Mucho hemos insistido en la urgente (desde hace mucho) necesidad de que Sinaloa invierta en formar una Policía estatal suficiente, profesional, capaz y honesta.

No porque seamos sabios o brujos sino porque todos los expertos señalan que una condición indispensable para lograr comunidades más pacíficas es contar con buenas policías y fiscalías.

Hasta ahora ningún Gobernador le ha invertido a este tema lo suficiente como para lograrlo, de modo que cada vez que el cártel se fractura, los sinaloenses quedamos a merced de sus guerras. Así ha sido al menos tres veces en este siglo y cada vez se pone peor.

Por eso no deja de generar un poquito de esperanza que en el pasado desfile de independencia se presentará el GOES, que significa Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa y que sustituye al anterior Grupo Élite, ese que dejó Cristóbal Castañeda.

El germen de este nuevo grupo no es otra cosa que los militares que llegaron con el nuevo Secretario Rentería Schazarino y con quienes ha ido realizando cada vez más operaciones.

El GOES es una renovación dentro de la corporación y acudirá a los eventos más relevantes, dijeron en la Vocería. Lo que deja claro que quieren oxigenar una institución con muy malos niveles de confianza ciudadana.

Suponemos que el GOES seguirá creciendo en la medida en que se gradúen más elementos de la Unipol y lleguen los 150 del Convenio firmado con las Fuerzas Armadas el mes pasado.

Qué bueno que por fin estén enfocando recursos y atención en lo que importa; ahora la cosa es hacerlo más rápido y con mayor intensidad, porque la violencia ahí sigue y la tolerancia ciudadana es cada vez más escasa.

El Gobierno de Sinaloa insiste en que está retirando las cámaras del crimen organizado, pero la realidad es que las calles siguen bajo la vigilancia de ojos que no son del Estado, sino de quienes lo desafían todos los días.

La Secretaría de Seguridad Pública reconoce que no han podido desmantelar toda la red y, aunque presumen que llevan más de 2 mil 600 equipos retirados, la pregunta es: ¿cuántas más quedan? Y, sobre todo, ¿qué tanto control tiene el crimen sobre la vida cotidiana si logra instalar centros de monitoreo clandestinos con tecnología suficiente para vigilar sectores enteros de Sinaloa?

El 15 de septiembre se desarticuló un C4 pirata en la colonia Valle Alto, en Culiacán, con más de 100 cámaras y hasta armas, pero apenas unos días después la propia autoridad admite que todavía quedan muchas funcionando. Es decir, la operación no fue un golpe definitivo, apenas un raspón a la estructura.

Y lo más llamativo es el mensaje oficial: piden a los ciudadanos, principalmente comerciantes, que denuncien de forma anónima si les han instalado equipos sin su consentimiento. Como si la gente común pudiera cargar con la responsabilidad que corresponde al Estado. ¿De verdad creen que un comerciante, que ya fue obligado a aceptar una cámara, se animará a levantar un reporte sabiendo que los que lo vigilan también saben quién entra y sale de su negocio?

Aquí se abre otra duda incómoda: ¿qué garantías tiene el ciudadano de que el anonimato se respeta y de que no habrá represalias? Porque pedir denuncias en un escenario donde el crimen tiene ojos y oídos en cada esquina, es casi como exigir saltar sin red.

Mientras tanto, el discurso oficial se aferra a remarcar que ninguna de esas cámaras está conectada al C4i estatal. Como si eso fuera un consuelo. Lo preocupante no es que estén vinculadas al sistema del Gobierno, lo grave es que funcionan como un sistema paralelo, ilegal y eficiente, que hace sombra a la autoridad.

En resumen: la ciudadanía sigue vigilada, pero no precisamente por el Estado.

Hasta nos dieron ganas de creerle al carismático Rector de la UAS, Jesús Madueña, con el anuncio de una reingeniería académica y financiera dentro de la universidad, para intentar sacar las papas del fuego en lo económico.

A decir verdad, desde julio había avisado sobre esta multicitada reforma interna en la UAS, concretamente cuando no le quedó de otra más que reconocer que el dinero no alcanzaba ni para pagar las primas vacacionales a sus empleados.

