El punto de partida para la nueva justicia federal

El 1 de septiembre inició una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación, con la toma de protesta de 386 juezas y jueces de Distrito, 464 magistraturas de Circuito, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y nueve ministras y ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se rindió protesta a las cinco personas integrantes del Órgano de Administración Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal. En total, 886 cargos que fueron elegidos por un exiguo voto popular en la jornada electoral extraordinaria del pasado 2 de junio.

Con esa toma de protesta comienza la puesta en práctica de un nuevo diseño institucional que, dicho por sus promotores, busca democratizar y acercar la justicia a las personas.

Un diseño que, desde que se planteó la reforma judicial, fue ampliamente cuestionado por distintos sectores a través de manifestaciones, posicionamientos, propuestas y recursos jurídicos ante instancias nacionales e internacionales.

Más allá de las expectativas y las creencias sobre este modelo, debemos saber de dónde partimos para dar seguimiento y hacer un balance sobre sus resultados. Dado que la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial tendrán más atención mediática, vale la pena examinar el caso de los órganos jurisdiccionales. Éstas son las instancias del Poder Judicial de la Federación facultadas para resolver sobre la protección de derechos y las controversias sobre asuntos de competencia federal.

En 2024 el Poder Judicial de la Federación contaba con 785 magistradas y magistrados, y 758 juezas y jueces adscritos a los 909 órganos jurisdiccionales ordinarios, distribuidos en 32 circuitos judiciales que abarcan a todos los estados del país. Esto, de acuerdo con los informes estadísticos elaborados por el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe recordar que, previo a la reforma, prácticamente todas las personas juzgadoras integraban la carrera judicial federal. De ahí que quienes ocuparon esos cargos tuvieran, en promedio, 16 años en los cargos de oficial judicial, actuario o secretario, antes de su nombramiento, mientras que las y los magistrados, 19 años y 8 meses. En 2024, se contabilizó un total de 32,144 personas que integraban la carrera judicial federal. En su mayoría era personal de apoyo técnico jurídico a los jueces y magistrados: 60 % eran oficiales judiciales, 13 % secretarios de tribunal, 12 % secretarios de juzgados, 8 % actuarios. Sólo un 2 % ocuparon magistraturas de circuito y 2 % jueces de distrito.

En el caso de las personas juzgadoras, es decir, magistradas y juezas, la mayoría contaba con maestría (47 % y 54 %, respectivamente) y varias de ellas contaban con doctorado (27 % y 16 %, respectivamente).

De estos datos se desprende que prácticamente todo el personal del Poder Judicial Federal contaba con experiencia laboral acumulada, y que en el caso de cargos jurisdiccionales además era importante acreditar especialización y profesionalización continua. En ese sentido, será importante que —a la llegada de las personas que fueron electas como jueces y magistrados, así como del personal de apoyo técnico que se renueve— el Órgano de Administración Judicial siga midiendo y publicando los datos de experiencia laboral y académica. Esto nos permitirá comparar el impacto del nuevo perfilamiento de jueces y organización de los juzgados. Tampoco perdamos de vista que el Órgano de Administración Judicial será clave para definir los recursos materiales y humanos con los que contarán las y los nuevos jueces federales.

Recordemos que la carrera judicial sigue siendo constitucional (salvo para los cargos jurisdiccionales) y es un elemento imprescindible en la ejecución de las funciones de todo el Poder Judicial. Es realmente un mecanismo que contribuye a garantizar el cumplimiento de principios fundamentales como la independencia y la eficiencia. Tal como descubrimos en nuestro estudio “Radar Judicial”, en algunas entidades federativas se estableció la preferencia de personas candidatas que provengan de la carrera judicial, además de la exigencia de una certificación. Un ejemplo de ello es Coahuila en su Constitución local.

Estas medidas podrían tener implicaciones directas sobre la función jurisdiccional, ya que a través de los años de experiencia y conocimiento acumulados durante la carrera judicial, las personas juzgadoras desarrollan y perfeccionan los criterios para fundar y motivar sus resoluciones.

En 2024, a través de los órganos jurisdiccionales federales, se ingresaron 1 millón 980 mil 663 asuntos. Cada órgano jurisdiccional conoció en 2024 un promedio de 2,201 asuntos que debió estudiar y resolver. Esto representó una disminución de 4% respecto al año anterior. Considerando el ingreso de los casos, más los inicialmente existentes —que fueron 437 mil 536 asuntos—, se obtuvo una tasa de resolución de 78%, mientras que en 2023 alcanzó 82%.

Es decir, en 2024 disminuyó la capacidad de resolución del Poder Judicial Federal, lo que podría representar un desempeño más deficiente. Será de suma relevancia dar seguimiento a estos datos en 2025. No olvidemos que durante este año, debido a la reforma judicial, el Poder Judicial Federal enfrentó una gran renuncia de personal que vio truncada su carrera. Sumemos a ello la distracción que representaron las campañas electorales de quienes eran jueces y magistrados y optaron por continuar en sus cargos en esta nueva era, y que durante el proceso electoral dejaron de lado sus funciones para hacer campañas.

En las últimas décadas, el Poder Judicial de la Federación ha estado inmerso en un proceso constante de fortalecimiento institucional que aún se ve reflejado en una amplia capacidad instalada, un personal jurisdiccional profesionalizado y un alto desempeño en cuanto a la atención de asuntos de su competencia.

Sin duda persisten retos en términos de independencia, accesibilidad, transparencia, protección de derechos, integridad y aprovechamiento de tecnologías, por mencionar algunos. Por ello, es importante que las nuevas autoridades realicen un diagnóstico amplio y preciso con base en evidencia sobre las necesidades de fortalecimiento de la institución, que les permita reconocer y mantener los avances logrados en la justicia federal y atender aquellas áreas susceptibles de mejora. Una de ellas definitivamente será la falta de experiencia de personas juzgadoras electas que no se han desempeñado en el ámbito jurisdiccional.

Otra será mantener e incrementar la transparencia judicial para que cualquier actor social interesado en dar seguimiento al Poder Judicial Federal acceda a información pública específica sobre el perfil de las personas juzgadoras, su experiencia, profesionalización y desempeño. El tiempo apremia, la demanda de justicia es alta, llegó el momento de pasar del discurso a la acción.

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Susana Camacho es la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en dicho Programa.