Es innegable que la mayor parte de la contención y la respuesta en este año de guerra entre facciones en Sinalla ha sido federal: basta ver a militares de todo tipo y agentes federales en retenes y operativos.
Pero no queremos dejar de destacar que parece que por fin hemos empezado a dar pasos, pequeños sí, en el sentido correcto: empalmar la voluntad federal con la local en la coordinación y empezar a construir mejores corporaciones locales.
No será fácil: hay que meterle mucho dinero y sobre todo reconstruir la confianza para que esa relación sea sólida y efectiva en el combate a la delincuencia organizada que todos los días enseña sus capacidades de hacer daño.
Es cierto que Rocha Moya se tardó en dimensionar y reconocer el tamaño de la crisis que su gobierno enfrenta, pero miles de víctimas después y aún con la guerra muy vigente, por fin parece haber quedado atrás la actitud de minimización y ninguneo de la realidad.
Ojalá que este sea el primer paso fuerte para asumir en toda su gravedad y complejidad la ola de violencia y se establezca una estrategia de limpieza y reforzamiento de las instituciones locales de seguridad y justicia.
Si la coordinación entre el gobierno de Rocha y el de la Presidenta Sheinbaum se mantiene como la constante en el corto y mediano plazo, Sinaloa puede aspirar a comenzar a cambiar sus niveles crónicos de criminalidad en el largo plazo.
Pero no será fácil ni barato, por eso en el próximo presupuesto a presentarse en el Congreso de Sinaloa sabremos si la voluntad del Ejecutivo es real y va más allá del discurso.
Hace un año que Sinaloa se sumió en una escalada de violencia que nadie ha logrado frenar. Los tiroteos, enfrentamientos y atentados no han dado tregua, y la sociedad siente, con razón, cansancio y hartazgo.
La regidora de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, expresó con crudeza que la ausencia de los gobiernos municipal, estatal y federal ha sido evidente, y la percepción de derrota frente a la violencia se ha instalado en la ciudadanía.
Quien vive en Sinaloa lo sabe: la inseguridad ha afectado la vida cotidiana, los negocios, las escuelas y la tranquilidad de los barrios. La violencia no espera a los discursos ni a los análisis; ocurre en las calles, mientras los gobiernos parecen reaccionar más tarde que temprano, delegando responsabilidades y careciendo de una estrategia efectiva.
La crítica refleja la frustración frente a la falta de resultados. Sin embargo, señalar la ausencia de los gobiernos es solo un aspecto de la historia. La verdadera pregunta que permanece es cómo se construye una respuesta integral, que combine presencia, inteligencia, prevención y coordinación entre autoridades, sin que la sociedad siga pagando el precio de la violencia.
Este primer aniversario, señaló, debería ser un momento de reflexión, pero también de acción. No basta con palabras ni con señalar derrotas; la ciudadanía exige medidas claras, evaluaciones serias y resultados concretos.
Si de alguna manera la vida en las calles de Culiacán se ha mantenido o intenta mantenerse, es en parte a que, pese a tener todas las adversidades, todavía quedan algunos que hacen la lucha desde sus trincheras para construir algo de bien.
En estos 12 meses, han tomado mucha fuerza nombres de representantes de gremios, asociaciones y organismos de sociedad civil, que quizá su impacto en la situación actual no sea algo de tanto peso contra la crisis que vivimos, pero que se han vuelto valiosos para recordar que Sinaloa es más que este episodio lúgubre.
En esos nombres que ya les ha de sonar, están personas como el del ingeniero Javier Llausás, asiduo actor en temas de construcción de paz y fortalecimiento del tejido social, y el de Martha Reyes, empresaria presidenta de la Coparmex Sinaloa. Ambos compartieron algunas palabras valiosas en el marco del Encuentro Ciudadano por Culiacán.
Sobre el ingeniero Llausás no vamos a descubrir el agua hervida, pero ayer nos compartió un buen recordatorio de que incluso cuando se toca fondo como en este año, pueden hallarse pequeñas oportunidades que nos ayuden a salir más reforzados.
A manera de ejemplo, Llausás retomó un asunto que en las últimas décadas ha sido objeto de discusión en el Estado y que es hasta incómodo, como la llamada narcocultura, que no es más que venerar a personas que poco o nada han hecho para ser reconocidas.
Resulta cruel decirlo teniendo como antecedentes las muertes de más de 60 jóvenes y niños, escenas tétricas de escuelas acorraladas por la violencia y de artistas e influencers agredidos, pero quien transite por las calles de la capital puede notar que, lógicamente no sin borrarse por completo, existen espacios en los que ya no se escucha ni observan vestigios de alabanzas a perfiles criminales.
Con esto no queremos deducir que la cura a todos nuestros males es erradicar ese tipo de contenidos, pero no se puede negar que son un factor, por mínimo que sea.
Y respecto a lo que comentó la presidenta de Coparmex, apuntó que este es un buen momento para que la sociedad trabaje en darle una nueva identidad a Culiacán, aunque en esto discrepamos un poco con ella.
