Policías en la línea de fuego: Asesinatos, retiros y déficit en medio de la guerra en Sinaloa

En un año de guerra interna del Cártel de Sinaloa, 48 policías han sido asesinados en Sinaloa. En Culiacán, la Policía Municipal enfrenta retiros anticipados, déficit de personal y el fantasma de un mes sin armas, justo cuando la violencia alcanzó a la ciudad

Raúl Demetrio, conocido como “El Brujo”, fue el primero.

La noche del 12 de septiembre de 2024 lo asesinaron a balazos en la sindicatura de Las Tapias, al sur de Culiacán.

En algún momento había ocupado el cargo de Subdirector de la Policía Municipal.

Desde entonces, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán ha sumado más bajas en su cooperación.

En total, 48 policías estatales, federales, y municipales de Culiacán, Navolato y Mazatlán han caído en Sinaloa, víctimas de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que estalló hace un año.

Los policías se convirtieron en blanco y los ataques no distinguen entre agentes en activo o retirados.

Sin embargo la corporación municipal de Culiacán ha visto vaciarse sus filas, pues en lo que va de 2024, el Ayuntamiento de Culiacán ha aprobado al menos 90 solicitudes de retiro anticipado de policías que desean concluir sus labores.

Un mes sin armas en medio del estallido

La vulnerabilidad de la corporación de Culiacán quedó al descubierto el 26 de septiembre de 2024, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la revisión de la Licencia Oficial Colectiva de armas de la Policía Municipal. La inspección, que en teoría debía ser rutinaria, se prolongó por un mes sin explicación oficial.

Durante ese periodo, del 25 de septiembre al 28 de octubre del 2024, la fuerza municipal quedó inactiva.

Justo en esas semanas la violencia alcanzó su punto más alto, pues entre el 9 de septiembre y el 12 de octubre se registraron 210 homicidios en Culiacán.

En contraste, en el municipio de Navolato la revisión de armas se completó en un solo día.

Tras un mes sin Policía Municipal, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que los agentes de Culiacán volvían a las calles tras acreditar los exámenes de confianza. Sin embargo, el regreso no ha resuelto el déficit de elementos.

“Si bien hemos tenido un programa permanente de incorporación, de formación de número de cadetes para incorporar a la Policía Municipal, tenemos un déficit deberíamos estar en los mil 600 policías, con base al criterio internacional, en este momento estamos un poco arriba de los mil”, reconoció el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el 29 de octubre de 2024.

La guerra que los pone en la mira

El asesinato de Raúl Demetrio fue apenas el inicio de una serie de ataques directos contra agentes y exagentes.

Desde entonces, la lista de bajas ha crecido de manera sostenida. Los asesinatos se han hecho mientras los agentes se dirigían a casa, al acudir a reportes policiales o hasta en sus domicilios.

La violencia ha seguido un patrón implacable: en noviembre, el agente municipal Ramón Alberto fue hallado sin vida en la sindicatura de Quilá tras dos días desaparecido, y ese mismo mes fue asesinado Benjamín “N”, ex subdirector de la Policía Municipal, mientras cenaba en un restaurante del sector Montebello; en el ataque murieron dos personas más que nada tenían que ver con la disputa.

Días después, el cuerpo de otro agente, Héctor Gabriel “N”, apareció en la comunidad El Quemadito. Y el 2025 comenzó igual de sangriento: tres policías fueron asesinados en enero, dos más en febrero y, en marzo, la sindicatura de Costa Rica vivió una de las jornadas más violentas cuando los agentes Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia fueron encontrados sin vida, con huellas de tortura, en las inmediaciones de la carretera La 12.

¿Quién protege a los protectores?

El triple asesinato provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera medidas precautorias al Ayuntamiento de Culiacán para proteger la vida de los policías municipales, a solicitud de la asociación civil Guerreros Azules de Sinaloa.

Entre las medidas, pidió que toda atención a llamadas de emergencia se haga con al menos dos patrullas, que se establezca un sistema de traslado seguro de los policías a sus domicilios al final del turno y que se valore la posibilidad de que los agentes puedan portar su arma de cargo fuera de servicio, aunque esta última medida sigue sin aprobarse por reglamento.

Pero pese a las medidas, la violencia no se ha detenido contra los agentes de Culiacán, pues al menos 11 policías municipales han sido asesinados desde que la CEDH hizo el llamado a reforzar su protección.

Cada vez que se le ha cuestionado sobre el incumplimiento de estas disposiciones, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ha sostenido que no existen registros ni información sobre amenazas previas a los asesinatos de policías que prevengan estos ataques.

