Gobierno de Estados Unidos desaloja centro de detención de Florida

Una jueza federal ordenó a las autoridades a retirar ese sitio denominado el ‘Alcatraz de los Caimanes’ por el impacto ambiental a los Everglades

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos confirmó que ha iniciado el traslado de personas retenidas en el centro de detención de migrantes ubicado en Florida después de la orden emitida por una jueza.

El sitio, inaugurado por el Presidente Donald Trump en julio pasado y que denominaron el “Alcatraz de los Caimanes” por la zona donde se ubica, generó polémica por la zona donde se había instalado.

Incluso Trump llegó a comentar que este proyecto que tendría capacidad para alojar hasta 5 mil personas detenidas por su estancia irregular en ese País, serviría de modelo para replicar en otros estados.

Pero la jueza federal Kathleen Williams ordenó su desmantelamiento en un plazo de 60 días por haberse levantado sin ningún estudio ambiental que avalara su viabilidad.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos pidió que reconsiderara esa orden para cumplir con la Ley de Migración, la jueza se mantuvo en su dictamen al considerar que estaba afectando de manera negativa al medio ambiente de los Everglades, en Florida, según refirió la agencia EFE.

Autoridades de Florida que estuvieron a cargo de la construcción de este centro de detención y en la que invirtieron 218 millones de dólares, confirmaron el desalojo del sitio.

El Gobierno de Florida pretendía obtener un reembolso de esa operación a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA.

Según reportan medios, el director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, confirmó que las instalaciones pronto quedarán vacías y comenzaron con el traslado de detenidos hacia otros centros del País.

También medios de comunicación de Estados Unidos han referidos que en correos internos del Departamento de Seguridad Interior ha confirmado que este centro de confinamiento ha comenzado a quedar solo con el traslado de los migrantes hacia otros sitios.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee alegaron en su demanda que la instalación amenazaba humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y que revertiría miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental.