La trampa en lo local
La vorágine de elecciones que se vivieron en México entre 2024 y 2025 dejaron un sinfín de datos e información que se perdieron con la coyuntura. Nos enfocamos en el escenario nacional; sin embargo, la realidad en cada una de las 32 entidades refleja y amplifica problemáticas que en lo nacional se minimizan, pero en realidad son la punta de lanza para el desastre.
Cuando se anunció la reforma constitucional que daba paso a la elección popular de jueces y juezas, quienes se llevaron el foco principal fueron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En menor medida hubo interés por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, las vacantes en la Sala Superior, y así sucesivamente. Esto dejó en evidente desventaja de cobertura y monitoreo a cargos judiciales locales, y aún más a cómo se desarrollaron sus procesos.
Es por lo anterior que en el Laboratorio Electoral nos dimos a la tarea de revisar lo que pasó en las elecciones judiciales locales que tuvieron lugar en 19 entidades, cuáles fueron algunos de los retos, obstáculos e irregularidades que se presentaron. A partir de ello evidenciamos algunos puntos que fueron nodales para explicar la trama de irregularidades de las elecciones locales.
1. La competencia para los cargos judiciales locales
A nivel federal apenas se alcanzaron un promedio de 2 candidaturas para cada cargo en disputa, aunque en algunos casos el número era menor. Esto mismo sucedió a nivel local, donde en muchos casos no solo hubo pocas candidaturas sino que se evidenció una sorprendente coordinación entre los Comités de Evaluación locales que lograron ponerse de acuerdo en exactamente las mismas candidaturas para los cargos disponibles, como en el caso de Durango.
Situaciones similares se presentaron en Coahuila y Nayarit, donde el nivel de competencia fue bajo y los nombres de varias candidaturas se repetían en las listas de los tres Comités locales. Por el contrario, en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, el nivel de competencia fue mucho más alto, con un promedio de 4,2 candidaturas por vacantes judicial.
2. Tiempos de implementación apresurados
Aunque la reforma constitucional a nivel federal fue publicada en septiembre de 2024, fue hasta noviembre que las primeras entidades publicaron su reforma constitucional local. Durango, Michoacán y Tamaulipas fueron los primeros estados en iniciar sus procesos electorales locales, pero el resto de las 16 entidades que tuvieron elecciones judiciales locales iniciaron sus procesos hasta diciembre, enero y marzo. El promedio para organizar las elecciones judiciales locales fue de 5 meses.
En este tiempo no solo tuvieron que completarse las etapas de integración de los Comités, evaluación de las candidaturas, armado de listas finales para las boletas que se imprimirían, campañas, capacitación de ciudadanía, pedagogía ciudadana, entre otros. Todo lo anterior sin las leyes y lineamientos que rigieran las actividades de preparación de la jornada.
3. La evidente alianza con partidos
Las principales consecuencias, como se evidencia en el documento completo que elaboramos, es que los tiempos de implementación y la falta de control a los trabajos de los Comités de Evaluación locales permitió no solo candidaturas únicas, sino candidaturas cercanas a los partidos en el gobierno, campañas coordinadas de votación con acordeones y materiales entregados incluso por funcionarios públicos, incidentes violentos el día de la jornada, entre otros. La incidencia de los gobiernos locales en las elecciones judiciales fue elevadísima.
4. La realidad que superó a las candidaturas
No solo estuvieron superados económica y estructuralmente los OPLE y el INE en muchos casos, sino las mismas candidaturas, que quedaron completamente desatendidas por las autoridades jurisdiccionales locales y que no tenían ante quién denunciar irregularidades, o al menos hacerlo antes de que el efecto de éstas fuera irreparable, como el diseño de las boletas. La realidad es que son, si las hay, pocas las candidaturas que lograron llegar a un cargo judicial sin tener algún tipo de acuerdo o comunicación con los partidos y gobiernos locales, lo que elimina el primer supuesto bajo el que se regía esta elección judicial: candidaturas independientes de partidos políticos y elegidas libremente por la ciudadanía.
Las elecciones judiciales locales presentaron más deficiencias en cuanto a su integridad que las federales, aunque parezca imposible. El escenario local obliga a ocuparnos de lo que ocurre en las entidades federativas, en donde el deterioro en la calidad de las elecciones es cada vez peor y el control de los gobiernos locales mayor. Para el Laboratorio Electoral, hablar de una reforma electoral necesariamente debe incluir las elecciones judiciales. No podemos olvidar que en 2027 nuevamente buena parte de las entidades federativas acudirá a las urnas, también para elegir cargos jurisdiccionales.