Jubilaciones y calidad educativa
Mucho se ha hablado recientemente de la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero poco de la posible crisis académica que generaría una estrategia que anteponga el factor económico a la calidad educativa.
En particular, en el debate público se menciona con frecuencia la carga financiera de las jubilaciones, aunque pocas veces se presentan datos concretos sobre estos pagos.
Para discutir con mayor precisión y proponer soluciones de corto y largo plazo, analizamos los salarios mensuales de trabajadores activos y jubilados, teniendo como objetivo central la calidad educativa antes que la reducción indiscriminada de gastos.
El análisis se basa en los salarios de los trabajadores activos publicados en el portal de transparencia de la UAS hasta el 2023 (http://transparencia.uasnet.mx/).
Encontramos que la nómina asciende a 270 millones de pesos mensuales para los 18,937 trabajadores activos registrados en el portal.
Asimismo, los datos muestran que los académicos tienen el ingreso promedio (mediana) más bajo con 7,188 pesos de las tres categorias. Los administrativos lo superan en 79 por ciento (12,841 pesos), mientras que el personal de confianza lo rebasa por más de dos veces y media (18,481 pesos).
La distribución de sueldos y trabajadores también es contrastante, los académicos suman 11,033 docentes, casi el triple de los de confianza (3,898), mientras que administrativos y de confianza son comparables en número. Sin embargo, los salarios acumulados son distintos: 138 millones de pesos para académicos, 49 millones para administrativos y 83 millones para confianza.
En el caso de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo Titular C, el máximo tabulador académico, solo poco más de la mitad pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): 300 de los 612 activos.
Esto refleja tanto la falta de apoyos para ingresar o permanecer en el SNII como la necesidad de criterios más estrictos para ascender en el tabulador.
En el marco de la reingeniería financiera debe discutirse a fondo por qué los salarios administrativos y de confianza superan a los académicos en una institución educativa. La diferencia entre académicos y de confianza es intolerable.
Una medida viable para mejorar la calidad académica y optimizar las finanzas sería paulatinamente convertir la mayoría de las plazas de asignatura (9,546 trabajadores) en tiempo completo y reducir el número y sueldos de los empleados de confianza. Esto fortalecería la vida académica y al mismo tiempo disminuiría el gasto en nómina.
Actualmente, el pago mensual de los trabajadores incluye 300 millones de pesos para trabajadores activos (suponiendo un aumento del 11 por ciento desde 2023) y 117 millones para jubilados (generación anterior), lo que representa un gasto anual cercano a 5 mil millones de pesos.
El pago a jubilados equivale a un 40 por ciento más que el destinado al personal de confianza activo (117 contra 83 millones), aunque el número de jubilados es un 53 por ciento mayor que el de confianza (6,021 jubilados contra 3,898 de confianza). Esto muestra que ambas cargas financieras son comparables, siendo esta última la que concentra los salarios más altos.
La crisis financiera actual no depende de los jubilados, como muestran las cifras expuestas, sino de una administración discrecional de plazas y salarios en el personal de confianza, así como de la deficiente gestión de los recursos internos y externos que recibe la institución.
Como demuestra el análisis de la nómina, es posible equilibrar los gastos antes de considerar una reducción en los ya bajos salarios de los trabajadores universitarios. Antes de implementar un descuento vía fideicomiso, debemos optimizar el uso de los recursos de la institución, de lo contrario, seguiremos arrastrando los mismos problemas.
Nuestra propuesta consta de dos etapas: primero, realizar un análisis profundo de todos los gastos aprobados, modificados, devengados y ejecutados en la institución, actuales y pasados; segundo, tras evaluar distintas estrategias de optimizacion de recursos en un periodo de dos o tres años, determinar la viabilidad de iniciar los pagos de un fideicomiso.
Finalmente, para implementar cualquier reestructuración financiera en la UAS debemos, primero, establecer un diálogo honesto entre trabajadores y administración, condición indispensable para fortalecer la institución y la calidad educativa de los estudiantes.
Asimismo, antes de plantear fideicomisos, es necesario revisar exhaustivamente los gastos actuales, corregir deficiencias y cumplir con las prestaciones pendientes (primas vacacionales, becas al desempeño, impuestos por aguinaldo, etc); solo entonces podremos ensayar mecanismos que aseguren el saneamiento y la estabilidad de las finanzas universitarias.