¿Le conviene a México que Ovidio cuente lo que sabe?

La forma más sencilla de responder a la interrogante del título es sí, a México -entendido como la suma de sus ciudadanos- le conviene que Ovidio Guzmán y otros narcotraficantes le cuenten al Gobierno de los Estados Unidos todo lo que saben, porque es la forma más rápida de exhibir las redes políticas que protegen a las organizaciones criminales y también es la vía para debilitar a los cárteles de la droga.

A quienes no les conviene es a los cárteles, a los políticos que forman parte de las redes de protección y a los empresarios corruptos que se han beneficiado del dinero ilegal, porque precisamente se estaría exhibiendo lo que con tanto ahínco han buscado ocultar por años.

Es vergonzoso que estos procesos de reconstrucción de la verdad y de impartición de justicia se tengan que dar en los Estados Unidos. Por ejemplo, Ovidio estuvo más de ocho meses en poder de las autoridades mexicanas antes de su extradición, en los cuales nunca hicieron intento alguno para que él mismo proporcionara información sobre sus socios, sus enemigos o sobre los políticos que lo protegían. Idéntico patrón se repite con la plana mayor de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los cuales llevaban entre 12 y 13 años detenidos, sin que hubieran aportado información relevante.

Y dado que en México parece haber la consigna de que los narcotraficantes arrestados no hablen, como ciudadanos no podemos estar en contra de que se extradite a los grandes capos a los Estados Unidos, que estos sean sometidos a juicios públicos y que el Gobierno estadounidense llegue a acuerdos con ellos, porque esto nos ha permitido reconstruir las atrocidades de los principales grupos criminales, y destapar importantes casos de corrupción.

Resulta evidente la preocupación de Claudia Sheinbaum y su Gobierno por lo que pueda decir Ovidio. Primero, porque calificaron de incoherente el arreglo de Estados Unidos con dicho narco. Segundo, porque demandaron que el Gobierno norteamericano les comparta los términos del acuerdo. Y tercero, porque expresaron que de todo lo que diga Ovidio deberá aportar pruebas.

Al respecto existen muchas hipótesis sobre esta actitud de la Presidenta. Algunos creen que se debe a la posibilidad de que Ovidio señale a actores de alto nivel de Morena, como legisladores, gobernadores, miembros del Gabinete e incluso personas del círculo de Andrés Manuel López Obrador.

Y que al revelarse podría generar un efecto negativo en la imagen del Gobierno, de Morena y en general de la Cuarta Transformación. Sin embargo, considero que es una forma errónea de enfocarlo. Es decir, mientras no exista colusión de la Presidenta o de algún integrante del Gabinete de Seguridad, se pueden utilizar las revelaciones para limpiar la casa.

Sheinbaum tendrá la posibilidad de pasar a la historia como la Presidenta que antepuso los intereses de México, sobre los de su partido y movimiento, iniciando investigaciones y metiendo a prisión a todos los políticos sobre los que haya pruebas, sin importar el partido, incluso podrá extraditarlos a los Estados Unidos, como moneda de cambio para mejorar la relación bilateral.

El error que no puede cometer es tratar de encubrir o defender a las personas que sean acusadas por Ovidio Guzmán o por otros narcotraficantes en los próximos meses, porque ahí en lugar de capitalizar, se volverá su cómplice y dañará de forma perpetua su imagen y su legado.

Ya no puede proteger a figuras como Rubén Rocha Moya o Adán Augusto López, que tienen un halo de sospechas a su alrededor. Para que su lucha contra el crimen organizado sea creíble se debe desmarcar de quienes tienen acusaciones, y cuando haya indicios, propiciar investigaciones de fondo.

Al final el País lo que busca es la verdad, que se conozca quiénes han fallado a nuestra confianza y que se limpie la casa de políticos ligados al narco, porque sólo de esa manera México comenzará a vencer al crimen organizado y reducir significativamente la violencia.

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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.