Gobernantes, narcotraficantes y listas negras
La existencia e incorporación de figuras públicas en “listas negras” de personas vinculadas con el narcotráfico es una variable que puede explicar los recientes actos de censura que están teniendo lugar a lo largo del País.
Desde hace poco más de un mes circula en algunos medios la nota de que Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, contaba con una lista de gobernantes, empresarios y artistas de México asociados con grupos de narcotraficantes mexicanos, que los pone en la mira de la justicia estadounidense.
Recordemos que una de las primeras acciones del gobierno de Trump fue catalogar a los cárteles de la droga como grupos terroristas extranjeros.
La existencia de la “lista negra” fue desmentida por la Embajada de los Estados Unidos en México y la misma oficina del Secretario de Estado. Sin embargo, su elaboración no es algo extraordinario. No debería sorprendernos que, además de la clasificación y listado de los cárteles de la droga como grupos terroristas, existan otras listas de carácter reservado, destinadas exclusivamente al uso interno de las agencias de seguridad del país vecino. Desde el análisis de inteligencia incluso resultaría ingenuo -por no decir ridículo- suponer que no cuentan con una identificación detallada de figuras de la vida pública mexicana sospechosas de mantener vínculos con grupos delictivos, a quienes muy probablemente les hacen un seguimiento puntual de sus actividades.
Los rumores al respecto cobraron fuerza tras la cancelación de la visa de distintas personas. Entre ellos están la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, el empresario Carlos Torres Torres; el Alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, así como de varios músicos del género regional mexicano.
Que no existan carpetas de investigación sobre estos personajes no significa que la Fiscalía u otra instancia mexicana no sigan sus actividades, ya sea para que las autoridades se adelanten a eventos que requieran la intervención de la justicia o para contar con munición política para ejercer presión cuando lo consideren necesario.
No importa si la propagación de los rumores de las listas es una estrategia del Gobierno estadounidense con fines intervencionistas o de la derecha mexicana para desestabilizar el Gobierno, en el fondo del problema permanece un hecho innegable: la existencia de relaciones entre el poder político y grupos de la delincuencia organizada. Hay distintos casos en los últimos 15 años que pueden ejemplificarlo.
El caso más relevante en el ámbito municipal es el de José Luis Abarca. Aunque recientemente fue absuelto de su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aún enfrenta cargos por delincuencia organizada. En el orden estatal, los ex gobernadores Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Javier Duarte (Veracruz) actualmente purgan condenas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el orden federal destaca el caso de Genaro García Luna, declarado culpable de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Como expuse en otro texto, los grupos traficantes de drogas en México nacieron supeditados al poder político. El negocio de las drogas floreció gracias al apoyo y la protección de las autoridades, tanto de gobernantes como de policías y militares. Los productores y los servidores públicos establecieron una relación casi de mutualismo en el mercado de drogas ya que las autoridades ven la oportunidad de generar esquemas de extorsión a productores de drogas con el fin de obtener ganancias económicas. Por su parte, los productores (que también serán caracterizados como traficantes) ven la oportunidad de contar con la protección de autoridades para continuar con el negocio lucrativo.
El final de la hegemonía priista y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad modificaron la relación de poder entre el Gobierno y el narcotráfico a finales del Siglo 20. Estas transformaciones propiciaron mayor autonomía de los grupos criminales, pero no erradicaron los vínculos entre las autoridades y los grupos de la delincuencia organizada. En muchos casos, son los traficantes quienes ahora ejercen presión y extorsionan a las autoridades para obtener protección y operar con libertad. Estos nexos criminales deben ser objeto de un seguimiento puntual por parte de las unidades de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras y deben existir varias listas que las documenten.
Durante el sexenio pasado no se presentaron acusaciones de alto perfil contra políticos por delitos relacionados con delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita. Esto es relevante en el contexto mexicano actual pues no faltaron rumores o señalamientos. Incluso circularon imágenes comprometedoras, como la de la entonces Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con presuntos líderes del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”; o la del ex Gobernador de Morelos y actual Diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, en la que aparece junto a supuestos integrantes de células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos.
Igualmente resulta relevante que en México experimentemos prácticas crecientes de censura en distintas regiones del País. En este contexto, es probable que nuevas acusaciones o señalamientos sobre la posible complicidad de autoridades con grupos delictivos sean sofocadas con mano dura, posiblemente con el objetivo de evitar que recaiga sobre nuestros gobernantes cualquier tipo de sospecha, fundada o no, que pudiera llevarles a ser incluidos en alguna lista negra.
En este contexto, la censura se convierte en una herramienta útil para evitar que medios, periodistas o personas de a pie pongan reflectores sobre los temas que incomoden a aquellas personas en el poder y los vuelvan personas de interés en distintas investigaciones nacionales e internacionales, de ahí que se fortalezcan los medios para ejercerla (junto al espionaje).
Frente a las nuevas presiones ejercidas desde Washington que permiten vislumbrar el inicio de una nueva etapa en la fallida “guerra contra las drogas”, no sería raro que servidores públicos de alto nivel sean el blanco de un nuevo embate por parte de las agencias de seguridad estadounidenses y que, en efecto, existan las listas negras.
Aún estamos a la expectativa de las acciones que los estadounidenses emprenderán derivado de la información que obtengan de los narcotraficantes mexicanos y que ahora están en calidad de testigos protegidos, sobre cómo podrían impactar al sistema político mexicano, tal como en estos momentos está sucediendo con las acciones del FinCEN y el sistema financiero.
Por lo pronto, gobernantes y ex gobernantes deben ser los primeros interesados en saber cómo se desarrolla la situación.
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El autor es Licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (Inegi, FGR y SSC-CDMX).