Deben fincar responsabilidades a Quirino Ordaz por auditorias irregulares: Recias

Paulina Otáñez
13 enero 2025

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa llamó a que no haya un pacto de impunidad entre la administración pasada y la actual

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa debe fincar responsabilidades a los funcionarios a cargo de las auditorías irregulares hechas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, consideró la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa.

Este lunes, el mandatario estatal informó en su conferencia de prensa semanera que iniciaron un proceso administrativo contra funcionarios públicos de la administración estatal pasada, que corresponde a que la autoridad federal encontró irregularidades en auditorías realizadas por el SATES a empresas sinaloenses.

A la par, el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán indicó que además del discurso mediático sobre que la culpa de este endeudamiento es de la administración pasada, lo importante es conocer qué resultados obtiene la investigación.

“Desde el momento en que el SAT está requiriendo esos recursos es evidente que hay falta administrativa y hay delito, si el SAT no hubiera requerido esa multa todo hubiera estado bien, pero si lo está requiriendo es porque el SAT vio algo y está requiriendo una multa por algo que se hizo mal”

En ese sentido, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, llamó a que no haya un pacto de impunidad entre la administración pasada y la actual.

“En caso de que la Secretaría de Transparencia llegara a detectar algo, es su obligación turnar al Tribunal de Justicia Administrativa pero también a la Fiscalía Anticorrupción, porque si hay delitos que perseguir, que es el mal uso del recurso público, pues que se haga”.

Cabe mencionar que el viernes 10 de enero, el Congreso de Sinaloa avaló el crédito de 2 mil 300 millones de pesos que solicita el Gobernador Rubén Rocha Moya para la construcción de 36 obras públicas, el cual está contemplado en un plan de reactivación económica, por las pérdidas que han presentado los diferentes sectores a raíz de la violencia en la entidad.

La cifra se deriva de un adeudo que arrastra el Ejecutivo con el Servicio de Administración Tributaria debido a que, entre otras cosas, se realizaron una serie de auditorías irregulares durante la administración gubernamental de Quirino Ordaz Coppel.