Aprueba Cabildo de Mazatlán enviar al Congreso iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal
La iniciativa busca regular cobros por servicios técnicos y administrativos en obras de construcción y se hará llegar al Congreso del Estado para su aprobación
MAZATLÁN._ En sesión extraordinaria, el Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves enviar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma y adiciones al artículo 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para que diversos conceptos de cobro en obras de construcción queden bien plasmados legalmente y se fortalezcan los ingresos municipales sin crear nuevos impuestos.
Al exponer la iniciativa ante los integrantes del Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, dijo que actualmente la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable de cada municipio, como órgano técnico facultado para emitir actos administrativos en materia de uso de suelo, licencia de construcción y regularización urbana, expide diariamente diversos documentos cuya tramitación y emisión requiere de dictámenes técnicos, dictámenes especializados y actuaciones administrativas complejas.
“Sin embargo, la legislación hacendaria actual no contempla expresamente varios de estos conceptos, lo cual genera un vacío normativo que dificulta una correcta recaudación por servicios efectivamente presentados por la autoridad municipal”, añadió.
“Entre los conceptos no previstos actualmente en la ley y que propone incorporar con derechos se encuentran dictámenes de análisis de factibilidad técnica, Licencia de Uso de Suelo, Constancia de Zonificación, Subdivisión de Predios, Fusión de Predios, Terminación de Obra, Visto Bueno y Operación; los municipios requieren que dichos conceptos estén incorporados formalmente en la Ley de Hacienda Municipal para que su cobro sea legítimo, transparente y proporcional al servicio brindado”.
Ríos Pérez señaló que en el apartado correspondiente a multas, en el artículo 97, se plantea agregar el concepto de regularización como medida sancionatoria ante la omisión de trámites obligatorios, lo que permitirá a la autoridad municipal aplicar una penalización proporcional equivalente al 100 por ciento del valor del impuesto omitido en los casos en que el contribuyente haya llevado a cabo actos sujetos a regularización sin cumplir.
“En suma, esta reforma busca: 1. Dotar de certeza jurídica a los cobros realizados por servicios técnicos y administrativos en materia de desarrollo urbano; 2. Fortalecer los ingresos municipales sin crear nuevos impuestos sino regulando y formalizando los servicios ya existentes; y 3. Promover la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión urbana y recaudación fiscal local”, apuntó.
En entrevista, precisó que tras la aprobación de esta iniciativa en la sesión extraordinaria de este jueves, la misma será enviada al Congreso del Estado en busca de su aprobación y, de ser así, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, entrará en vigor en los 20 municipios de la entidad.