En México, siete de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. Según las estadísticas de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde 1998 los homicidios con armas de fuego superan el 50 por ciento del total, llegando al 70 por ciento por primera vez en 2010 y repuntando para 2018. En el último año, 2024, se alcanzó un porcentaje inédito: el 73 por ciento según datos de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con el INEGI, el principal medio por el que se cometen los homicidios en el País son las armas de fuego, seguido de los objetos cortantes. Sin embargo, al representar ambos medios en una gráfica se puede observar una diferencia abismal entre la incidencia de uno y otro, lo que invita a especular qué tan diferente sería la tendencia de la violencia homicida en México si no existiera una amplia disponibilidad de armas de fuego.
En un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México publicado a principios de 2025, ya estimábamos una cifra de 3 millones 900 mil armas de fuego ilegales en poder de civiles entre 2005 y junio de 2024. Sin embargo, de acuerdo con otro ejercicio de estimación recuperado en el mismo estudio, se calcula que habría más de 13 millones de armas ilegales al menos hasta 2017 (1).
Gracias a los datos de rastreo de armas de fuego que ofrece la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se sabe que alrededor del 70 por ciento de las armas que son aseguradas en México provienen de los Estados Unidos, ya sea porque fueron fabricadas allí o importadas legalmente a ese país. Además, estudios han identificado que el método más común por el que se adquieren estas armas es la compra hormiga y que su ingreso a México ocurre principalmente a través de vehículos, como parte de redes de contrabando cada vez más sofisticadas que superan la figura de un simple comprador y vendedor.
Entre las principales acciones emprendidas por el Gobierno federal destacan los aseguramientos. De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno del ex Presidente López Obrador, la mayor cantidad de armas de fuego fue asegurada durante el sexenio de Felipe Calderón, seguido por los gobiernos de López Obrador y Enrique Peña Nieto.
No obstante, quedan dudas sobre la transparencia de las cifras. Mientras que el Sexto Informe reporta poco más de 109 mil armas de fuego aseguradas entre 2019 y junio de 2024, en el marco de la estrategia nacional contra el narcotráfico, el último informe quincenal de seguridad disponible en la página de Noticias-SSPC indica que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 19 de agosto de 2024 se aseguraron únicamente 53 mil 414 armas de fuego. ¿Por qué habría tanta diferencia entre las cifras, si ambas refieren a periodos de tiempo relativamente similares? ¿A qué se debe esta discrepancia entre registros oficiales?
En cuanto a las armas aseguradas durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, el informe quincenal de seguridad presentado en la mañanera del 8 de mayo, señala que del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo de 2025 se han asegurado más de 10 mil armas de fuego. Este ritmo de aseguramientos se ha mantenido constante en comparación con la administración de López Obrador, ya que el primer semestre de 2024, según lo reportado en el Sexto Informe, registró un total de 9 mil 511 armas aseguradas.
Otra de las acciones en las que el Gobierno federal ha puesto énfasis es la campaña de canje de armas, que ofrece un incentivo económico a cambio de la entrega voluntaria de un arma de fuego, de forma anónima y sin consecuencias legales. Aunque este programa suele recolectar armas cortas, antiguas o en desuso, distintas a las de alto poder aseguradas al crimen organizado, su impacto sigue siendo relevante. En algunos años incluso se han recuperado más armas por esta vía que en los operativos de las fuerzas federales. De acuerdo con datos abiertos, entre 2000 y 2022 se canjearon poco más de 229 mil armas de fuego.
Por otro lado, en abril de 2023, se creó una Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones. Esta es dependiente del Ejecutivo y está integrada por titulares de distintas dependencias. Sin embargo, a dos años de su creación no se han emitido comunicados oficiales y no se sabe qué tipo de acciones está llevando a cabo.
A pesar de los esfuerzos, enfrentar el problema del tráfico y disponibilidad de armas de fuego sigue siendo un reto mayúsculo. Se estima que cada año ingresan ilegalmente al país al menos 200 mil armas. Si bien la cooperación bilateral con Estados Unidos es clave, también hay mucho por hacer desde el contexto mexicano para fortalecer la estrategia nacional.
