El combustible de la impunidad: el huachicol que alimenta al crimen y debilita al Estado
En los últimos meses, diversas investigaciones periodísticas y operativos oficiales han revelado la existencia de redes organizadas dedicadas al robo y contrabando de hidrocarburos.
Se han decomisado miles de litros de combustible, descubierto refinerías clandestinas y asegurado embarcaciones y predios en estados como Tamaulipas y Baja California. Sin embargo, estas acciones abren más preguntas que respuestas:
¿Por qué no hay responsables detenidos? ¿Por qué, si estas operaciones estaban a la vista de autoridades municipales, estatales y federales desde hace tiempo, no se actuó con anterioridad?
La respuesta parece estar en la complicidad institucional. El crimen organizado ha extendido su presencia en el negocio del huachicol, y lo ha hecho con el silencio -y, en muchos casos, la participación activa- de actores dentro del propio Estado.
Así, lo que debería ser un delito combatido con todo el peso de la ley, se ha normalizado en distintos rincones del País.
El impacto económico es devastador. Se estima que entre 2019 y 2024 las pérdidas por el robo y contrabando de combustibles ascienden a 554 mil millones de pesos (El Financiero 23 de junio 2025).
Recursos que bien pudieron haberse destinado a fortalecer el sistema de salud, mejorar la calidad de la educación o fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Este crimen no sólo representa un daño patrimonial, sino que también desnuda el fracaso institucional para aplicar justicia. Se decomisan ductos ilegales y se aseguran instalaciones clandestinas, pero no hay responsables tras las rejas. La impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.
Además, hay un componente internacional que no debe pasarse por alto: buena parte del combustible robado proviene de Estados Unidos y posteriormente se revende a través de empresas legales que lo exportan a terceros países.
Esto revela una red transnacional del crimen que trasciende fronteras y que requiere atención urgente en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
La pregunta central sigue siendo la misma: ¿se va a usar el poder del Estado solo para administrar o también para impartir justicia?
El Gobierno federal ha concentrado atribuciones y recursos en nombre del combate a la corrupción y al crimen organizado. Es momento de traducir ese poder en acciones efectivas. Desmantelar una red ilegal sin tocar a sus operadores financieros, políticos y empresariales es una victoria a medias.
Combatir el huachicol no puede seguir siendo un acto mediático. Se necesita una estrategia de Estado, que no se detenga en los eslabones más bajos de la cadena, sino que alcance a los verdaderos responsables, caiga quien caiga.
Porque cada litro de combustible robado es una oportunidad perdida para el país: un aula sin libros, una clínica sin medicinas, una comunidad sin caminos. Y cada acto de omisión por parte del Estado es, en última instancia, una traición a la justicia.
