Nuevas aproximaciones para un nuevo Poder Judicial
El 10 de abril de 2003 entró en vigor la Ley del Servicio Profesional de Carrera que tenía el objetivo de mejorar la asignación de plazas y el desempeño de las y los servidores públicos, así como generar los incentivos para desarrollar una carrera que los profesionalizara. A 22 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, podemos decir con fundamento que, desafortunadamente, el objetivo de la ley no se cumplió. Desde siempre hubo excepciones, plazas creadas con candidaturas decididas previamente, concursos cuestionables, etc. En el Poder Ejecutivo no se pudieron evitar las curvas de aprendizaje, la varianza en el talento de un sexenio a otro, ni pudo garantizarse siempre que los mejores perfiles ocuparan las mejores plazas.
En cambio, en sus casi 30 años desde la reforma que le dio autonomía, el Poder Judicial sí logró consolidar la carrera judicial como mecanismo de crecimiento profesional. Uno no tiene que buscar con mucho ahínco para encontrar miles de historias de personas que entraron a hacer servicio social y fueron subiendo por la escalera del mérito, ocupando uno a uno los escalones en la carrera judicial. En la mayoría de los casos, además, ese mérito no venía del privilegio del ingreso familiar inicial. Muchos de ellos se quedaron sin trabajo a raíz de la reforma al Poder Judicial. Desde mi perspectiva, esa es la pérdida más grande que se deriva de ella.
Se ha hablado poco de esas historias, del capital humano que se pierde y de la capacidad de una institución de configurar un servicio profesional de carrera en un país como México. Se habla poco de la incertidumbre laboral que genera, de cómo era su vida, su desempeño y su dedicación. En la discusión sobre la reforma al Poder Judicial no hablamos mucho de esto y tal vez debimos hacerlo, porque nuevos ángulos nos llevan a nuevas conversaciones.
Desde mi perspectiva, la baja afluencia en la votación del Poder Judicial no habla de rechazo a la reforma, como han dicho las oposiciones, sino de indiferencia. La mayoría de la gente no fue a votar, no porque esté en contra (aunque la hubo), sino porque creen que es irrelevante quién ocupe los tribunales. O no creen que los van a necesitar nunca o los han necesitado y no les han dado respuesta. La realidad es que, con todo y las fallas del Poder Judicial y las fallas ya muy señaladas de la reforma, todos necesitamos que esta nueva versión funcione lo mejor posible. Instituciones sólidas, transparentes y creíbles son útiles para el país en su conjunto y para las y los mexicanos en lo particular.
Para ello hay una oportunidad en términos narrativos, incluso una obligación. Los equilibrios de poder en el país han cambiado en los últimos años y los valores que rigen la política pública también. Hay cosas que son positivas en las nuevas narrativas, pero también hay un desdén por las instituciones democráticas que poco contribuyen al desarrollo económico del país.
Sí, las cifras de pobreza nos dan un panorama halagüeño, pero la inversión, una política de gasto transparente y eficiente, y el fortalecimiento de las capacidades del Estado siempre contribuyen a mejores escenarios económicos y de bienestar.
La nueva etapa que vive el Poder Judicial nos exige que, desde la vigilancia, lo fortalezcamos. Si es una institución de y para el pueblo, como dice el gobierno, tomémosle la palabra: la gente debe saberla suya, vigilarla y exigirle. Observar, entender y cuestionar trayectorias, argumentos y decisiones, ésa es la misión, no seguir en lo que se señaló y no sirvió para detener la reforma. Flaco favor le hacemos al Poder Judicial si en vez de hablar de sus decisiones, seguimos hablando de la posible cena de festejo en el Au Pied de Cochon o de la marca de los zapatos del ministro presidente. Acerquémonos no a señalar incongruencias, sino injusticias.
Un Poder Judicial que pueda otorgar certidumbre nos conviene a todos. Tenemos la oportunidad de acercarnos a él desde otro ángulo, de generar consciencia sobre su relevancia, sistematizar la vigilancia de sus decisiones y, en el mejor de los casos, de aprovechar la reforma para que el Poder Judicial mejore, incluso a pesar de la reforma. No es un reto fácil y los resultados no serán inmediatos, pero si nos concentramos en lo relevante, es un reto asequible.
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La autora es Jaina Pereyra (@jainapereyra), directora de Discurseros y experta en México, ¿cómo vamos?