Reingeniería financiera en la UAS no se impondrá, se someterá a escrutinio de trabajadores, promete Madueña
El Rector señaló que la propuesta para modificar el esquema de pensiones y prestaciones no se impondrá, sino que será votada por activos y jubilados; prevén que la consulta se realice a finales de octubre
Tras el anuncio de la reingeniería financiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa que contempla cambios en el sistema de pensiones y ajustes a prestaciones laborales, el Rector Jesús Madueña Molina afirmó que la propuesta será sometida a consulta con la base de trabajadores activos y jubilados.
El Rector precisó que la organización de la consulta estará a cargo del sindicato universitario.
Estimó que, por los plazos que manejan, este ejercicio podría llevarse a cabo a finales de octubre.
“Hemos visto buen eco con respecto a darle para adelante a la propuesta, pero nosotros no la vamos a imponer, sino es mediante el escrutinio de todos los trabajadores”.
“Esta es una propuesta que se va a socializar y se va a someter a una consulta en donde van a participar activos y jubilados porque queremos que sea algo transparente, democrático, en donde todos tengamos voz y voto”, aseguró.
“Esto lo tiene que trabajar el sindicato, ellos traen sus fechas en base al emplazamiento y creo que por los datos que han pedido tendría que ser a finales de octubre [la votación]”, apuntó.
Este jueves 18 de septiembre Madueña Molina presentó en la Ciudad de México a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha María Gómez Castro, el Plan de Reingeniería Integral y la solicitud de apoyo financiero.
De acuerdo con el Rector, la funcionaria federal se comprometió a revisar la propuesta y analizar alternativas para aliviar el déficit que enfrenta la universidad, estimado en 831 millones de pesos.
La propuesta de Madueña Molina incluye la creación de un fideicomiso para respaldar las jubilaciones, con aportaciones adicionales de trabajadores y jubilados, así como recortes en aguinaldos, primas vacacionales y limitación en contrataciones.
Por ejemplo, los funcionarios de alto nivel tendrían un descuento adicional del 10 por ciento en su salario, mientras que los trabajadores activos con derecho a la Ley del IMSS de 1973 iniciarían con una retención del 5 por ciento, que crecería 2 puntos porcentuales por año hasta llegar al 15 por ciento, y al momento de jubilarse subiría a 20 por ciento.
Para quienes cotizan bajo la Ley del IMSS de 1997, pero que entraron a laborar antes de 2016, la propuesta es similar: iniciarían en 2026 con un descuento del 5 por ciento, incrementando 2 puntos anuales hasta alcanzar el 15 por ciento.
En el caso del personal contratado desde el 2016, el descuento sería de 5 por ciento en 2026, aumentando un punto por año hasta llegar al 10 por ciento.
El ajuste para los jubilados con pensión dinámica se les aplicaría una retención de 20 por ciento, lo que de acuerdo con Madueña significaría un ahorro de 454 millones de pesos en 2026.
Todo ese dinero iría a un fideicomiso que funcionaría como un ahorro colectivo.
Ante ello, grupos de trabajadores ya se han manifestado en distintos puntos del estado, como en Mazatlán, para rechazar la medida al considerarla un retroceso en sus derechos laborales.