En entrevista con Datemex en julio de 2025, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que evalúan dar vista al Congreso del Estado por el incumplimiento de las medidas cautelares, luego de que un agente resultó herido tras un ataque armado directo al concluir su jornada laboral el 20 de julio. En ese mismo ataque murió una mujer ajena al hecho.

De concretarse, el Congreso podría citar a los titulares de las secretarías involucradas para que expliquen por qué no se han cumplido las recomendaciones y qué acciones están tomando para evitar que más policías caigan en el cumplimiento de su deber.

El mando cambia de uniforme

La crisis de seguridad en Culiacán no solo ha cobrado la vida de agentes, también ha transformado la estructura de mando de la corporación civil.

El 2 de junio de 2025, Sergio Antonio Leyva López renunció a su cargo como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para reincorporarse a la Policía Estatal.

La renuncia ocurrió el mismo día en que siete policías municipales fueron detenidos tras un enfrentamiento con agentes estatales afuera de una clínica privada, aunque Gámez Mendívil aseguró que ambos hechos no estaban relacionados.

Los agentes detenidos fueron puestos en libertad tres días después sin recibir una acusación.

La vacante abrió la puerta a un nuevo perfil por recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, dos semanas después sin titular, el Ayuntamiento designó al Coronel Alejandro Bravo Martínez, ex Comandante del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio.

Días después oficializaron la llegada del Mayor Jonathan Macedo Ramírez como nuevo titular de la Policía Municipal, quien previamente se había desempeñado como jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones del 89 Batallón de Infantería en Los Mochis.

“Nos conviene, en este momento, construir una alianza no solamente con la Secretaría de la Defensa Nacional sino con todo el Grupo Interinstitucional en materia de seguridad”, dijo Gámez Mendívil el 14 de junio del 2025.

Para el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, la militarización de mandos responde a un fenómeno nacional, ya que la percepción ciudadana de que los militares son más honestos y menos propensos a actos de corrupción que los mandos civiles.

Señaló que otro dilema es el nivel de honestidad de los miembros de las corporaciones, y este proceso en el cual se han desplazado los mandos civiles y sustituidos por mandos militares.

“Es un proceso que no inicia con la reforma legal última, sino que inicia porque muchos mandos civiles se ha comprobado su participación, complicidad, su forma deshonesta de aplicar la Ley”, señaló Miguel Calderón Quevedo, coordinador del organismo.

Agregó que la ciudadanía coloca en la parte más alta de la percepción positiva a la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, y que es justamente por esa confianza que están asumiendo funciones que antes eran exclusivas de mandos civiles. Sin embargo, advirtió que esta sustitución debería ser extraordinaria y temporal, no la norma.

“A circunstancias extraordinarias, medidas extraordinarias y hasta cierto punto nuestro deseo, nuestro llamado, es que este tipo de tendencias sean temporales y no sean definitivas en diferentes lugares del País”, puntualizó.

Un riesgo asumido, sin amenazas confirmadas

El 22 de agosto, en medio de la ola de ataques que ha dejado policías muertos y heridos, Gámez Mendívil aseguró que no tiene conocimiento de que los agentes municipales hayan recibido amenazas directas del crimen organizado.

“Directamente, nosotros no tenemos conocimiento ni directo ni indirecto de haber conocido, o que nos hayan manifestado los compañeros y compañeras. No lo tenemos”, respondió cuando fue cuestionado sobre la existencia de advertencias contra los policías municipales.

El Alcalde justificó que la labor policial es de alto riesgo por su contacto constante con la criminalidad, lo que expone a los agentes a situaciones peligrosas.

“El trabajo del policía es un trabajo bastante difícil, complicado, de alto riesgo, como sabemos, son los que todos los días están persiguiendo a los que generan violencia. Ese roce directo, el contacto directo con la criminalidad, por eso siempre ha supuesto un alto riesgo, y un alto peligro”, dijo.

Impunidad que alimenta la violencia

A un año del inicio de la disputa entre los Guzmán y los Zambada, los asesinatos de policías siguen sin justicia.

El 3 de septiembre, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconoció que, por los 48 homicidios de policías municipales, estatales y federales registrados en este periodo, no hay personas detenidas.

La funcionaria explicó que algunos casos ya fueron judicializados y cuentan con órdenes de aprehensión emitidas, pero hasta el momento no se han cumplimentado ni se han registrado detenciones en flagrancia.

”Detenido por ejecución de orden de aprehensión se está trabajando, se está trabajando en las carpetas, hay asuntos judicializados, tenemos la orden de aprehensión, pero se está trabajando de esa parte. Detenidos en flagrancia no se han recibido hasta este momento”, reconoció.