Mega préstamo para obra en el estado carece de transparencia y no hay sanciones para lo que provocó la deuda pública : Iniciativa Sinaloa
La organización Iniciativa Sinaloa exhortó al Gobernador de Sinaloa a transparentar el proceso de liquidación y ejecución del préstamo millonario solicitado este 2025
El Gobierno de Sinaloa y el Congreso del Estado deben atender la transparencia en el desarrollo del mega préstamo solicitado este 2025 para la construcción de obra pública, opinó la organización Iniciativa Sinaloa.
Este año el Gobierno de Sinaloa pidió un préstamo por mil 626 millones 938 mil 932 pesos, completado con tres bancos, después de que la administración estatal sufriera un déficit financiero para pagar una multa ante el Servicio de Administración Tributaria. La multa se desprende de una serie de irregularidades detectadas por el SAT que realizó el SATES durante la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.
“No estamos viendo una rendición de cuentas total de justo de cómo se está ejerciendo este recurso, los intereses que está generando, cuánto se está pagando”, señaló Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.
“Entonces yo creo que aquí el Gobierno del Estado tiene una obligación con la ciudadanía de ser transparente. De igual forma también el Congreso porque nos están quedando a deber, aquí ya lo estamos viendo, aquí estamos viendo los resultados que no fue suficiente crear esta comisión de vigilancia conformada únicamente de diputadas y diputados, es importante que hayan integrado la participación ciudadana”.
El documento que pacta el préstamo fue firmado por el Secretario de Finanzas del Gobierno estatal, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y establece que el crédito será pagado en un plazo de 20 años.
Cabe destacar que el préstamo fue aprobado por el Congreso de Sinaloa.
LAS IRREGULARIDADES QUE PROVOCARON LA MULTA
El Gobierno de Sinaloa tiene un convenio de colaboración con el SAT, en el que desde el Servicio de Atención Tributaria del Estado de Sinaloa se realizan auditorías a nombre de la federación para optimizar estos trabajos. Durante la administración de Ordaz Coppel se realizaron auditorías imprecisas a las empresas Coppel y Grupo Ahre, lo que comprometió la captación de impuestos del SAT.
El SAT multó al Gobierno de Sinaloa por 2 mil 300 millones de pesos. Esta determinación existía desde que Rocha Moya rindió protesta en 2021, pero el cobro se aplazó por años pues su administración buscó un acuerdo, pero no lo logró. En 2023 el Gobierno estatal perdió un juicio llevado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tumbar esta multa.
Entre el cierre de los acuerdos para el pago de la multa el convenio de la Federación con el Estado de Sinaloa fue retomado.
Para poder solventar esta cantidad el Gobierno de Sinaloa tuvo que presupuestar para 2025 el pago, por lo que se afectó a la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa quitando presupuesto y dejando únicamente 400 millones de pesos para esta dependencia, en comparación con los mil 742 millones de pesos que recibió en el 2024.
LOS RESPONSABLES
El Gobierno de Sinaloa comenzó una investigación en el plano administrativo y ya pasó a ser una investigación penal. Los ex funcionarios implicados no han sido expuestos por el Gobierno Estatal.
“Pues que resuelvan el juez, aquí está judicializado, esperemos que resuelvan lo correcto, lo debido”, dijo sobre el tema el Gobernador Rocha Moya, el pasado 11 de febrero.
Por la opacidad con la que se ha manejado el tema de la investigación y no existir sanciones públicas contra los responsables, León Fontes advirtió una posible repetición de irregularidades al no haber garantías de justicia.
“Si bien la estrategia para la rehabilitación económica pues incluyó este mega préstamo, no olvidemos que está el trasfondo, y justo el Gobernador mencionaba de que ya tenían identificados a las personas que fueron las posibles responsables. Entonces, al día de hoy, meses después de este mega préstamo, no tenemos información de qué ha pasado con esas personas, quiénes son, si se están investigando o no. No sabemos si ya fueron turnadas a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, entonces, hay mucho desconocimiento porque justo lo que se busca es que haya sanciones y que la sanción funcione como prevención de futuras prácticas similares”, señaló la activista.
“Desde Iniciativa Sinaloa le pedimos al Gobernador que nos dé una rendición de cuentas sobre esta situación, sobre esta investigación que se está llevando a cabo de las personas que fueron probables responsables en estas posibles irregularidades que se cometieron en administraciones pasadas, de lo contrario, en algún futuro, estaríamos condenados a repetir las mismas decisiones y no queremos que el Gobierno siga siendo permisivo en este tipo de prácticas irregulares”.