Una nueva era de la justicia en México

El primero de septiembre, México ingresó a una nueva era en su historia judicial. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará funciones con ministros “elegidos” en un supuesto proceso de votación”popular” organizado por la autoridad electoral.

Las comillas en las palabras “elegidos” y “popular” son obligadas, pues ni hubo realmente una elección ni ésta fue popular. No sólo participó un número pequeño de personas, sino que muchos de quienes lo hicieron fueron inducidos a votar en cierto sentido.

Por ello, el resultado fue el contrario a lo que teóricamente debería ser el de una verdadera elección: prácticamente todos los miembros de la nueva SCJN son leales al régimen gobernante. No sólo eso: hemos visto a algunos de ellos decir abiertamente que son orgullosamente obradoristas.

Para la parte de la población que entiende de estos temas - y es más grande de lo que se piensa - la supuesta elección de jueces, ministros y magistrados a nivel federal carece de la debida legitimidad. No es casual tampoco que el imaginario popular le llame a la nueva SCJN, la Corte del Acordeón.

Todo esto lanza signos ominosos. Sobre todo si lo consideramos a la luz de varios cambios introducidos en la Ley, producto de la reforma judicial, que dificultan impedir cambios a la Constitución lesivos para personas en particular o para el interés general.

Pensemos, por ejemplo, en el decreto publicado por la Presidenta de la República en abril de este año, por el que se reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional que establece las normas para las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que pudieran llegar a la SCJN. En el decreto se estipula que “tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

Esto en palabras más llanas quiere decir que el gobierno se está blindando contra cualquier acción que límite su poder de cambiar la Constitución, no importa si con esto se viola el espíritu de la misma. Se trata de algo muy grave y que atenta contra el principio de la separación de poderes y, se podría decir, contra la justicia misma.

Con el nuevo ordenamiento en materia judicial y con una nueva SCJN totalmente plegada a la voluntad del Ejecutivo el país entra en una etapa de verdadero riesgo político.

La razón de esto es que el régimen estaría cerrando la posibilidad de que la sociedad, a través de sus órganos de gobierno que la representan, pueda disputar racionalmente una medida arbitraria del gobierno. Con ello, quizás más temprano que tarde, podría sobrevenir un gran descontento por parte de grandes franjas de la sociedad que lleven a una situación de ingobernabilidad.

Esto, a su vez, tendría consecuencias económicas, pues los inversionistas y las empresas requieren de un clima propicio para quedarse en el país.

Ojalá muchos nos equivoquemos y la nueva SCJN actúe, al final, en beneficio de la justicia en México. Desgraciadamente, no hay muchas razones para pensar que este será el caso.