Creemos que Culiacán es mucho más que el estigma con el que se le liga, su gente es muy valiosa y la mayoría de ella ha prosperado al margen de la criminalidad. Culiacán no necesita una nueva identidad, pero sí requiere reforzarla, promoverla, hacerla valer y sentirse en las calles.
Esta ciudad y sus habitantes han demostrado de varias maneras que, aún cuando reciben embates poderosos y les dan muchas razones para dejar de luchar, cada mañana se levantan para salir a chambear, a estudiar, a hacer deporte, es gente que les gusta el arte, que disfruta del sano esparcimiento, y esa es su verdadera identidad.
Hablamos de Culiacán por ser el punto más afectado en este año de violencia, y que ya tiene lo que necesita para que le reconozcan y distingan; lo que se requiere ahora más que nunca es que sus autoridades no abandonen a su gente.
El Palacio de Gobierno de Sinaloa se convirtió este martes en escenario de memoria y exigencia: cinco mil veladoras encendidas por colectivos de buscadoras iluminaron la explanada, cada una un recordatorio silencioso de que en el estado la desaparición de personas es una tragedia cotidiana.
Según cifras oficiales, mil 949 personas desaparecieron en un año; según Sabuesos Guerreras, son 3 mil. Detrás de esos números hay historias, familias y comunidades enteras que viven en la incertidumbre.
Que una sociedad tenga que encender velas para exigir que se cumpla con lo elemental, localizar con vida a sus desaparecidos, debería ser motivo de vergüenza para las autoridades.
La acción simbólica de las buscadoras, más allá de su emotivo gesto, evidencia un vacío institucional: la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la escasa inversión en capacidades forenses y acompañamiento a las familias.
La luz de esas cinco mil velas no puede iluminar las sombras de la impunidad ni devolver a quienes se han perdido en la violencia.
María Isabel Cruz, lideresa de Sabuesos Guerreras, subrayó que detrás de cada cifra hay una vida que no debe ser reducida a estadísticas. Y es cierto: los números nos alejan del dolor humano que representan. Cada veladora es un reclamo silencioso pero contundente de justicia y de atención.
El acto también interpela a la sociedad en general: no normalizar la violencia, no acostumbrarse a las desapariciones.
La memoria colectiva que se construye alrededor de estas acciones es también un espejo para la ciudadanía: mientras las velas brillen, hay esperanza; mientras las autoridades no actúen, la urgencia persiste.
Es innegable que la mayor parte de la contención y la respuesta en este año de guerra entre facciones en Sinalla ha sido federal: basta ver a militares de todo tipo y agentes federales en retenes y operativos.
Pero no queremos dejar de destacar que parece que por fin hemos empezado a dar pasos, pequeños sí, en el sentido correcto: empalmar la voluntad federal con la local en la coordinación y empezar a construir mejores corporaciones locales.
No será fácil: hay que meterle mucho dinero y sobre todo reconstruir la confianza para que esa relación sea sólida y efectiva en el combate a la delincuencia organizada que todos los días enseña sus capacidades de hacer daño.
Es cierto que Rocha Moya se tardó en dimensionar y reconocer el tamaño de la crisis que su gobierno enfrenta, pero miles de víctimas después y aún con la guerra muy vigente, por fin parece haber quedado atrás la actitud de minimización y ninguneo de la realidad.
Ojalá que este sea el primer paso fuerte para asumir en toda su gravedad y complejidad la ola de violencia y se establezca una estrategia de limpieza y reforzamiento de las instituciones locales de seguridad y justicia.
Si la coordinación entre el gobierno de Rocha y el de la Presidenta Sheinbaum se mantiene como la constante en el corto y mediano plazo, Sinaloa puede aspirar a comenzar a cambiar sus niveles crónicos de criminalidad en el largo plazo.
Pero no será fácil ni barato, por eso en el próximo presupuesto a presentarse en el Congreso de Sinaloa sabremos si la voluntad del Ejecutivo es real y va más allá del discurso.
Hace un año que Sinaloa se sumió en una escalada de violencia que nadie ha logrado frenar. Los tiroteos, enfrentamientos y atentados no han dado tregua, y la sociedad siente, con razón, cansancio y hartazgo.
La regidora de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, expresó con crudeza que la ausencia de los gobiernos municipal, estatal y federal ha sido evidente, y la percepción de derrota frente a la violencia se ha instalado en la ciudadanía.
Quien vive en Sinaloa lo sabe: la inseguridad ha afectado la vida cotidiana, los negocios, las escuelas y la tranquilidad de los barrios. La violencia no espera a los discursos ni a los análisis; ocurre en las calles, mientras los gobiernos parecen reaccionar más tarde que temprano, delegando responsabilidades y careciendo de una estrategia efectiva.
