Violencia extrema contra menores: el horror contra los números

Cada cierto tiempo ocurre en México un crimen que sacude a toda la sociedad, más allá de la comunidad afectada. El caso más reciente es el de las hermanas asesinadas en Hermosillo: tres niñas encontradas abrazadas, un día después de que su madre fuera hallada sin vida. La brutalidad del hecho no admite explicaciones simples ni mucho menos discursos políticos. Es un crimen que duele por su crueldad y por lo que representa: la violencia extrema no distingue edad, clase ni lugar. Incluye a bebés, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

No es un caso aislado. Las cifras oficiales muestran que los asesinatos de menores son una realidad alarmante en todo el país. Sin embargo, los números por sí solos no alcanzan a retratar el verdadero rostro de esta violencia.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una disminución del 13 por ciento en homicidios dolosos y del 25 por ciento en feminicidios entre enero y mayo de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Pero ¿qué sentido tienen esos porcentajes frente al asesinato de Meredith, Medilyn y Karla? ¿Cómo explicar que una madre y sus tres hijas mueran de forma tan atroz y que se pretenda medir el problema en porcentajes?

En la conferencia matutina donde la presidenta abordó el caso, pidió revisar las cifras de violencia intrafamiliar y de homicidios de menores como si se tratara de un hecho excepcional. Lamentablemente, no lo es. Persisten narrativas oficiales que sostienen que la violencia homicida afecta sólo a quienes están involucrados en actividades delictivas, o que ocurre únicamente en municipios especialmente violentos. Estos discursos son peligrosos porque invisibilizan otras formas de violencia que también requieren atención urgente.

Uno de los pilares de la estrategia de seguridad, tanto a nivel federal como en gobiernos locales afines al Movimiento de Regeneración Nacional es la llamada “atención a las causas”. Sin embargo, ni siquiera hay consenso sobre cuáles son esas causas ni sobre los factores que llevan a una persona a ejercer violencia. Lo que sí existe es un contexto social y estructural que facilita que esa violencia ocurra.

En el caso de Hermosillo, la Fiscalía informó que el móvil fue el cobro de una prima de seguro de 300 mil pesos. Un hombre decidió que esa cantidad justificaba asesinar a una mujer y a sus tres hijas pequeñas. ¿Cómo se llega a ese cálculo? ¿Qué tipo de lógica permite tomar una decisión así?

Una teoría que busca explicar la comisión de delitos es la llamada “elección racional”, según la cual las personas evalúan si la probabilidad de ser castigadas es menor que la de salirse con la suya. El presunto asesino guardaba un arma en la guantera de su auto. Esto ya era un delito. Pero probablemente calculó que difícilmente sería descubierto, detenido o sancionado. Esa misma lógica lo pudo llevar a creer que podía asesinar sin enfrentar consecuencias. Y esa lógica tiene una base real: la impunidad.

Más allá de la pobreza o la marginación, el detonante en este caso parece haber sido la certeza de que el Estado no actúa. La falta de castigo es un incentivo poderoso. La debilidad del Estado de Derecho se percibe con claridad en el país, en el estado de Sonora, y particularmente en comunidades como el poblado Miguel Alemán, zona conflictiva y marginada del municipio de Hermosillo.

Casos como este no son aislados. Durante el primer semestre de 2025 se han reportado otros igualmente trágicos: una niña de 8 años murió tras recibir un disparo en la cabeza el 12 de mayo, mientras asistía a una celebración por el Día de las Madres en San Nicolás, Nuevo León. Un bebé de tres meses falleció el 25 de febrero tras ser alcanzado por los disparos dirigidos a su madre en Huajuapan de León, Oaxaca. A esto se suman las muertes de menores víctimas de balas perdidas o del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Los números ayudan a dimensionar el problema: 332 menores fueron víctimas de homicidio doloso de enero a mayo de este año. Además, Causa en Común ha documentado al menos 128 casos de asesinatos de menores en su estudio “Atrocidades registradas en medios de comunicación”. Pero el horror se comprende realmente cuando se conocen los nombres, las historias, los rostros.

Las cifras son necesarias, pero claramente insuficientes. Más aún cuando existen dudas fundadas sobre si reflejan toda la magnitud del fenómeno. Por eso, no basta con reducir los números. Hay que reducir el horror.

En este caso, la Fiscalía de Sonora actuó con rapidez: presentó a un sospechoso y expuso un móvil. Tal vez fue eficacia; tal vez, urgencia por cerrar el capítulo. El tiempo y el proceso judicial lo dirán. Pero ¿qué pasa con los otros 331 casos? ¿Con los cientos de familias que aún esperan justicia?

Diseñar políticas efectivas implica reconocer los contextos, mirar de frente la realidad por dolorosa que sea, y aceptar las fallas institucionales. El debilitamiento del Estado de Derecho en México es una de las causas más graves -y menos reconocidas- de esta violencia. Si realmente se quiere atender a las causas, como dice el lema oficial, entonces es indispensable voltear a ver la impunidad y actuar con firmeza para revertirla.

Porque mientras la ley no alcance a todos por igual, mientras haya zonas donde no se ejerza autoridad, y mientras el crimen parezca más rentable que el trabajo honesto, habrá más Meredith, más Medilyn, más Karla.

Y entonces, ningún número servirá de consuelo.