Las alarmas se encendieron desde que en Ciudad de México la SEP les dio una palmada en el hombro y un “de nada, vuelva pronto”, pero sin ponerse la del Puebla para salvar a la casa de estudios.

Sobre esta idea de reforma, vale decir que deberá discutirse entre los sindicatos de trabajadores que tiene la Universidad, con el detalle de que históricamente esos grupos le hacen gordo el caldo a la persona que está en Rectoría, ignorando un poco su propósito de defensa laboral.

Regresando a lo que anunció el Rector, destacaron las propuestas para recortar algunas de las prestaciones de las gozan trabajadores activos y jubilados, de confianza y administrativos, dizque para rescatar a la UAS del agujero económico.

También llamó la atención que se contemple frenar de plano las contrataciones y limitarlas a las que se consideren indispensables para las operaciones de la casa rosalina.

Y entre los principales planteamientos del Rector Madueña está crear un fideicomiso con el que los propios trabajadores permitan la viabilidad de mantener el sistema de pensiones de la institución.

Al margen de las buenas y malas que puedan ser estar propuestas, sería un grotesco error pensar que ya sólo con modificar las condiciones laborales la UAS podrá salir del bache en que está hundida.

Si bien esto puede ser parte de la solución, deben enfocarse muchos esfuerzos en hacer que la UAS mande a volar a todos esos aviadores que tiene encasquetados en nómina desde antaño, y por supuesto dejar de comprar cosas al doble o triple de su precio de mercado a proveedores consentidos vinculados con ya sabe usted qué familia.

Porque, díganos enfadosos, si quiere, pero el mismísimo Rector ha reconocido que estas compras a sobreprecio y sin licitar sí se hacen, lo cual no puede ni debe ser justificado al realizarse con recursos públicos, que precisamente deben hacerse rendir al máximo.

En el arranque de su segundo periodo, el desbigotado Rector ha dado indicios de ahora sí ser él quien mande y tome decisiones importantes dentro de la UAS, lo cual desde luego puede y debe verse como una buena señal de cara a que la casa rosalina sea autónoma.

Y, sabedores de que a estas broncas financieras le quedan buen rato, será crucial que acierte en todas o la mayoría de decisiones y cambios que quiera instaurar.

Mucho hemos insistido en la urgente (desde hace mucho) necesidad de que Sinaloa invierta en formar una Policía estatal suficiente, profesional, capaz y honesta.

No porque seamos sabios o brujos sino porque todos los expertos señalan que una condición indispensable para lograr comunidades más pacíficas es contar con buenas policías y fiscalías.

Hasta ahora ningún Gobernador le ha invertido a este tema lo suficiente como para lograrlo, de modo que cada vez que el cártel se fractura, los sinaloenses quedamos a merced de sus guerras. Así ha sido al menos tres veces en este siglo y cada vez se pone peor.

Por eso no deja de generar un poquito de esperanza que en el pasado desfile de independencia se presentará el GOES, que significa Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa y que sustituye al anterior Grupo Élite, ese que dejó Cristóbal Castañeda.

El germen de este nuevo grupo no es otra cosa que los militares que llegaron con el nuevo Secretario Rentería Schazarino y con quienes ha ido realizando cada vez más operaciones.

El GOES es una renovación dentro de la corporación y acudirá a los eventos más relevantes, dijeron en la Vocería. Lo que deja claro que quieren oxigenar una institución con muy malos niveles de confianza ciudadana.

Suponemos que el GOES seguirá creciendo en la medida en que se gradúen más elementos de la Unipol y lleguen los 150 del Convenio firmado con las Fuerzas Armadas el mes pasado.

Qué bueno que por fin estén enfocando recursos y atención en lo que importa; ahora la cosa es hacerlo más rápido y con mayor intensidad, porque la violencia ahí sigue y la tolerancia ciudadana es cada vez más escasa.

El Gobierno de Sinaloa insiste en que está retirando las cámaras del crimen organizado, pero la realidad es que las calles siguen bajo la vigilancia de ojos que no son del Estado, sino de quienes lo desafían todos los días.

La Secretaría de Seguridad Pública reconoce que no han podido desmantelar toda la red y, aunque presumen que llevan más de 2 mil 600 equipos retirados, la pregunta es: ¿cuántas más quedan? Y, sobre todo, ¿qué tanto control tiene el crimen sobre la vida cotidiana si logra instalar centros de monitoreo clandestinos con tecnología suficiente para vigilar sectores enteros de Sinaloa?

