Un 30 de agosto a la deriva
Desde el año 2011, el 30 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. La conmemoración internacional llegó como una forma de reconocimiento de que las desapariciones forzadas han lastimado profundamente a las sociedades en distintas latitudes. Desde la segunda mitad del Siglo 20, nuestro País ha sido, lastimosamente, protagonista del drama mundial de las desapariciones. Actualmente México recibirá ese día en medio de la zozobra, no sólo por la abrumadora cifra de más de 135 mil personas desaparecidas, sino también porque al día siguiente, el 31, dejará su encargo Teresa Reyes Sahagún, tercera persona que ha ocupado la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas en su breve historia. Reyes Sahagún dejará una CNB debilitada y a la deriva, sin una visión del rumbo que quiere tomar el Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones.
La situación de la CNB es una mala noticia por lo que implica en términos de debilitamiento de los mecanismos de garantía de derechos, en este caso el derecho a no ser víctimas de desaparición forzada y el derecho de las personas a ser buscadas; también es una mala noticia en términos del impacto emocional y desmovilizador para las víctimas. La CNB fue fruto de un largo y arduo proceso de organización y exigencia colectiva de las familias de personas desaparecidas, aun de aquellas con visiones diferentes respecto del diálogo con el Estado. La Comisión fue concebida como la institución responsable de atender, pero sobre todo de articular, la respuesta estatal frente a uno de los problemas más complejos y dolorosos de la historia reciente de México. Después de casi dos años de funciones de Reyes Sahagún, la fragmentación de esfuerzos y la descoordinación entre autoridades siguen siendo las notas imperantes en las tareas de búsqueda.
Que la todavía titular de la CNB dejara sus funciones en el contexto de un 30 de agosto pudiera haber sido interpretado como un sutil mensaje de renovación y voluntad de cambio; sin embargo, el proceso que se estableció para la designación omitió incorporar de manera más decidida un elemento que ha sido medular en la lucha del movimiento de víctimas en nuestro país: la participación sustantiva.
De acuerdo con las bases para la consulta pública en el proceso de designación, la participación de las familias y de personas expertas e interesadas en el tema se reduce a la posibilidad de presentar postulaciones y al envío de comentarios e información por escrito a través de un micrositio. De esta manera queda descartada la posibilidad de que las familias, con apoyo de la sociedad civil, puedan formar parte de un proceso activo de escrutinio público y abierto para asegurar que la evaluación y decisión final de los perfiles se sujete a principios de conocimiento técnico, conocimiento de contexto, experiencia profesional, probidad e integridad, e independencia, con el fin de que la nueva designación se oriente a la búsqueda de verdad y justicia, y no a la protección de un proyecto político.
Mientras el Estado mexicano persista en su postura de oídos sordos y en su omisión de generar una política pública clara, profunda y participativa frente a las desapariciones, que reconozca los distintos niveles de responsabilidad que han tenido las autoridades, pasadas y presentes, frente a la crisis de desapariciones, las únicas alternativas que parecerán viables y esperanzadoras para obtener verdad y justicia serán las que apuestan por medidas impuestas desde el exterior. Ese debería ser el último recurso, ya que nunca es el escenario ideal. Y aunque nos seguimos acercando a ese escenario, en el camino aún quedan unos pocos espacios para el diálogo. Tomar la oportunidad de esos espacios es responsabilidad principal del Estado mexicano, no de las víctimas.
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El autor es Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.