En la tesina* desde la cual se desprende este texto, propongo siete líneas de acción para avanzar en ese camino:
1.Crear una Agencia Nacional para el Registro y Control de Armas, Municiones y Explosivos, con participación de todas las dependencias relevantes. El objetivo es transitar de un control exclusivamente militar, ejercido por la Sedena, hacia un modelo mixto civil-militar, más transparente y con mayor rendición de cuentas.
2. Esta agencia debería gestionar un Registro Nacional público y actualizado, con información clara sobre registros, licencias, aseguramientos, importaciones, exportaciones, etc. Porque sin datos confiables, no hay manera de atender el problema.
3. Desarrollar una base de datos en tiempo real sobre violencia armada, en colaboración con sociedad civil y academia, quienes han hecho un trabajo fundamental para visibilizar esta crisis. Este esfuerzo conjunto permitiría comprender mejor la magnitud del problema y mantenerlo como prioridad en la agenda pública.
4. Fortalecer el estado de derecho. México obtuvo apenas una puntuación de 0.41 en el índice 2023-2024 del World Justice Project, donde 0 representa un estado de derecho débil y 1 un estado de derecho sólido. El gobierno debe asumir su responsabilidad de garantizar justicia y seguridad.
5. Enfocar programas de prevención específicamente en la violencia armada, entendiendo que las armas son herramientas donde convergen múltiples violencias. Estrategias como Alto al Fuego deben ser evaluadas de forma pública, con el objetivo de mejorar su impacto y replicarlas.
6. Revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de identificación balística (IBIS). Según estadísticas del INEGI, más del 90 % de los homicidios con armas de fuego se cometen con armas no identificadas. Este dato muestra una oportunidad clara de mejora en la trazabilidad.
7. Implementar el empadronamiento de la huella balística como requisito para la posesión y portación de armas, tanto para civiles como para elementos de dependencias públicas y privadas. Esto no supone criminalizar a quienes adquieren armas legalmente, sino subrayar la enorme responsabilidad que conlleva hacerlo. Además, podría facilitar el rastreo en caso de que un arma sea utilizada en la comisión de un delito y ayudar a reducir el número de armas extraviadas o robadas a corporaciones policiales.
Estas propuestas buscan incidir en la reducción de la violencia armada en México, así como posicionar el tema en la agenda pública y promover soluciones. Si no se toman medidas inmediatas, la violencia continuará aumentando cada año. Es sencillo decir que México carece de las capacidades necesarias para enfrentar el problema, pero el verdadero reto está en pensar cómo construir esas capacidades.
México ha dado pasos importantes, como las acciones legales contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en 2021 y contra cinco puntos de venta en 2022. Además, la presidenta ha puesto sobre la mesa el tema del tráfico de armas en su relación con el presidente Trump. Incluso la reciente reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) representa un balance positivo.
Sin embargo, el Gobierno federal debe seguir fortaleciendo sus acciones, sobre todo ante la postura incierta de Estados Unidos, pues aunque Trump y la Fiscal General, Pam Bondi, han prometido aplicar “mano dura” contra el flujo de armas hacia México, no parece que esas promesas vayan a traducirse en acciones que atiendan la raíz del problema.
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La autora es Dulce Alicia Torres Hernández, internacionalista y especialista en seguridad pública por la UNAM, e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
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Nota: Este artículo retoma los hallazgos de la tesina titulada “Estudio integral sobre la disponibilidad de armas de fuego en México: una propuesta de líneas de acción para su combate”, elaborada en el marco de la Especialización en Seguridad Pública de la UNAM y disponible en el repositorio TESIUNAM.
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1. La cifra de 3.9 millones de armas corresponde a una estimación basada en el ingreso mínimo de 200 mil armas ilegales por año a México. Al considerar el periodo de 2005 a junio de 2024 (19.5 años), se obtiene ese total. Este periodo fue elegido para comparar con las cifras de aseguramientos reportadas por el gobierno federal en el Sexto Informe de Gobierno de López Obrador. Por otro lado, la estimación de más de 13 millones de armas ilegales se basa en un dato de Small Arms Survey, que calcula que hasta 2017 había 16.8 millones de armas (legales e ilegales) en manos de civiles en México. A esa cifra se le restó el número de armas registradas legalmente ante la Sedena -obtenido vía solicitud de información- para aproximar el número de armas ilegales en circulación.
