Más allá de los números: el Paquete Económico que México necesita
El Paquete Económico 2026 es más que una lista de números fríos en un documento oficial; es el espejo en el que México observa sus prioridades y sus contradicciones. Con un gasto propuesto de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, y un déficit que alcanzará el 4.1 por ciento del PIB, el país se enfrenta a un dilema: ¿cómo crecer de manera sostenida cuando se gasta más de lo que se ingresa y la deuda amenaza con convertirse en una losa para las generaciones futuras?
A primera vista, el optimismo abunda. El gobierno proyecta un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, pero la realidad es que esos números dependen de algo más que buenos deseos: dependen de la confianza. La confianza de quienes invierten, de quienes arriesgan su capital y su tiempo para generar empleo. Y la confianza, como sabemos, es frágil: se construye con seguridad, con certeza jurídica, con reglas claras que no cambien de un día para otro.
El problema es que mientras las cifras macroeconómicas se presentan con entusiasmo, los pilares más sensibles del desarrollo social muestran señales preocupantes. El presupuesto para Salud cae un 3.2 por ciento, cuando 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos. ¿Cómo explicar que se recorte el presupuesto en un país donde una enfermedad sigue siendo sinónimo de pobreza? En Educación el gasto sube un 6.4 por ciento, pero no alcanza para revertir los rezagos acumulados. Y lo más alarmante: la reducción del 17.5% por ciento en Seguridad Ciudadana, justo cuando la violencia ha alcanzado niveles que limitan la vida cotidiana y espantan la inversión.
¿De qué sirve hablar de crecimiento económico si los ciudadanos no se sienten seguros en sus calles, ni encuentran escuelas dignas ni hospitales con medicinas? El desarrollo no puede construirse sobre cimientos de cartón.
Otro punto que merece atención es la inversión pública. Se anuncia un aumento de 19.8 por ciento, equivalente a 1.25 billones de pesos. Suena bien, pero aún queda lejos de la meta del 5 por ciento del PIB que se requiere para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos va a PEMEX, concentrando recursos en un sector que ha mostrado más sombras que luces, y dejando de lado proyectos diversificados que podrían detonar innovación y desarrollo regional.
En paralelo, se anuncian incrementos en impuestos: el IEPS a bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y hasta videojuegos con contenido violento. Medidas que, más que corregir hábitos, parecen diseñadas para llenar huecos fiscales. También preocupa la eliminación de la deducibilidad de la cuota que los bancos pagan al IPAB, una señal que puede erosionar la confianza de inversionistas.
Y aunque el combate a factureras es un paso necesario, limitar los derechos de defensa de los contribuyentes es un riesgo para la certeza jurídica, un valor que debería ser intocable.
La Ley de Ingresos proyecta además un alza de 62.2 por ciento en impuestos de importación, lo que representa casi 100 mil millones de pesos adicionales. Pero aquí surge otra pregunta: ¿hasta qué punto estos aumentos fortalecen las finanzas públicas y en qué momento empiezan a frenar la competitividad, a encarecer los procesos productivos y a golpear a las MiPYMEs?
El espacio fiscal también se ve limitado por dos gigantes que crecen sin control: pensiones y servicio de la deuda. Solo en pensiones el gasto asciende a 2.3 billones de pesos, el 6 por ciento del PIB. Y el costo financiero de la deuda llega a 1.6 billones. Estos dos rubros, que juntos suman casi el 40 por ciento del gasto total, actúan como una camisa de fuerza que reduce la capacidad de maniobra del Estado.
Ante este panorama, en COPARMEX hemos sido claros: se requiere priorizar recursos para seguridad, salud y educación. No se trata de un capricho, sino de entender que son los cimientos de cualquier sociedad que aspire a crecer con justicia y estabilidad. La inversión en infraestructura es bienvenida, pero debe estar acompañada de apoyos reales a las MiPYMEs, que generan la mayor parte de los empleos y representan el motor silencioso de nuestra economía. Capacitación, tecnología, financiamiento y trámites ágiles son piezas claves para que estas empresas puedan ser más competitivas y sostener el crecimiento del país.
El Paquete Económico 2026 nos recuerda que la economía no es un juego de números, sino de decisiones. Decisiones que pueden construir confianza o sembrar incertidumbre; que pueden fortalecer los pilares sociales o debilitarlos; que pueden abrir la puerta a un futuro de crecimiento sostenido o condenarnos a caminar con la pesada carga de una deuda creciente.
Al final, la pregunta que debemos hacernos es sencilla y contundente: ¿queremos un México que solo sobreviva en el corto plazo, o un México que construya un futuro sostenible para sus ciudadanos? La respuesta no está en los discursos, sino en las prioridades que marque el presupuesto. Y esas prioridades deben quedar claras: seguridad, educación, salud y condiciones reales para invertir. Todo lo demás es espejismo.