El 15 de septiembre se desarticuló un C4 pirata en la colonia Valle Alto, en Culiacán, con más de 100 cámaras y hasta armas, pero apenas unos días después la propia autoridad admite que todavía quedan muchas funcionando. Es decir, la operación no fue un golpe definitivo, apenas un raspón a la estructura.

Y lo más llamativo es el mensaje oficial: piden a los ciudadanos, principalmente comerciantes, que denuncien de forma anónima si les han instalado equipos sin su consentimiento. Como si la gente común pudiera cargar con la responsabilidad que corresponde al Estado. ¿De verdad creen que un comerciante, que ya fue obligado a aceptar una cámara, se animará a levantar un reporte sabiendo que los que lo vigilan también saben quién entra y sale de su negocio?

Aquí se abre otra duda incómoda: ¿qué garantías tiene el ciudadano de que el anonimato se respeta y de que no habrá represalias? Porque pedir denuncias en un escenario donde el crimen tiene ojos y oídos en cada esquina, es casi como exigir saltar sin red.

Mientras tanto, el discurso oficial se aferra a remarcar que ninguna de esas cámaras está conectada al C4i estatal. Como si eso fuera un consuelo. Lo preocupante no es que estén vinculadas al sistema del Gobierno, lo grave es que funcionan como un sistema paralelo, ilegal y eficiente, que hace sombra a la autoridad.

En resumen: la ciudadanía sigue vigilada, pero no precisamente por el Estado.

Hasta nos dieron ganas de creerle al carismático Rector de la UAS, Jesús Madueña, con el anuncio de una reingeniería académica y financiera dentro de la universidad, para intentar sacar las papas del fuego en lo económico.

A decir verdad, desde julio había avisado sobre esta multicitada reforma interna en la UAS, concretamente cuando no le quedó de otra más que reconocer que el dinero no alcanzaba ni para pagar las primas vacacionales a sus empleados.

Las alarmas se encendieron desde que en Ciudad de México la SEP les dio una palmada en el hombro y un “de nada, vuelva pronto”, pero sin ponerse la del Puebla para salvar a la casa de estudios.

Sobre esta idea de reforma, vale decir que deberá discutirse entre los sindicatos de trabajadores que tiene la Universidad, con el detalle de que históricamente esos grupos le hacen gordo el caldo a la persona que está en Rectoría, ignorando un poco su propósito de defensa laboral.

Regresando a lo que anunció el Rector, destacaron las propuestas para recortar algunas de las prestaciones de las gozan trabajadores activos y jubilados, de confianza y administrativos, dizque para rescatar a la UAS del agujero económico.

También llamó la atención que se contemple frenar de plano las contrataciones y limitarlas a las que se consideren indispensables para las operaciones de la casa rosalina.

Y entre los principales planteamientos del Rector Madueña está crear un fideicomiso con el que los propios trabajadores permitan la viabilidad de mantener el sistema de pensiones de la institución.

Al margen de las buenas y malas que puedan ser estar propuestas, sería un grotesco error pensar que ya sólo con modificar las condiciones laborales la UAS podrá salir del bache en que está hundida.

Si bien esto puede ser parte de la solución, deben enfocarse muchos esfuerzos en hacer que la UAS mande a volar a todos esos aviadores que tiene encasquetados en nómina desde antaño, y por supuesto dejar de comprar cosas al doble o triple de su precio de mercado a proveedores consentidos vinculados con ya sabe usted qué familia.

Porque, díganos enfadosos, si quiere, pero el mismísimo Rector ha reconocido que estas compras a sobreprecio y sin licitar sí se hacen, lo cual no puede ni debe ser justificado al realizarse con recursos públicos, que precisamente deben hacerse rendir al máximo.

En el arranque de su segundo periodo, el desbigotado Rector ha dado indicios de ahora sí ser él quien mande y tome decisiones importantes dentro de la UAS, lo cual desde luego puede y debe verse como una buena señal de cara a que la casa rosalina sea autónoma.

Y, sabedores de que a estas broncas financieras le quedan buen rato, será crucial que acierte en todas o la mayoría de decisiones y cambios que quiera instaurar.