Dos modos de exigir paz en Sinaloa
IP en Culiacán; Taniyama en CDMX
Mientras en Culiacán algunos empresarios asistían al informe de los avances del plan para pacificar a Sinaloa, que les presentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al mismo tiempo en la Ciudad de México un grupo de activistas que se asumió como organizador de la profusa marcha que el 7 de septiembre exigió paz en la capital del estado intentó reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el restaurantero Miguel Taniyama, flanqueado por la Senadora panista Lilly Téllez, acusó de pactar con el crimen organizado.
En el caso de García Harfuch, ofreció mantener la fuerza pública federal en tareas de contención de la violencia derivada del prolongado choque interno en el Cártel de Sinaloa, a la vez que Taniyama acompañado por la presidenta estatal de Coparmex, Martha Reyes, y la líder el colectivo Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, soltó la andanada discursiva con exagerada carga política.
La importancia de esto está en contrastar las posiciones desde las cuales se libran las batallas para que Sinaloa retome las condiciones de legalidad y tranquilidad donde la gente de bien continúe tendiendo los rieles legítimos para que corra ágil el tren del desarrollo con estabilidad. Uno, al tomar la Avenida Álvaro Obregón la masa manifestante no otorgó cheques en blanco de representatividad; dos, el factor Lilly Téllez contamina la gestión ante el Gobierno federal para mejor seguridad pública, y tres: la Iniciativa Privada sinaloense está acuerpada en torno a la sociedad civil y no de partidos o ambiciones de poder público.
Entre los asistieron a la reunión con el titular de la SSyPC destacan los empresarios Luis Osuna Vidaurri, que dirige el Grupo Panamá y el Consejo Sinaloense de Empresarios; Juan Manuel Ley Bastidas, Director General de Casa Ley; Eduardo de la Vega Canelos, Vicepresidente de Zucarmex; Luis Armando Kuroda San, de Grupo Kuroda; Héctor Ley Pineda, presidente de Codesin región centro; Diego Ley, de Grupo Ley, Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán; Kenia Judith Castro, presidenta de la Cámara de la Industria de la Construcción Sinaloa centro, y María Guadalupe Zavala, que preside la Cámara de Comercio de Culiacán.
Los empresarios fueron los que hicieron el planteamiento de que sigan destacamentados en Sinaloa los elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Federal hasta que sean logrados los objetivos de pacificación que plantea la Federación. García Harfuch les tomó la palabra y garantizó que permanecerán en número y estrategia actuales.
En el otro frente que acudió a la Ciudad de México buscando ser recibido por Sheinbaum, a Taniyama lo embelesó el estilo de la Senadora Téllez pues reiteró el señalamiento de que el pacto del Gobierno “tenía que haber sido con los ciudadanos y no con el crimen organizado”. También retomó la acusación de la legisladora en el sentido del presumible “pacto de los políticos en Sinaloa y en México que vía Presidenta Sheinbaum, vía Andrés Manuel López Obrador y vía Rocha fue con los delincuentes. Vivimos en un narcoestado y me atrevo a decir más que un narcoestado; un estado gansteril donde la criminalidad permeó el combustible, la agricultura y por ende el narcotráfico y muchas otras actividades de bien de los mexicanos”, declaró el chef.
Quién sabe cuál fue el cálculo que hicieron los que se asumen como organizadores de la marcha ciudadana del 7 de septiembre en Culiacán y que se trasladaron al Senado y Palacio Nacional, pero no está a discusión el espíritu neutral de la épica acción cívica que ese domingo estructuraron los ciudadanos y que no merece ser convertida en mercancía puesta a disposición de actores y partidos políticos.
Y es inconcebible que a 72 horas de la mayor evidencia que registra la historia sobre el levantamiento popular con el “¡ya basta de violencia!”, unos cuantos usufructúen la representatividad que nadie les dio. Al acto de mesura que los obliga la masa que procedió a la protesta sensata, le corresponden con la contradicción de la altisonancia y la acusación soltada sin las pruebas adjuntas.
Debimos entender, todos, que la multitud que salió a mostrar el hartazgo por la violencia derivada del enfrentamiento doméstico en el Cártel de Sinaloa en ningún momento endosó el cheque en blanco a liderazgo alguno, sino que fundió la desesperación e indignación en un solo bloque que irá a recuperar la tranquilidad y Estado de derecho que perdimos hace un año.
Dejen de lado las ambiciones,
Que nada contribuyen a la paz,
Y que digan las buenas acciones,
Qué a Sinaloa conviene más.
Uno de los pilares esenciales de la seguridad pública sería contar con la Fiscalía General del Estado autónoma, con herramientas periciales y jurídicas capaces de abatir la impunidad y el financiamiento adecuado para contar con la estructura humana y técnica de investigación que permita llevar ante la justicia a los generadores de violencia. Un paso pequeño y a la vez trascendente en tal sentido es la puesta en marcha que hará hoy a las 9:30 la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, cuya concreción abre la etapa de vigilar que dé resultados. Es de justos reconocer el esfuerzo que hicieron el Congreso del Estado con el impulso de la Diputada María Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y la Fiscal General.
