Retroceso social ante el autoritarismo, la violencia y la impunidad
Como corolario de las dos columnas anteriores es posible determinar que quien más sufre las consecuencias de la violencia, del autoritarismo gubernamental, de la impunidad y de la indolencia del empresariado en México, es, indudablemente la sociedad, porque se encuentra en una “guerra” que tiene tres frentes: por un lado están los narcos frente al Gobierno; el de los cárteles, unos contra otros; y finalmente el gobierno autoritario y los narcos, “todos a una”, contra la sociedad, con toda su secuela de homicidios y desapariciones en total impunidad; las extorsiones de los delincuentes y las extorsiones del fisco contra empresarios y causantes, la inseguridad y la desconfianza en las autoridades, la persistencia de la violencia ante la impresión de un gobierno que no encuentra o no quiere encontrar salidas a toda esta problemática.
El primer responsable en la búsqueda de soluciones a la inseguridad debe ser el Gobierno; por eso está ahí; por eso fue elegido. Si atendemos a la teoría del Contrato Social de Juan Jacobo Rosseau, los ciudadanos “convenian” con el Gobierno para que éste los defienda, que respete su libertad y sus organizaciones, para lo cual le otorga “amplias facultades”, tales como: ser el único que puede tener armas y un ejército; que emita leyes que organicen al propio Gobierno y a los ciudadanos; que cobre impuestos para que pueda cumplir con sus obligaciones, y todo esto dentro de la teoría del liberalismo; es decir, como se expone en la Encíclica Rerum Novarum, se crea el gobierno como una organización “casi perfecta” que posee todo lo necesario para cumplir sus obligaciones ante la sociedad, aunque se corre el riesgo de que el Gobierno utilice mal esas facultades y las use para controlar y sojuzgar a la misma sociedad.
En México, los ciudadanos no sólo le entregaron al Gobierno las facultades necesarias para un buen gobierno, sino que, a través de una elección, se le otorgaron “de facto” los elementos a través de los cuales se pudiera controlar al gobernante, como la división de poderes, el que se reconozcan los derechos humanos y el conjunto de leyes y organizaciones sociales que defienden a los ciudadanos y a la misma sociedad; tenemos pues, lo que sembramos, un régimen autoritario que compra ciudadanos electores con el reparto de recursos que cobra a la parte de la sociedad que trabaja y produce.
1. Tenemos pues una crisis de violencia que el Gobierno no puede o no quiere detener y terminar.
2. Una economía cada vez más débil, con inflación, sin suficientes empleos y con cierre de negocios, economía en la que se sufre de la extorsión de los delincuentes y del fisco.
3. Una educación deficiente, con dos generaciones atrasadas: la del Covid y ésta de la violencia, que no saben leer ni sumar y restar.
4. Con instituciones de salud pública rebasadas, sin medicinas suficientes, sin especialistas y sin clínicas y equipamiento.
5. Una constante emigración de mexicanos a Estados Unidos en donde sufren persecución, deportación y cárcel.
6. Un México en medio de crisis ambientales sin planes ni recursos para atenderlas.
7. Con deficientes servicios públicos para los que no se cuenta con recursos ni planeación que tienda a la modernidad y a la sistematización.
8. La constante militarización de las actividades públicas y cada vez más en las actividades privadas.
9. Enmarcado todo en la falta de confianza en el Gobierno en cuanto a sus verdaderas intenciones y prioridades.
Ante lo anterior:
1. Se tiene una sociedad inerme, sin liderazgos, sin organizaciones independientes y sin conciencia electoral.
2. Sin defensa frente al autoritarismo, la delincuencia y la ineficiencia del gobierno.
3. Sin defensa ante la desigualdad que produce una educación privada medianamente satisfactoria y una educación pública sin futuro.
4. El creciente problema de hogares sin papá, ya sea por asesinatos, desaparecidos, emigrados, presos o por simple abandono del hogar.
5. Una juventud desubicada sin buenos empleos y con retraso tecnológico.
6. Empresas sin productividad, sin competitividad, sin tecnología y sin buenos sueldos.
7. Una informalidad laboral y empresarial que no otorga derechos ni paga sueldos mínimos de supervivencia.
8. Ciudadanos que prefieren emigrar que caer en manos de los narcos o quedarse a percibir sueldos insuficientes para su familia.
Finalmente, la sociedad parece aceptar esto porque el Gobierno les reparte recursos públicos en detrimento de los servicios gubernamentales de seguridad, salud, educación, empleos y un mejor futuro.