En defensa de la democracia

En el proceso de democratización que vivió México desde finales de los 90, se impulsó la creación de instituciones que permitieran la construcción y mantenimiento de una serie de contrapesos indispensables para evitar el autoritarismo y los abusos de poder que marcaron al régimen de partido único. El primer compromiso era buscar la apertura, la pluralidad y la alternancia.

Lo anterior, a pesar de los avances, no se alcanzó en su totalidad. Muchas decisiones seguían frenando hasta cierto punto la pluralidad, el poder se mantenía en una élite política y quienes alcanzaban cargos de elección popular buscaban mantener el status quo.

Mientras tanto, desde otros sectores se le exigió a México fortalecer instituciones autónomas que fueran contrapesos contra las élites políticas y vigilaran las decisiones de los gobiernos. Además de que se buscó siempre que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estuvieran separados y tuvieran equilibrios.

Aunque los avances fueron paulatinos, se lograron muchas victorias ciudadanas a partir de este diseño democrático. Hoy no podemos decir que las decisiones que se toman atiendan esas exigencias y estándares de vigilancia, contrapeso y pluralidad, por el contrario, el camino que se ha tomado es el de la concentración del poder en el Ejecutivo.

Las elecciones de 2024 dieron pie a un nuevo estándar de intervención gubernamental en los procesos electorales. Irregularidades como la intervención presidencial, campañas anticipadas, uso de recursos públicos e innumerables violaciones a la legalidad electoral, fueron el caldo de cultivo para las elecciones de mala calidad.

Las elecciones judiciales fueron el segundo capítulo de la reimplantación de un modelo de gobierno de partido único, sin vigilancia, sin contrapesos, omiso del respeto a la Constitución y las leyes, dispuesto a la intervención gubernamental y mal uso de recursos públicos. En ejercicios comiciales previos la validez de estas las elecciones judiciales ni siquiera hubiera estado en discusión, las irregularidades, arbitrariedades e infracciones fueron tan evidentes y contrarias a los derechos político-electorales que habría sido anulada en su totalidad sin atisbo de duda.

Y no estamos hablando solamente de las flagrantes irregularidades observadas en las elecciones a nivel nacional. También señalamos a las elecciones judiciales que se realizaron en las 19 entidades federativas del país, tanto en estados gobernados por el partido de gobierno y aliados, como por los partidos de oposición. Todos a lo largo y ancho del país replicaron exactamente las mismas malas prácticas: ilegales y abusivas, a espaldas de la ciudadanía, con recursos públicos, con ilegal movilización partidista y buscando eliminar cualquier contrapeso que pudiera existir para hacerse con el control del Poder Judicial.

En estados como Aguascalientes y Coahuila ganaron prácticamente todas las candidaturas postuladas por el Ejecutivo local. Personas afines al gobierno en turno fueron en su mayoría las que ganaron. En San Luis Potosí hubo un intento de toma de casillas en un municipio ante el no pago del voto de la ciudadanía a favor de determinadas candidaturas. En Durango las listas de candidaturas de los tres poderes locales para absolutamente todos los cargos judiciales locales eran iguales por lo que no ni siquiera fue necesaria la elección para saber quién iba a ganar.

Las elecciones de 2018 y 2024 tuvieron resultados aplastantes bajo la promesa de cambio, la eliminación de prácticas políticas abusivas y el abandono de la vieja clase política. Nada de esto se observó en las elecciones judiciales. Como en antaño, se confeccionó una elección para beneficiar a las élites partidistas, se cambiaron las reglas del juego durante el proceso, hubo incertidumbre e inequidad entre las candidaturas.

Por eso desde el Laboratorio Electoral y junto a otras organizaciones de la sociedad civil impugnamos la elección judicial, porque más allá de mantener la esperanza de que las autoridades estén a la altura de las circunstancias y de sus propios precedentes, somos conscientes de que es necesario dejar constancia de estas irregularidades, elecciones como las vividas no pueden ser la normalidad y mucho menos motivo de celebración.