñez y al estudiantado en México- deberían ser más que fechas simbólicas para celebrar. Estas efemérides representan una oportunidad para reflexionar seriamente sobre el cumplimiento efectivo de uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la educación. Más allá de discursos, la pregunta de fondo es qué tanto se está garantizando que niñas, niños y jóvenes no solo estén en la escuela, sino que realmente aprendan en ella.
Estar en la escuela sigue siendo un reto, especialmente en los extremos del sistema educativo. De acuerdo con la SEP, en el ciclo escolar 2023-2024 la cobertura en toda la educación básica en Sinaloa fue del 92 por ciento. Sin embargo, al observar por nivel, se revelan disparidades importantes. En preescolar, solo el 75 por ciento de niñas y niños entre 3 y 5 años acceden a este derecho, lo que significa que uno de cada cuatro queda fuera en esta etapa clave para el desarrollo. En contraste, la cobertura en primaria y secundaria supera el 99 por ciento, mientras que en media superior baja al 87 por ciento, reflejando la creciente vulnerabilidad conforme avanza la trayectoria escolar.
En cuanto al abandono escolar, aunque en primaria es prácticamente inexistente, en secundaria se eleva al 2.6 por ciento, y en media superior alcanza el 11.1 por ciento, lo que equivale a uno de cada 10 estudiantes que interrumpen sus estudios. Esta realidad se agrava al analizar la tasa de terminación: mientras en primaria se sitúa en 98 por ciento, en secundaria desciende a 86 por ciento y en media superior a apenas 68 por ciento. Estas cifras evidencian, nuevamente, que el derecho a permanecer en la escuela se erosiona conforme se avanza en el sistema educativo.
A lo anterior, se le añade que la escolaridad promedio de la población del estado es 10.6 años de estudio. Y aunque Sinaloa se encuentra por encima de la media nacional en este indicador, esto apenas equivale a haber concluido el primer año de bachillerato.
Pero estar en la escuela no basta; también es necesario aprender. Los datos más recientes de la Evaluación Diagnóstica de la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), aplicada en dos momentos en el ciclo 2023-2024, muestran ligeros avances en los aprendizajes durante el año escolar. En primaria, el porcentaje de aciertos en matemáticas pasó de 47.5 a 53 por ciento, y en lectura de 50.3 a 54 por ciento. En secundaria, matemáticas subió de 47.6 a 51.9 por ciento y lectura de 49.1 a 53.2 por ciento. Aunque estos aumentos son positivos, lo preocupante es que las y los estudiantes aún no alcanzan ni siquiera el 60 por ciento de aciertos, lo que refleja que la crisis de aprendizaje persiste y probablemente se empeore con la situación de violencia que vive el estado y sus consecuentes interrupciones escolares.
A nivel nacional, los resultados del informe PISA 2022 no dejan lugar a dudas. México obtuvo 395 puntos en matemáticas y 415 en lectura, lejos del promedio de los países de la OCDE (472 y 476, respectivamente). El diagnóstico es claro: dos de cada tres estudiantes no pueden aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones de la vida diaria, y uno de cada dos tiene dificultades para comprender lo que lee. Esto evidencia no sólo una deuda estructural del sistema educativo, sino también una barrera para el ejercicio de otros derechos y oportunidades futuras.
Frente a este escenario, no basta con felicitar o reconocer a niñas, niños y jóvenes en sus días conmemorativos. Lo urgente es garantizar no sólo que permanezcan en la escuela, sino también aprendan. Garantizar su derecho a la educación implica reforzar las políticas públicas desde la primera infancia, prevenir el abandono escolar durante todo su trayecto formativo, y colocar el aprendizaje como eje central de toda estrategia educativa. Solo así será posible honrar, no con palabras sino con acciones, el compromiso hacia la construcción de un mejor futuro para ellos.