La crítica refleja la frustración frente a la falta de resultados. Sin embargo, señalar la ausencia de los gobiernos es solo un aspecto de la historia. La verdadera pregunta que permanece es cómo se construye una respuesta integral, que combine presencia, inteligencia, prevención y coordinación entre autoridades, sin que la sociedad siga pagando el precio de la violencia.
Este primer aniversario, señaló, debería ser un momento de reflexión, pero también de acción. No basta con palabras ni con señalar derrotas; la ciudadanía exige medidas claras, evaluaciones serias y resultados concretos.
Si de alguna manera la vida en las calles de Culiacán se ha mantenido o intenta mantenerse, es en parte a que, pese a tener todas las adversidades, todavía quedan algunos que hacen la lucha desde sus trincheras para construir algo de bien.
En estos 12 meses, han tomado mucha fuerza nombres de representantes de gremios, asociaciones y organismos de sociedad civil, que quizá su impacto en la situación actual no sea algo de tanto peso contra la crisis que vivimos, pero que se han vuelto valiosos para recordar que Sinaloa es más que este episodio lúgubre.
En esos nombres que ya les ha de sonar, están personas como el del ingeniero Javier Llausás, asiduo actor en temas de construcción de paz y fortalecimiento del tejido social, y el de Martha Reyes, empresaria presidenta de la Coparmex Sinaloa. Ambos compartieron algunas palabras valiosas en el marco del Encuentro Ciudadano por Culiacán.
Sobre el ingeniero Llausás no vamos a descubrir el agua hervida, pero ayer nos compartió un buen recordatorio de que incluso cuando se toca fondo como en este año, pueden hallarse pequeñas oportunidades que nos ayuden a salir más reforzados.
A manera de ejemplo, Llausás retomó un asunto que en las últimas décadas ha sido objeto de discusión en el Estado y que es hasta incómodo, como la llamada narcocultura, que no es más que venerar a personas que poco o nada han hecho para ser reconocidas.
Resulta cruel decirlo teniendo como antecedentes las muertes de más de 60 jóvenes y niños, escenas tétricas de escuelas acorraladas por la violencia y de artistas e influencers agredidos, pero quien transite por las calles de la capital puede notar que, lógicamente no sin borrarse por completo, existen espacios en los que ya no se escucha ni observan vestigios de alabanzas a perfiles criminales.
Con esto no queremos deducir que la cura a todos nuestros males es erradicar ese tipo de contenidos, pero no se puede negar que son un factor, por mínimo que sea.
Y respecto a lo que comentó la presidenta de Coparmex, apuntó que este es un buen momento para que la sociedad trabaje en darle una nueva identidad a Culiacán, aunque en esto discrepamos un poco con ella.
Creemos que Culiacán es mucho más que el estigma con el que se le liga, su gente es muy valiosa y la mayoría de ella ha prosperado al margen de la criminalidad. Culiacán no necesita una nueva identidad, pero sí requiere reforzarla, promoverla, hacerla valer y sentirse en las calles.
Esta ciudad y sus habitantes han demostrado de varias maneras que, aún cuando reciben embates poderosos y les dan muchas razones para dejar de luchar, cada mañana se levantan para salir a chambear, a estudiar, a hacer deporte, es gente que les gusta el arte, que disfruta del sano esparcimiento, y esa es su verdadera identidad.
Hablamos de Culiacán por ser el punto más afectado en este año de violencia, y que ya tiene lo que necesita para que le reconozcan y distingan; lo que se requiere ahora más que nunca es que sus autoridades no abandonen a su gente.
El Palacio de Gobierno de Sinaloa se convirtió este martes en escenario de memoria y exigencia: cinco mil veladoras encendidas por colectivos de buscadoras iluminaron la explanada, cada una un recordatorio silencioso de que en el estado la desaparición de personas es una tragedia cotidiana.
Según cifras oficiales, mil 949 personas desaparecieron en un año; según Sabuesos Guerreras, son 3 mil. Detrás de esos números hay historias, familias y comunidades enteras que viven en la incertidumbre.
Que una sociedad tenga que encender velas para exigir que se cumpla con lo elemental, localizar con vida a sus desaparecidos, debería ser motivo de vergüenza para las autoridades.
La acción simbólica de las buscadoras, más allá de su emotivo gesto, evidencia un vacío institucional: la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la escasa inversión en capacidades forenses y acompañamiento a las familias.
La luz de esas cinco mil velas no puede iluminar las sombras de la impunidad ni devolver a quienes se han perdido en la violencia.
María Isabel Cruz, lideresa de Sabuesos Guerreras, subrayó que detrás de cada cifra hay una vida que no debe ser reducida a estadísticas. Y es cierto: los números nos alejan del dolor humano que representan. Cada veladora es un reclamo silencioso pero contundente de justicia y de atención.
El acto también interpela a la sociedad en general: no normalizar la violencia, no acostumbrarse a las desapariciones.
La memoria colectiva que se construye alrededor de estas acciones es también un espejo para la ciudadanía: mientras las velas brillen, hay esperanza; mientras las autoridades no actúen, la urgencia persiste.