Narcoguerra y los poderes legítimos
Más Ley contra los poderes de facto
A todo vapor, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan para establecer el paquete de leyes que responda a la magnitud de la crisis de la seguridad pública con origen en la acción criminal que recrudece ciertos modos de violencia en el contexto de la confrontación al interior del Cártel de Sinaloa, con énfasis el nuevo marco jurídico en delitos como prácticas de halconeo, utilización de ponchallantas y robo de vehículos. Esto significa que a la pincelada negra que el narcotráfico le imprime al territorio de los once ríos, los tres poderes hacen lo debido por aportar algo de luz en materia de legalidad para la construcción de paz.
Poco se sabe, y por lo tanto no muchos valoran, la otra mesa de trabajo en materia de seguridad pública en la que participan el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel, con el propósito de ajustar el sistema legal a la realidad que sacude a Sinaloa. Esto a la vez está ligado al Gabinete de Construcción de Paz en el cual toman decisiones el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva.
De ese cónclave entre poderes constitucionalmente erigidos derivan logros notables, nunca vistos en anteriores cismas del narco local. Inclusive, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para crear la Vicefiscalía de atención a delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, aprobada el 12 de junio, responde a la preocupación de ambos sectores amparados, en constante riesgo al realizar las coberturas de eventos de barbarie derivados del choque intracártel.
Esto viene a colación porque le toca turno a dos iniciativas que el jueves recibieron primera lectura para fortalecer el combate del robo de vehículos e ilícitos relacionados, frente a la incidencia inestimada e irrefrenable que reporta el robo de un promedio de 20 carros diarios desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló el conflicto entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y los de Ismael “El Mayo” Zambada, en razón de que los primeros se llevaron a la fuerza al padre de los segundos para entregarlo por medios extrajudiciales al Gobierno de Estados Unidos.
No obstante que el crimen organizado en lo que más punza es en la herida de la violencia contra familias que pierden a sus seres queridos por los homicidios que no distinguen entre inocentes y personas vinculadas al narco, y las desapariciones forzadas donde cada privación ilegal de la libertad avisa que nadie estamos a salvo, en lo que se refiere a delitos patrimoniales no son menores las afectaciones por el robo de automotores mediante el uso de armas de fuego que causa pérdidas a más de 5 mil 500 personas o familias, según se quiera ver, de acuerdo con datos de los casos denunciados y sin conocer la correspondiente cifra negra.
Y el Congreso va a atender tal incidencia con dos iniciativas de reformas del artículo 237 del Código Penal que iniciaron el proceso legislativo: una de éstas es de la Diputada María Teresa Guerra Ochoa y el Diputado Eligio López Portillo, con la finalidad de que sean perseguidos de oficio delitos como la alteración de la identidad de vehículos robados y la posesión o uso de éstos. Argumentan que el creciente índice de despojo de automóviles representa “una amenaza grave para la seguridad pública, la economía y el bienestar de la ciudadanía”.
La otra, impulsada por la diputada Arely Berenice Ruiz López atiende el mismo sentido sobre la persecución de los ilícitos relaciones al robo de vehículos, y en la exposición de motivos plantea que dichas conductas al margen de la Ley están fuera de los delitos perseguibles automáticamente, lo que ha generado una preocupante situación de impunidad. Se atiende la información de FGE respecto a la frecuencia con la cual los casos no son judicializados por la falta de querellas, lo cual hace posible que los delincuentes evadan la justicia.
Sin dejar de lado la percepción pública en el sentido de que a más leyes no necesariamente le corresponde el abatimiento de delitos, también importa hacer notar que el Congreso del Estado, en consenso entre bancadas que hacen treguas en lo político para velar por los intereses de los sinaloenses, no está de brazos cruzados ni cae en parálisis legislativa por la narcoguerra que dispersa crueldad y miedo en la intención de lograr la hemiplejia social generalizada.
Por ello es de justos reconocer que el Gobierno, legisladores y justicia han ido más allá de la acostumbrada posición de ver pasar desde el balcón a los muertos de la narcoguerra. Si los criticamos cuando nada hacen, ahora démosle ánimos para que hagan más con el aliciente del reconocimiento.
Da cierta paz de conciencia,
Ver que hacen causa común,
Y mientras azota la violencia,
Están junto a nosotros, aún.
Y sí. Regresó a Sinaloa Omar García Harfuch, el zar antinarco del Gobierno federal trayendo con él a los principales mandos de la seguridad pública nacional, y nos dejó mayor tropa para combatir al crimen organizado. Con mil 200 soldados y 400 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agregados los que ya estaban aquí, la apuesta sigue siendo “balazos, no más abrazos” contra la alta delincuencia y su guerra intestina. Y se fue creando la principal expectativa de cuándo regresará con el informe que diga que Sinaloa ya fue pacificado.